Debemos recordar que las reformas en Justicia no son las reformas de Gallardón, sino que son las reformas de su clase y si no las aplica él lo hará otra persona.
Mucho se ha hablado en los últimos días sobre la posible retirada de la reforma del aborto y la posible dimisión de Gallardón. Son muchas las personas que se han aventurado a celebrar tal noticia, como si con ella se solucionaran todos los problemas que sufre la Justicia española. Es cierto que su dimisión es un paso adelante, pero debemos recordar que las reformas en Justicia no son las reformas de Gallardón, sino que son las reformas de su clase y si no las aplica él lo hará otra persona.
Una de las primeras cosas que he aprendido en la carrera es que el Derecho son aquellas normas jurídicas de las cuales se dota la ciudadanía para asegurar una convivencia pacífica. Y en cierto modo no es una afirmación falsa, pues tal convivencia se consigue, ¿pero a qué precio? La sociedad está formada por grupos sociales con intereses antagónicos y las leyes nunca pueden favorecer a ambos, pues siempre implican que una de ellas tiene que renunciar a sus privilegios. Lo demuestran las leyes de discriminación positiva, en las que se fomenta, por ejemplo, el empleo femenino. En nuestro país los hombres cobran un 22% más que las mujeres ocupando el mismo puesto de trabajo, por lo tanto las leyes que buscan regular los salarios suponen la supresión de tal privilegio. O las leyes que determinan los impuestos, cuando se obliga a las clases pudientes a pagar más se les obligan también a renunciar al privilegio que supone tener más riqueza. Por lo tanto las leyes y el estado son, en palabras de Lenin, "la organización de la clase dominante, y si esta ejerce diversas funciones de interés general en beneficio del desarrollo social es únicamente en la medida en que dicho desarrollo coincide en general con los intereses de la clase dominante."
Por tanto, está bien que celebremos la dimisión de Gallardón pero no antes de parar las reformas que están en el aire y de derogar las reformas que ya han sido aplicadas, en especial la reforma del Código Penal y la reforma de la justicia universal. Y después de celebrarlo pongámonos a trabajar en todos los frentes posibles para que la justicia sea justicia y sirva a la mayoría social y no a las élites políticas y económicas. También para que sirva a sus fines legítimos como son regular las injusticias y resolver, en última instancia, los problemas que surgen en los estados democráticos. Y no para escudarse en ella para ocultar la falta de voluntad política, como es habitual en el gobierno del PP (véase el caso de Cataluña y la negativa a plantear al menos un referéndum, el cual estaría respaldado por el artículo 92 de la CE). Si no ganamos eso, no ganaremos nada y mucho menos la democracia.