El pasado viernes, día 3 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó indemnizar con 1.350 millones de euros al propietario del Proyecto Castor, Escal UGS (controlada por ACS, la constructora de Florentino Pérez). Recordemos que Castor es el nombre recibido por el almacén de gas submarino situado frente a las costas de Vinaròs, en Castellón, y cuya puesta en marcha se relacionó con, al menos, 500 terremotos ocurridos durante septiembre de 2013. Algunos de los seísmos registrados fueron de magnitudes superiores a 4 en la escala de Richter. Aunque la magnitud 4 se define como ligera, con "movimiento de objetos en las habitaciones que genera ruido. Sismo significativo pero con daño poco probable", es lo suficientemente peligrosa como para parar todo el proyecto. Ni que decir tiene que ese dinero va a salir del dinero de los consumidores: se repercutirán en el recibo del gas durante los próximos 30 años, según la Vicepresidenta "3Ss": Soraya Sáenz de Santamaría.
Quiero destacar que la relación entre la inyección de gas en el depósito submarino y los terremotos registrados fue una conclusión a la que llegaron, en septiembre de 2013, tanto el Instituto Geográfico Nacional, IGN, como el Instituto Geológico y Minero de España, IGME (*). Lo grotesco es que el mismo IGME validó seis años antes, en 2007, los estudios técnicos que presentó la concesionaria de Castor al Ministerio de Industria. Según los técnicos, la "estructura es de calidad suficiente para los objetivos de almacenamiento que se persiguen", la "capacidad de confinamiento" queda demostrada y las condiciones de operación tienen "márgenes de seguridad suficiente". Nada menciona sobre las campañas de "sísmica 3D" de alta resolución "usando la tecnología más avanzada existente" que le presentó la propia empresa adjudicataria.
Unos estudios técnicos que obviaban las alertas lanzadas por el Observatorio del Ebro, un instituto de investigación en el que participan el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Ramón Llull, entre otras instituciones: "la actividad contempla que el proyecto se considera a nivel mundial como potencialmente inductora de terremotos". El texto, de octubre de 2005, firmado por la responsable de la sección de sismología del organismo, añade: "la opción es atractiva. Sin embargo, la aplicación de esta tecnología en zonas pobladas es susceptible de modificar la peligrosidad y el riesgo sísmico de una región determinada". También se mencionan posibles escenarios futuros: "Conceptualmente, la inyección en pozos profundos puede causar una modificación en el estado de esfuerzos de las fallas resultando en el desencadenamiento de eventos sísmicos". La compañía Shell, que explotó el yacimiento petrolífero sobre el que se asentó el almacén Castor, ya había avisado, cuando cesó su actividad en 1998, sobre "la peligrosidad sísmica en el aprovechamiento futuro de la cavidad submarina".
Oscuros intereses parecen moverse detrás de estos cambios de postura, la de los técnicos, que, a pesar de tener informes desfavorables, cambian los dictámenes para dar vía libre a determinados proyectos. No deja de ser otra evidente forma de corrupción: defender los intereses de empresas privadas en detrimento de los intereses generales de la ciudadanía. La responsabilidad no es de nadie pero, como siempre, acabamos pagando esos errores los ciudadanos sin posibilidad de protesta.
Veo mucho paralelismo entre el caso que he descrito y el proyecto de reapertura de la mina de uranio de Villavieja de Yeltes y Retortillo, aquí, en la zona sur de la provincia de Salamanca: el pasado día 30 de septiembre, la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Junta de Castilla y León no tuvo en cuenta unos informes negativos sobre dicha explotación minera. En dichos informes, se proponía no autorizar la extracción minera, advirtiendo del patente peligro radiactivo existente. La Junta, de mano de sus consejeros, y parece que para servir mejor los intereses de la empresa Berkeley, dejo aparcado el asunto para pedir otros informes. No parece descabellado pensar que estén buscando algún otro informe que sea favorable a la reapertura.
Aunque la empresa sigue sin conseguir la autorización de dicha Comisión, lo que me parece una excelente noticia, no hay que descuidarse pues es sabido que no ha gustado en la propia Junta ni, evidentemente, a la empresa adjudicataria. Los técnicos recogen "responsablemente el riesgo tecnológico nuclear, inherente a una instalación radiactiva de primera categoría de ciclo de combustible nuclear". También avalan los argumentos esgrimidos por eQuo, Ecologistas en Acción y la Plataforma Stop Uranio, en los que se expone que "si se desea seguir el procedimiento, debe iniciarse con una información pública completa que permita a todos los ciudadanos conocer realmente lo que se pretende realizar".
(*) Primera investigación científica internacional sobre los terremotos relacionados con la inyección de gas del Proyecto Castor [http://bit.ly/1s1ZWxs]