Una conocida es profesora interina de instituto y lleva años dando clases en diferentes zonas de Castilla y León. Está casada y tiene dos hijas. El curso pasado le correspondió impartir docencia en un centro de la sierra de Ávila que le imposibilitaba ir y volver en el día. Por ello se alquiló una casa, sus hijas quedaron en Salamanca con su padre y venía a dormir a Salamanca cada martes o miércoles para no estar la mayor parte de la semana sin verlas. Cuando empezó el curso ya conocía que la duración de la interinidad era por todo el curso académico. Sin embargo el contrato que le realizó la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha tenido como fecha de finalización el pasado 30 de junio, a pesar que el curso termina a principios de septiembre. Para que pueda examinar a los estudiantes a los que dio clase le han propuesto hacerle un contrato por cinco días, del 1 al 5 de septiembre, que en una actitud absolutamente decente ha aceptado pensando exclusivamente en el interés de quienes fueron sus alumnos y alumnas hasta junio. Nadie ha valorado el esfuerzo personal realizado durante casi diez meses.
Esta situación es ejemplo del desprecio que la Junta de Castilla y León tiene por el empleo público en los últimos años. En ese caso la decisión de la administración autonómica tiene como único fin el ahorro económico, aunque otras de las medidas adoptadas en los últimos años tienen como consecuencia el deterioro de los principales servicios públicos. Así la no cubrición de bajas en Sanidad o Educación cuando tienen una duración inferior a quince días repercute claramente en la calidad de estos servicios. Y algo parecido ocurre con la prohibición de contratar personal público, con tasas de reposición entre el 0 y el 10 por cierto de las jubilaciones que se produzcan en cada ámbito.
Durante las últimas décadas España ha sido ejemplo por la construcción de un Estado del Bienestar moderno destinando a su financiación porcentajes del PIB muy inferiores a los de otros países de Europa occidental. La base fundamental de este éxito ha sido la dedicación de trabajadoras y trabajadores públicos, comprometidos con su labor. Esas mismas personas a las que ahora se desprecia por parte de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España. Un desprecio absolutamente injusto.