Desde Abril tenemos nueva concesión del servicio público de transporte colectivo de la ciudad, con la misma empresa que la gestionaba anteriormente. Aunque ha habido cambios, en realidad los principales problemas de este servicio municipal están directamente relacionados con la gestión del tráfico en la ciudad, pero no vamos a hablar de ello.
A pesar de que se insiste desde hace tiempo en reducir los períodos de concesión para obligar a las concesionarias a introducir más mejoras, por la Unión Europea y organismos españoles, se ha pasado de 10 años a 12. Además los vehículos se jubilan también a los 12 años, con lo que se ahorra al circular dos años más sin generar otros gastos que los de mantenimiento. Parece que aumentarán las pantallas en paradas y avances tecnológicos; resaltando el resurgimiento de alguna promesa histórica hace tiempo olvidada, como mejorar la información y la accesibilidad para discapacitados como los visuales.
Lo más interesante, en pro del riesgo en la actividad característico del capitalismo, es que a la empresa le garantiza el Ayuntamiento los ingresos necesarios para mantener el servicio y tener beneficios, lleven los autobuses 90 viajeros o ninguno, 10'6 millones de euros al año. Recordemos que desde hace tiempo se pierden viajeros. Esto obliga a preguntarnos qué es lo que aporta una empresa privada en la gestión de un servicio público de obligada existencia legal y, sobre todo en tiempos de crisis, dónde está el ahorro. Por si a alguien se le ha olvidado, en nuestro sistema económico, sí ese de la libre competencia, las empresas están para ganar dinero. ¿No sería mejor que nos ahorráramos los beneficios gestionando este, y otros, servicios públicos directamente por el Ayuntamiento como ocurre en otras ciudades?
Según declaró en su momento el concejal de Fomento, Patrimonio y Contratación, como se recoge en la prensa: "con este nuevo contrato se garantiza la calidad del servicio de transporte urbano por autobús en Salamanca, se reduce el coste para las arcas municipales, se mantiene el empleo (226 puestos de trabajo) y se sigue ofreciendo al ciudadano y usuario un billete a precio asequible que según diversos estudios es de los más baratos de España". El mantenimiento de la plantilla es una de las obligaciones que establece el propio pliego de concesión.
Pues resulta que, sin haber cambiado nada desde Marzo, se acaba de echar a una trabajadora por razones económicas, según contaban esta semana. En realidad hace no mucho se anunció una leve ampliación del servicio, más paradas en la línea del Rastro, que no parece justificar precisamente una reducción de plantilla. Si uno sigue los medios de comunicación salmantinos, el caso se parece al típico abuso empresarial relacionado con la exigencia de derechos laborales y por su militancia en un sindicato que acostumbra a no callarse ante la injusticia, con los que intenta acabar el gobierno del PP con su política laboral precarizadora. Las empresas suelen aprovecharse para intentar amedrentar a los trabajadores, y a los ciudadanos por extensión. Muchos de esos casos al final lo pierden las empresas en los tribunales, pero siempre con un coste elevado para todos. Supongo que el Ayuntamiento, a quien pertenece el servicio público, tendrá algo que decir. Y sería muy deseable que reinara la cordura, por parte de una empresa que no ha sido precisamente maltratada por los salmantinos y sobre la que en general no se tenía mala opinión.