Esta semana se han celebrado numerosos actos para conmemorar el día internacional de las personas mayores, que fue el pasado miércoles primero de octubre. Estas conmemoraciones quieren recordar a la sociedad que no sólo se ha incrementado el número de personas mayores y se ha prolongado la edad media de vida, sino que la sociedad europea tiene un grave problema demográfico. Un problema que se ha transformado en problema socio-sanitario porque la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia, aprobada casi por unanimidad, no se está aplicando como es debido. Ciertamente hay un problema de diseño en esta publicitada ley porque pone el listón de la atención muy alto; con la llegada de la crisis apenas si hay recursos para tramitar los expedientes más urgentes.
Como era previsible, al no contar con financiación estable y sostenible, la ley ha generado expectativas que no se están cumpliendo. Una frustración que se interpreta como un recorte en los derechos sociales de todas las personas dependientes, especialmente de los mayores enfermos. De esta forma, la atención a la dependencia y la reordenación de los servicios sociales se ha convertido en un arma ideológica de primera magnitud. Quienes escuchamos el pasado jueves la intervención de D. Ángel Luna, adjunto 1º al Sindic de Greugues de la Comunidad Valenciana pudimos conocer de primera mano cómo se han incrementado las quejas de los ciudadanos en servicios sociales y mayores. Nos recordó que su institución estaba para atender casos puntuales y que ahora era tan grande el número de quejas, que la desatención parece estructural.
Esta intervención se produjo en el contexto de la II Jornada de rehabilitación psicosocial, que organizó la Comisión de salud mental y discapacidad de AERTE (Asociación empresarial de residencias y servicios a personas dependientes de la Comunidad Valenciana). Una intervención acogida por un auditorio que llenó la sala Joaquín Rodrigo del Palau y tuvo la ocasión de conocer con detalle respuestas de juristas, psicólogos, educadores y expertos en problemas psicosociales de la dependencia.
El interés de las intervenciones y el elevado número de asistentes indica que este sector de mayores con enfermedad mental merece mayor atención económica, financiera y política. Los recortes y la falta de rumbo en estos años de crisis están generando cronicidad en patologías mentales, desatención de la dimensión social frente a la farmacológica y, sobre todo, cortoplacismo administrativo en política social. Se ha demostrado que este cortoplacismo está contraindicado para incrementar la cohesión social y activar el conjunto de la economía, es el verdadero cáncer de una política social gestionada por expertos de Excel emmoquetado, convencidos de que aún están sanos y no envejecerán nunca.