OPINIóN
Actualizado 29/09/2014
Javier González Alonso

Ex ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, hasta el pasado 28 de abril, cuando cesó en el cargo, Miguel Ángel Arias Cañete ha sido propuesto por el Partido Popular como responsable de Energía y Cambio Climático, el cargo que debe luchar contra el cambio climático, gestionar el mercado de emisiones de carbono, que lleva funcionando en Europa desde el año 2005, y tratar la dependencia energética de muchos de los países que integramos la Unión Europea, incluido nuestro propio país, rico en energías renovables, el "país del sol" nos llaman, y que han sido prácticamente desechadas por el gobierno actual.

Quien aspira a dicho cargo, además de ser un famoso comedor de yogures caducados y hacer gala de ducharse con agua fría, para ahorrar, no parece ser el candidato adecuado, toda vez que ha tenido, hasta hace una semana escasa, el 2,5% de participaciones en las empresas petroleras Petrolífera Ducar y Petrologis Canarias. Ambas empresas fueron creadas por la familia de su mujer, dedicándose a almacenar combustible de otras compañías en los puertos de Ceuta y Las Palmas, manteniendo el control, directa o indirectamente, del 70% de dichas participaciones. Igualmente, y siempre presuntamente, otra empresa de la familia del europarlamentario controla un tercio de Cepsa en Panamá, concretamente la holandesa Havorad, que participa mediante la Pacific Petroleum Services. Esta empresa, además, está acusada por la justicia de estar vinculada a paraísos fiscales [http://bit.ly/1qAUhdq]. De momento, el nombramiento europeo ha sido aplazado hasta que tenga lugar la audiencia del próximo 1 de octubre.

Un ilustre hombre que se ha visto varias veces salpicado por sus peculiares actitudes, y no sólo por sus machistas comentarios, y siempre por temas relacionados con su labor como legislador. En un primer ejemplo, por exponerlos de alguna manera, el ministerio que dirigía elaboró el anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental, incluido el fracking, dándose luz verde, por primera vez, a la regulación de esta práctica "siempre y cuando cumpla la ley". El segundo de ellos, no en importancia sino porque es el que me viene a la memoria, consistió en que se permitiera la caza del lobo al sur del río Duero, como comenté la semana pasada, pero la Comisión Europea lo rechazó al no considerar al lobo como especie cinegética. El tercer ejemplo, fue la reducción de la superficie de litoral protegido, pasándose de 100 a 20 metros de la línea de costa, y la concesión de permanencia a los dueños de las casas construidas ilegalmente durante 75 años. El argumento dado era la preservación de la Marca España, sea lo que sea eso, ya que "las demoliciones masivas de viviendas" darían mala imagen en el extranjero.

Ocupando 15.000 hectáreas, la mayor parte dentro del Parque Natural de los Alcornocales, en Cádiz, la Finca de La Almoraima es, sin duda alguna, una de las joyas de la Dirección General de Patrimonio del Estado. Cañete la sacó a la venta por 300 millones de euros, sin que nadie la haya adquirido hasta el momento, si bien la Junta de Andalucía ha insistido en que le sea cedida para su gestión. Me resulta difícil pensar que los bienes comunes, de todos, sean enajenados teniendo en cuenta exclusivamente su valor económico sin otorgarle otros valores, como los tiene la mencionada finca. Claro que, con la lógica de cierta gente, todos ellos defensores de lo suyo propio, el día menos pensado vemos que sale a la venta la Alhambra, El Escorial o el Palacio Real? tiempo al tiempo.

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