La Constitución, la Ley General de Sanidad y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, constituyen la normativa básica que regulan nuestro Sistema Nacional de Salud que garantizan el derecho a la protección de la salud con carácter público, universal y gratuito, y que ha culminado con el proceso de las transferencias de las competencias sanitarias a las comunidades autónomas
Pues bien, estas garantías y derechos se vulneran y ponen en peligro cuando nuestros responsables sanitarios gestionan tan ineficazmente las desesperantes listas de espera en nuestra Comunidad.
Diferentes informes técnicos coinciden que, en Castilla y León, las listas de espera en intervenciones quirúrgicas han aumentado entre un 20 y un 40% en el último año, a pesar de los intentos, por parte de la Consejería de Sanidad y de los diferentes gerentes de los Hospitales, en ocultar información a este respecto y encubrir los tiempos de espera.
El Procurador de Común, en una actuación de oficio, puso de manifiesto y, con datos de las propia Consejería, un informe sobre las listas de espera quirúrgicas en el que reflejaba esta realidad con tiempos de espera tan escandalosos de hasta 365 días por una intervención de cirugía.
¿Pero cómo es posible que desde la Junta de Castilla y León se estén dando datos a los medios de comunicación que no coinciden con las verdaderas esperas que padecen los ciudadanos? ¿dónde está la trampa y cómo se contabiliza la espera en las intervenciones quirúrgicas? Si la normativa estatal señala que el tiempo de espera se establece desde la fecha en que al paciente se le comunica que debe someterse a una intervención, las cuentas o tiempos no coinciden, por ello, dudo que esta premisa se cumpla en nuestros hospitales. En algunos se contabiliza cuando el paciente ha finalizado todo su recorrido de consultas y pruebas complementarias y ha podido transcurrir hasta un año, teniendo que repetir, en muchos casos, las pruebas, incrementando el gasto sanitario y la incertidumbre del paciente, pendiente todo el día del teléfono, esperando esa llamada que cada vez retrasa mas la fecha de su intervención, como denuncian los propios pacientes.
Pero esto no solo ocurre con las intervenciones quirúrgicas, también las consultas y pruebas complementarias, se gestionan de forma poco clara, con agendas cerradas, es decir, que hay pacientes que durante unos meses no tienen asignada cita, para ser atendidos, por lo tanto, no figuran en la lista de espera; cuantas veces hemos ido a pedir cita para la consulta y nos han dicho: deje el teléfono que ya le llamaremos a su casa, ¿dónde empieza la espera, desde que solicitas la consulta en la ventanilla o desde que te citan? Lo que es una evidencia es el desconocimiento del paciente sobre el periodo de espera.
Hay procesos que no son graves, pero que muchos pacientes no pueden soportar por estar invalidando y perjudicando su calidad de vida diaria y ocasionando bajas laborales muy largas e innecesarias que con unos tiempos de espera adecuados se podrían solucionar
La única alternativa a estos problemas no son los planes de choque puntuales, desviando pacientes a la sanidad privada, sino buscar soluciones duraderas, resolviendo el problema de fondo y organizando la actividad durante todo el año, utilizando de forma eficaz los recursos disponibles, tanto humanos como materiales con los que dispone el propio sistema público y no despidiendo trabajadores que puedan solucionar este problema.