Algo insólito ha acontecido en Gran Bretaña la pasada semana: los abogados han ido a la huelga. Sí, revestidos con sus togas y pelucas, portaban pancartas y levantaban la voz contra la reforma que pretende el actual Gobierno y que supondrá la reducción de la dotación para la justicia gratuita en ese país de 264 millones de euros.
Desde luego, aquí en España, donde el presupuesto es caricaturesco al lado del británico, sorprende, pero es que hasta ahora ha habido países en los que la consecución de la igualdad entre los ciudadanos era una obligación. Nuestros colegas ingleses advierten del peligro que conllevarán los recortes para la ciudadanía: menos seguridad, menos abogados dispuestos a trabajar en la justicia de los pobres, menos garantías de igualdad en función de la condición social? y desde luego que no son asuntos para asumir con ligereza.
Alegan, los abogados, que el trasfondo del motivo no es meramente económico. Que tras la medida se esconde la ideología de un Gobierno que lo es para los ricos y no para los pobres. Y han levantado la voz, como si de una obligación se tratara, para que se les escuche, para causar impacto en la población, para que esos que gobiernan entiendan lo que en un país supone la paralización de la justicia, para que empiecen a entender los que a veces parece que desgobiernan que las huelgas no son sólo de los controladores aéreos, los médicos, los barrenderos?
Habrá quien opine que en la acción de los abogados ingleses subyace su propio interés económico, puesto que en Inglaterra ha sido posible vivir, y bien, trabajando para la justicia gratuita, pero no nos quedemos simplemente en eso. Es evidente, comprensible y lógico que protejan su sustento y sus derechos y, además, estaremos todos de acuerdo en que no van los abogados a trabajar gratuitamente como si fueran hermanitas de la caridad, ¿no? Pero tras esta actuación están defendiendo, como día tras día hacen con su trabajo, los intereses de millones de personas a las que jamás se escucha, están protegiendo los intereses de quienes no pueden por recursos propios sufragar los gastos de un profesional de categoría, están salvaguardando la igualdad y la justicia y eso, en los tiempos que corren, les honra. Pues la justicia es seña de identidad de un Estado democrático y, cuando no está al alcance de todos por mor de su patrimonio personal, una quiebra muy importante se está produciendo: no es un incidente corporativo, es una reivindicación de una seña de identidad del Estado. Sin justicia para todos, la igualdad constitucional es un cuento chino.