OPINIóN
Actualizado 25/09/2014
Enrique de Santiago

El respeto a la vida humana debería de ser signo diferencial de toda democracia frente a los sistemas dictatoriales, y seña de identidad del progreso humano, pues sin la vida no existe Derecho alguno y, sin ella, no cabe hablar del resto de Derechos, por lo que, cualquier legislación, debe de tener en cuenta el más alto grado de protección de ese Derecho Fundamental.  Dicho lo cual, comprendo que existen situaciones de embarazo que, por su peculiaridad, el sufrimiento que ello puede infligir y la situación cruel en la que se pueden encontrar la madre y/o el bebé, debemos de adoptar medidas extraordinarias que permitan superar dichas dificultades y enfrentar esas situaciones. Pero, ¿por qué en lugar de articular medios, medidas, financiación y actuaciones políticas que defiendan la vida se opta por la regulación permisiva del aborto?.            

La clave no está en regular de una u otra forma lo que de manera eufemística han dado en llamar IVE, sino en buscar legislaciones que resuelvan las situaciones indeseables para la mujer, y/o el futuro bebé, y, solo en el hipotético supuesto de no encontrar vías alternativas, optar por la defensa extrema de la vida e impedir el aborto, siempre sobre la base de no utilizar el sistema punitivo contra la mujer, sino contra aquellos que pretendan obtener lucro con el sufrimiento y dolor de esta.

El aborto no debe de abordarse de forma simplista como penalización o no del mismo, sino desde una legislación integral en favor de la mujer, de la familia, del bebé, etc. en la que se afronten cuestiones sociales, económicas, civiles, administrativas y, como siempre en Derecho y, en último extremo, el aspecto penal.

Sorprende que una sociedad que defiende a los animales ante el maltrato, no lo haga con el no nacido, y que esa sociedad considere la singularidad de una región concreta, sin considerar la singularidad de un ser que se encuentra en el seno materno.

Que Gallardón dimita o no, no le hace ni más digno, ni más defensor de postulados éticos, sino igualmente incapaz, altanero y fulero pues no ha intentado la aplicación de esa política a favor de la vida que prometió el PP, sino imponer un criterio personal y jugar un pulso político con valores que no deben de ser discutibles, al menos, en el seno de quienes se manifiestan dentro de un determinado espectro político. Cuestión distinta y diferente es que Rajoy, con esta decisión, confirme su falta de talla ética, política e intelectual, pues no cumplir un compromiso electoral por imposibilidad, resulta comprensible, pero no hacerlo por evitar división es tanto como llamar rastreros, ultras e intransigentes a quienes le votaron y llevaron al lugar que ocupa y que, ahora, parece que le den asco. Tomen nota señores.

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