La perspectiva de la muerte de Franco provocó una serie de movimientos importantes:
En primer lugar, la propia división de los partidarios de Franco anclados en las estructuras políticas y sindicales del régimen. Dicha división entre los ultraortodoxos y los reformistas permitió un fortalecimiento de los grupos de oposición democrática políticos y sindicales, apoyados por sus homólogos de los países europeos, a pesar de la dura represión del régimen hasta el final de sus días.
En segundo lugar, los grupos económico-financieros del país necesitaban la vuelta a la democracia como garantía de negocio con Europa, nuestro principal mercado y nuestro principal inversor, lo cual explicó los contactos secretos de altos dirigentes financieros y empresariales con los dirigentes de los partidos políticos clandestinos en aquellos años.
De la misma manera Estados Unidos y los gobiernos europeos tanteaban los propósitos de una oposición política y sindical creciente, ante la inminente muerte del dictador.
Ante este panorama el propio franquismo intentó un cierto cambio cosmético en 1974 preparándose para la muerte de Franco mediante una serie de reformas llevadas a cabo por el presidente de Gobierno Carlos Arias Navarro y algunos de los más notables reformistas del régimen como José Maria de Areilza, Alfonso Ossorio o Manuel Fraga Iribarne.
Estas reformas que proponían una seudo-democracia muy conservadora y a largo plazo fracasaron estrepitosamente por el rechazo de los ultras del régimen apoyados por un ejército, temeroso de lo que estaba aconteciendo en Portugal con la caída de la dictadura, y por supuesto por el rechazo unánime de toda la oposición incluyendo la liberal-democrática.
Ese fracaso propició un cambio de actitud de la monarquía, ya que una vez muerto Franco, necesitaba con urgencia una nueva legitimidad que no procediera del franquismo.
Hay que recordar que la legitimidad histórica de la Casa Borbón la desempeñaba D. Juan De Borbón, padre de Juan Carlos exilado entonces en Estoril.
Por ello el nuevo monarca exploró las posibilidades de acelerar el proceso hacia la democracia a partir de un cambio en las leyes franquistas utilizando sus mismos mecanismos legales.
Es decir, no se trataba de una ruptura con el pasado franquista sino una reforma desde dentro de la legislación franquista que asegurara una nueva legitimidad a la monarquía de Juan Carlos I.
En este camino emprendido por Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes franquistas y principal consejero del rey aparece la figura de Adolfo Suárez, un hombre gris, con una notable carrera dentro del franquismo y nombrado por el presidente de Gobierno Carlos Arias Navarro, secretario general del Partido único: el Movimiento Nacional.
Esta solución tranquilizaba a Estados Unidos, a los reformistas del régimen y a los grupos industriales y financieros del país.
Se trataba de un cambio sin ruptura revolucionaria que permitía alcanzar la democracia a medio plazo pactando con la oposición más conservadora( liberales y demócrata-cristianos sobre todo, aunque se pensaba atraer también al Partido Socialista.
El problema estuvo en que la creciente movilización popular de aquellos años incrementada tanto por la crisis política como por la propia crisis social y económica española trastocó los planes iniciales del franquismo moderado y la monarquía.