El partido socialista acusa a los populares de no respetar "el derecho de la sociedad a tener un transporte público de viajeros vivan donde vivan"
En la Comisión de Fomento y Medio Ambiente celebrada en las Cortes de Castilla y León, el Partido Popular ha votado en contra de la Proposición no de Ley del PSOE defendida por la Procuradora socialista por Salamanca, Ana Muñoz de la Peña.
Con este documento en la que se instaba a la Junta a que, "con la finalidad de no agravar más el aislamiento al que se ven sometidos muchos municipios de la Comunidad Autónoma", ha asegurado la socialista, procediera a la supresión de los recortes realizados en el transporte de viajeros por carretera en la región.
También ha solicitado al Gobierno de España a la retirada del Plan de Racionalización del Transporte Ferroviario, aprobado en el Consejo de Ministros el día 28 de diciembre de 2012, de manera que se pudiera iniciar un proceso de diálogo y acuerdo con las comunidades autónomas, ayuntamientos y organizaciones sociales, con objeto de garantizar que las obligaciones de servicio público de transporte ferroviario atendieran adecuadamente el derecho de los ciudadanos a la movilidad y a los objetivos de cohesión y vertebración territorial y como responsable de las empresas RENFE Operadora y ADlF a que no se cierren talleres, ni bases técnicas, ni bases logísticas en la Comunidad, de manera que "se pueda mantener la actividad ferroviaria actual y garantizar los puestos de trabajo" ha añadido De la Peña.
Para el PSOE, la Junta de Castilla y León tiene obligación de garantizar el transporte público de viajeros a todos los castellanos y leoneses, independientemente de su lugar de residencia, esto es, garantizar el derecho estatutario de movilidad a los ciudadanos.
Derecho que, a su juicio, ha sido vulnerado tras los recortes puestos en marcha por la Junta de Castilla y León en el transporte de viajeros por carretera, que superan el 30%, y han supuesto, supresión de rutas, reducción de frecuencias, modificaciones en los horarios e incremento de precios, lo que complica gravemente a los residentes en las zonas rurales la libre circulación de las personas, la igualdad de acceso a los servicios básicos o a su puesto de trabajo, lo que produce además de aislamiento de los municipios, despoblación y abandono de los pueblos.
Sumado a esto el Gobierno de España aprobó el Plan de Racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia, competencia de la Administración del Estado, prestados sobre la red ferroviaria convencional. Un Plan que estableció que todas aquellas líneas y servicios que presentaran un nivel de ocupación anual inferior al 15% iban a ser eliminadas, salvo que el Ministerio las declarara de Obligación de Servicio Público (OSP), o que la Comunidad Autónoma se hiciera cargo de solventar su déficit de explotación.
En Castilla y León 24 líneas están por debajo del 15% de ocupación y el Ministerio declaró 15 de ellas de OSP, dejando en el aire 9, abocadas a la eliminación. Además de modificaciones y recortes de frecuencias horarias y eliminación de paradas.
Estas medidas "suponen el aislamiento de muchos municipios, en los que no existen alternativas de transporte colectivo eficaz, tras los recortes practicados por la Junta en el transporte de viajeros por carretera", han afirmado los socialistas.
Por otro lado, "se plantea un nuevo ataque a la Comunidad, con la puesta en marcha del Plan de Choque que plantea RENFE-Operadora, pretende el cierre de dependencias de la Dirección General de INTEGRIA, en Castilla y León y que supondrá el cierre de Bases de Mantenimiento y de Bases de Tracción, al tiempo que la empresa ADIF pretende a corto plazo la supresión de Bases Logísticas en la Comunidad", ha concluido el PSOE.
Desde la oposición han denunciado que "estas medidas afectarán directamente al mantenimiento y estabilidad en el empleo de cientos de trabajadores en Castilla y León, muchos de los cuales perderán su puesto de trabajo, al tiempo de una importante pérdida de actividad logística y ferroviaria en la Comunidad con especial incidencia en Burgos, León, Palencia y Salamanca".