Hace diez años, escribía un artículo criticando la aplicación del impuesto sobre el precio del carburante, lo que llamamos céntimo sanitario, por considerarlo frívolo e irresponsable y señalaba los graves problemas que podía desencadenar en algunos sectores económicos, como así ha sido, además de no resolver el problema de la financiación de la sanidad pública. Pues bien, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado ilegal éste impuesto por vulnerar la legislación comunitaria. El céntimo sanitario es un impuesto indirecto estatal que se creó en el año 2002, con dos tramos, uno estatal fijo y otro autonómico variable que varía entre 1 y 4,8 de céntimo de euro por litro de carburante destinado a financiar parte de la sanidad y permitir a las Comunidades Autónomas aplicar un recargo al consumo de hidrocarburos. Todas las comunidades autónomas lo aplicaron, menos Aragón, Canarias, País Vasco, La Rioja, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melillas. Esto, ha provocado encarecimiento del precio del carburante en las comunidades que se aplicó el impuesto, empujando a repostar a particulares y transportistas, fuera de Castilla y León, creando competencia desleal en el sector y la pérdida de muchos puestos de trabajo, como es el caso de Castilla y León. Si bien la Junta de Castilla y León lo aplico del 1 de marzo al 31 de diciembre del 2012 con un gravamen de 4,8 céntimos por litro de combustible y lo derogó en enero de 2013, sabiendo que era inminente la sentencia europea, no le exime de responsabilidad política. De nada sirven las declaraciones del portavoz de la Junta José Antonio de Santiago diciendo que la Junta de Castilla y León fue la última en establecerlo, que no ha obrado de mala fe y se limitó a acogerse a la opción que le daba la normativa estatal, pues bien Sr. de Santiago debe leerse bien la sentencia, le recuerdan al Gobierno Central y a ciertas comunidades, que no han actuado de buena fe al mantener en vigor más de diez años este impuesto, además, sabiendo que este mismo Tribunal tumbo un impuesto similar y Bruselas inició un expediente sancionador contra España, y como es reiterativo y muy grave, se deben depurar responsabilidades, tanto en las comunidades que se ha aplicado dicho impuesto, como en el gobierno central. Son demasiadas desautorizaciones de los órganos y tribunales europeos advirtiendo de la ilegalidad de las actuaciones del gobierno español. Estas son las consecuencias de las mayorías absolutas, se gobierna con prepotencia, de espaldas al ciudadano y a golpe de Decretos para eludir el debate parlamentario y consensuar con los sectores afectados. Cuando se aplica una media de estas características hay que argumentar, justificar y no engañar. Soy consciente de que necesitamos más recursos para la sanidad pública, pero el céntimo sanitario solo ha servido para recaudar y no para invertir en sanidad, como así lo evidencias los presupuestos de la Junta en inversión sanitaria cada vez más bajos, y más concretamente en la provincia de Salamanca, propiciado graves desequilibrios territoriales respecto a otras provincias de la comunidad, sobre todo en el medio rural. La Sanidad se debe financiar solo con impuestos directos pues al ser progresivos son más justos y equilibrados. El céntimo sanitario no resuelve los problemas que tenemos si no acometemos otras medidas. Gastamos de forma ineficiente, tenemos una estructura organizativa poco profesionalizada y muy débil, cautiva de ciclos políticos, intereses corporativos o de la industria farmacéutica.