Es un hecho el progresivo envejecimiento de la población española. La esperanza de vida ha experimentado un significativo crecimiento de personas mayores que demandan, cada vez más, cuidados y servicios. Los cambios producidos en la sociedad y las familias, en muchos casos, hacen imposible el cuidado de los mayores.
La constitución española establece que los poderes públicos están obligados a establecer las prestaciones en servicios sociales y asistencia social, y les atribuye a las comunidades autónomas éstas competencia. La Junta de Castilla y León crea normas y decretos que regulan los servicios de los mayores y más concretamente sobre los requisitos de autorización y apertura de las residencias para mayores. Es cierto, tenemos normas pero no la garantía de que se estén cumpliendo, como lo demuestra la cantidad de quejas y denuncias sobre las residencias para mayores.
Ante la falta de compromiso de nuestras instituciones regionales y locales de crear residencias públicas, la iniciativa privada aprovecha ese vacío para crear negocio. Se establece una red de residencias privadas, en las que muchas de ellas, tienen un concepto de la atención a los mayores, solo, como mero negocio y no reúnen la calidad adecuada. Cobran precios desorbitados que van a depender de la clasificación que se les dé, válidos, semiasistidos y asistidos o, si la habitación es individual o compartida se aplicaran precios, normalmente desorbitados que oscilan entre los 1.300 a 2000 euros mensuales para dependencia moderada y 1.700 a 2.500 para total dependencia.
Si la pensión media en Castilla y León se sitúa en torno a los 864,92 euros, autónomos con cónyuge a su cargo en 786, viudedad 600 y pensión no contributiva entre 300- 400, no queda otra solución que solicitar una residencia pública, donde el precio va a depender de la situación económica de esa persona, aplicando una media del 65% al 85% de sus ingresos. Pero hoy día acceder a una plaza pública es impensable a corto y medio plazo a no ser que tengan "enchufes", hay listas de espera, en algunas provincias de Castilla y León de hasta dos y tres años.
La falta de personal y medios adecuados es bastante frecuente provocando precariedad asistencial. El personal sanitario somos conocedores de personas mayores que llegan al hospital con un grado de desnutrición e higiene importante, escaras mal curadas y abusos en la sedación. Hay estudios que ponen de manifiesto que España es uno de los países occidentales que más usa la sedación y sujeciones físicas en personas ingresadas en las residencias de ancianos. Afortunadamente no son muchas, pero existen y, están perjudicando y desacreditando a las residencias que tratan a los mayores de forma profesional y humana. Hay estudios que ponen de manifiesto que España es uno de los países occidentales que más usa la sedación y sujeciones físicas en personas ingresadas en las residencias de ancianos.
A la Junta de Castilla y León le corresponde dar respuesta a esta demanda de personas mayores que necesitan de atención y cuidados, dejar en manos de la privada este derecho universal, no asumiendo su responsabilidad y desentendiéndose de un control serio y riguroso es una irresponsabilidad que deja a los mayores desprotegidos. La Junta sabe de irregularidades pero calla, algunos familiares no quieren hablar para no asumir responsabilidades y los que protestan se ven impotentes ante la burocracia y falta de decisión de la administración. Es vergonzoso e indigno que solo visiten las residencias y se acuerden de los mayores cuando van a recoger los votos y dirigirlos a un partido concreto.