Todo el mundo coincide en que España necesita profundas reformas institucionales para volver a mirar con optimismo el futuro. El sistema democrático nacido al hilo de los consensos de la transición política transformó profundamente nuestro país en los aspectos políticos, económicos y sociales construyendo un modelo de estado de bienestar que propició una sociedad mucho más igualitaria.
Sin embargo, hoy en día hay que revisar nuestro modelo democrático para adaptarlo a las nuevas necesidades y a los desafios de una sociedad compleja en cambio constante.
La reforma constitucional es cada vez más urgente, no tanto por el peregrino argumento de que muchos españoles no la votaron, porque eso ocurre con la mayoría de las constituciones históricas . ¿Acaso la constitución de Estados Unidos no es legítima porque todos sus ciudadanos no han tenido la posibilidad de votarla?
La reforma constitucional es necesaria para adaptar las instituciones a los cambios de nuestra sociedad, desde la reforma de la Jefatura del Estado cada vez más desprestigiada, la reforma del sistema de autonomías por un planteamiento claramente federal al estilo alemán, o una reforma de las leyes electorales que den más poder a los ciudadanos frente a las oligarquías de los partidos políticos, en el sentido de listas abiertas, limitación de mandatos, sistema riguroso de incompatibilidades, código ético de expulsión del cargo por imputación judicial, etc.
En el panorama de las reformas habría que blindar del debate político los elementos básicos de funcionamiento social: el derecho a la educación pública y gratuita, el sistema público de universidades e investigación, el derecho a la sanidad pública y gratuita y un sistema de pensiones digno.
Estos cuatro elementos fundamentales que garantizan el presente y futuro de cualquier sociedad no deben estar al albur de mayorías electorales de ningún signo político. Y sobre ellos se debía tejer un consenso nacional básico que impidiera cambios legislativos constantes con grave perjuicio para los ciudadanos.
Y por último, sería conveniente ampliar el consenso social y político en torno a los derechos fundamentales individuales y sociales para evitar la intromisión del gobierno de turno como la limitación del derecho de manifestación y reunión por vías administrativas.
Tanto el partido del Gobierno, como los de la oposición deben impedir que consideraciones partidistas o sencillamente cálculos electorales limiten los derechos de la ciudadanía a protestar o expresar libremente su malestar porque eso es un derecho democrático irrenunciable.