No hay tregua, el frenético ritmo de trabajo de quienes se han lanzado a desmontar los frágiles fundamentos de unas sociedades que creíamos avanzadas, progresistas, protectoras, nos desborda. Sin excesivos ruidos que puedan despertarnos, sin precipitaciones, pero sin pausa, mantienen su inflexible determinación de acabar con cualquier atisbo de vida civilizada, de destrozar en poco tiempo lo que ha costado años construir.
Prácticamente cada día dejan caer una nueva gota de ácido disolvente, saben que la sociedad puede movilizarse frente a hechos puntuales de especial gravedad, pero que no tiene capacidad de respuesta frente al demoledor depredador cotidiano.
Tomemos como ejemplo los hechos de esta última semana (pueden servir los de cualquier otra que ustedes prefieran), que configuran un paisaje cada vez más desolado y desolador:
Después de afirmar que han entendido el mensaje de las elecciones europeas y la petición de más democracia, el gobierno vuelve a mostrar su verdadero rostro y lleva a las Cortes un Decreto Ley por el que se modifican nada menos que 26 leyes de gran importancia; la técnica del decreto ley supone que no se pueden proponer enmiendas, que en el parlamento los grupos políticos se limitan a convalidar o no el decreto y que no hay estudio previo en comisiones, tan solo una discusión en pleno en el que cada portavoz tendrá ¡quince minutos! para defender su posición, y que además no cabe una votación diferenciada para cada una de las propuestas, es un paquete que se acepta o se rechaza. Y por supuesto que se aceptará, porque para ello cuentan con mayoría absoluta; para esto pueden simplemente cerrar el parlamento y gobernar por decreto.
Una de las medidas que se aprobarán por este Decreto Ley será la privatización del Registro Civil, que se va a entregar a los registradores de la propiedad y mercantiles; ya no se conforman con privatizar los servicios públicos, ya privatizan hasta nuestra propia existencia. Por supuesto, previamente entre todos hemos pagado lo necesario para que se convierta en un gran negocio: el Estado ha gastado 130 millones de euros en informatizar los Registros Civiles, y ahora se privatizan para que se aprovechen quienes se han venido lucrando de la burbuja inmobiliaria y son colegas (¿saben ustedes que Mariano Rajoy sigue siendo registrador y mantiene su plaza en excedencia?).
Nos venden como regeneración democrática un intento de reforma de la Ley Electoral por el que quieren tener ventaja para mantener alcaldías aunque la mayoría de la población esté en contra del candidato; no quieren alcaldes, quieren caciques.
Los gobiernos democráticos miran para otro lado cuando ven como un estado terrorista como Israel masacra a la población civil palestina.
Los conflictos generados por la codicia del sistema capitalista generan cada vez más refugiados que dejamos totalmente desamparados. Acnur pone de manifiesto que nunca ha habido tantos refugiados, ni en peores condiciones. La actuación de gobiernos como el nuestro se ponen de manifiesto en el último informe de Amnistía Internacional, que señala como en los últimos cinco años hemos gastado 280 millones en refuerzos de las fronteras mientras solo se han invertido 10 millones en atender a personas refugiadas (30 veces más en vallas que en personas).
Y a todo esto el Tribunal de Cuentas, cuya función es garantizar el funcionamiento correcto de las demás instituciones, es el último en demostrar la falta de vergüenza y el nepotismo de nuestros gobernantes, llegando a la desfachatez de decir que no hay nada anómalo en el hecho de que más de cien contratados sean familiares de sus responsables. ¡Qué cara más dura!.
Y así una semana tras otra, un mes tras otro, una resignación tras otra. ¿Hasta cuando?.