Dice la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, a la que algunos rumores la sitúan en el Parlamento Europeo, aunque también es cierto que es un nombre muy dado a aparecer en quinielas, que la recién aprobada Ley Agraria está llamada a convertirse en "un pilar fundamental" de la política agraria regional, debido a que va a dotar al sector de "un marco normativo estable, moderno, completo y pensado, desde el primer momento, para facilitar el ejercicio de la actividad agraria".
Sobre el papel, la nueva normativa no pinta del todo mal, pero de ahí a que se rejuvenezca el sector y facilite la incorporación de la mujer al campo tal y como se pretende va un trecho, sobre todo si se tienen en cuenta los fiascos que, lamentablemente, y a lo largo de los años se han llevado ambos sectores de población -jóvenes y mujeres-.
En todo caso, hay que tener en cuenta que la actual coyuntura y situación de crisis que atraviesa la economía en general, a pesar del optimismo del Gobierno de España, constituyen un marco favorable a la renovación en el sector agrario, en el que cada vez quedan menos, pero al que, sin lugar a dudas, retornarán los que se fueron por obligación o a la búsqueda de mayor prosperidad con menor esfuerzo y riesgo.
Al final se ha demostrado que el sector agrario, en perenne crisis, ha sabido hacer mucho mejor los deberes impuestos por Europa, logrando además echar a aquellos que llegaron pensando esto era la gallina de los huevos de oro, obviando que los profesionales de este gremio dependen del cielo y de las decisiones que unos cuantos, iluminados en una gran parte de las ocasiones, toman desde los despachos.