Pertenezco a una generación en la que mis mayores me inculcaron que vivir de prestado era impropio. "Estar hipotecado" era sinónimo deleznable de lo peor que le podía ocurrir a alguien. No se trataba solo de que se cercenase la libertad de una persona por una deuda adquirida que condicionaba el futuro, había, además, un tufo preocupante ante la apuesta por "vivir por encima de las posibilidades". Cierto, se podría decir, que era una actitud vital conservadora y muy ligada al tiempo autárquico del país. El primer signo del cambio de las cosas lo tuve cuando en la década de 1980 Nacho me explicó las bondades de vivir endeudado. "Uno tiene una capacidad de ingreso futura", me dijo, "y con respecto a ella debe vivir el presente", sentenció. Después vino lo demás que no es necesario volver a contar.
Ahora bien, lo que sí que hay que recordar es cómo el capitalismo financiero introdujo una forma nueva de vida. A partir de entonces todo se podía conseguir con una tarjeta de crédito a mano y un préstamo hipotecario al alcance de la esquina más próxima que daba cobijo a una sucursal bancaria. El esquema montado en torno a la lógica de ese tipo de capitalismo lo impregnaba todo. En el orden político los partidos, por ejemplo, recibían sus subvenciones estatales adelantadas bajo préstamos con cargo a los votos y al número de puestos de representación que obtuvieran. La perversión del mecanismo suponía que quienes no alcanzaban el resultado esperado contraían una deuda política con las instituciones financieras que atenazaba su futuro.
El incentivo, como ocurría a todos los mortales, era gastar más a crédito con el señuelo de ganar más puestos de poder. El maridaje entre política y dinero era perfecto, pero hoy puede saltar por los aires. Hace dos meses, PODEMOS, una oferta política con vocación partidista creada cuatro meses antes, consiguió unos 1.246.000 votos. De acuerdo con la ley electoral le correspondería una subvención de 1,08 euros por cada voto recibido, pero esta es una cifra que no va a recoger porque la formación apenas si gastó 150.000 euros que son el máximo al que tendrá derecho. PODEMOS no pidió préstamo alguno, y es muy posible que si lo hubiera pedido no lo habría recibido, y, consecuentemente, ahora perderá el 90% de la subvención electoral a la que tendría derecho y todo por no haberse endeudado previamente.