La semana pasada, el procurador del PSOE Pedro González y el Presidente de la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Administración Autonómica Marcial Barba denunciaron a las diferentes consejerías de la Junta de Castilla y León por el oscurantismo de las retribuciones extraordinarias que cobran algunos empleados públicos, lo que venimos llamando "bufandas".
Las bufandas son gratificaciones extraordinarias que distribuyen discrecionalmente los consejeros a algunos empleados públicos, (la mayoría personas de confianza), supuestamente fuera de su jornada laboral. Si bien la Ley lo contempla y cada vez es más usual, no es menos cierto que estas retribuciones deberían de estar justificadas, ser públicas y puntuales.
La Junta de Castilla y León se niega a dar datos y cuantías de estos 400 empleados públicos, y no solo eso, sino que ante la falta de argumentos para no facilitar la información, han declarado secreto esta petición, amparándose en un Informe de la Agencia de Protección de Datos, que contradice el informe jurídico elaborado por los propios servicios de la Cámara que considera ilegal convertir esta información en secreto.
Según datos publicados, la Junta pagó más de 6.1 millones de euros entre el 2010 y la mitad del 2011 y 355.697 en diciembre del 2013 al grupo de selectos empleados públicos. Sorprende y escandaliza de la denuncia el cobro de estas bufandas en personas que estaban de baja por maternidad y algunas cantidades desorbitadas, como sobresueldos de hasta 42.000 euros en personas que cumplían el horario como el resto de empleados. Estos datos deben de ser conocidos por todos y expuestos en los tablones de anuncio, en caso contrario, se estaría poniendo en entredicho la cacareada transparencia de la administración autonómica de la que tanto le gusta presumir al Presidente Herrera.
Es injustificable la actitud de la Junta en momentos de recortes en los salarios, con tres congelaciones salariales, supresión de una paga extraordinaria, pérdida de poder adquisitivo y el aumento de jornada laboral que se ha aplicado al conjunto de los empleados públicos. De nada sirve establecer un marco de retribuciones de todos los empleados públicos si luego los políticos de turno, sin ningún criterio objetivo y con el dinero de todos, lo distribuyen para pagar fidelidades, adhesiones inquebrantables, y callar bocas, vulnerando el mérito, capacidad e independencia que deben regir en la gestión pública.
La excesiva politización de la administración, el aumento de cargos de confianza, la falta de control en las tarjetas de créditos, los teléfonos móviles sin límites, coches oficiales, abusos de comidas, viajes y privilegios son los que verdaderamente están arruinando a la administración y contribuyendo a su desprestigio, no el salario de los empleados públicos.