La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a borrar de los buscadores de la red, particularmente en Google, ciertos datos personales a solicitud de los afectados por ellos, podría ser y parece esperanzadora de cara a la salvaguardia de la privacidad y la protección de la intimidad de las personas, pero es seguro que no tardará en ser utilizada, manipulada, retorcida y aprovechada por quienes sin duda la utilizarán para ocultar informaciones públicas que denuncien o transparenten manejos ilegales, corrupciones, historiales sucios o antecedentes incompatibles, y servirá para "limpiar" expedientes de personas y entidades que, con ese lavado de su historial, volverán a presentarse ante la ciudadanía, ante los consumidores o ante la misma ?y lamentablemente olvidadiza- sociedad como garantes de lo que ayer ?ya borrado- pervirtieron.
No será extraño que, de prosperar en el sentido en que está redactada la citada sentencia, pronto empiecen a ser difícilmente accesibles o directamente imposibles de encontrar las informaciones o los datos que los gobiernos quieran ocultar, los comportamientos dictatoriales de los regímenes aparentemente democráticos, las conspiraciones y los pactos secretos, los manejos, las traiciones y los detritos de las alcantarillas y los decorados del poder, y que casos como los de Snowden, Assange o Falciani sean imposibles de repetir porque una sentencia, aparentemente destinada a la protección de la intimidad de las personas, va a servir para, precisamente, atacar el derecho a la información y al conocimiento de la verdad de esas mismas personas.
Nos estamos acostumbrando con inquietante rapidez y escalofriante desinterés a que los poderosos, y no sólo en el ámbito político o gubernamental, utilicen las normas y los derechos aparentemente democráticos para encauzar interesadamente su interpretación y utilizarlos para lo contrario de lo que enuncian, y ahí están como ejemplo leyes garantistas sirviendo como coartada, parapeto, muro y escape de corruptos y delincuentes de toda laya. De nosotros depende, de nuestro interés y nuestra convicción, procurar que los derechos reconocidos, las libertades conquistadas y las garantías consagradas en las leyes, sirvan a sus fines y no de fachada jurídica para su negación.