Legislatura de cuatro años y un mes

Si son ciertas las últimas informaciones publicadas por los medios de comunicación, la actual legislatura, que está a punto de expirar, duraría no cuatro años como establecen los artículos 68.4 (para el Congreso de los Diputados) y 69.6 (para el Senado) de la Constitución, sino más, si se celebran el 13 o el 20 de diciembre. Los referidos preceptos constitucionales establecen que tanto el Congreso como el Senado son elegidos por sufragio universal y el mandato de estos parlamentarios termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. Aunque de una interpretación literal del precepto pueda deducirse que la disolución de las Cámaras será, en este 2015, antes de los cuatro años de la elección de sus miembros (no obstante, la filosofía de este segundo apartado de los artículos "o el día de la disolución de la Cámara" debería interpretarse para cuando las Cámaras legislativas se disuelvan porque se adelantan las elecciones como, por cierto, ocurrió en la pasada legislatura).

Sería la primera vez que ocurre esto en nuestra reciente democracia, porque salvo la legislatura 1996-2000 que transcurrieron cuatro años y nueve días días entre unas elecciones y otras, y la 2000-2004 (cuatro años y dos días entre unas y otras) y que es perfectamente admisible, el tiempo entre el resto de las elecciones ha sido siempre inferior a los cuatro años. En esta legislatura superaríamos todos los registros (cuatro años y un mes). Y esto es mal ejemplo para la democracia, denota ambición de querer mantener el poder ampliando el mandato que constitucionalmente está previsto.

También será la primera vez que un gobierno y parlamento y ante la celebración de unas elecciones generales fechadas para el último cuarto del año, ha preparado, elaborado y aprobado los Presupuestos Generales del Estado para el año siguiente cuando aún no se sabe que partido político tendrá la confianza del pueblo español para formar el futuro gobierno. Aunque sea legal, no es, desde luego, ni ética ni políticamente correcto.

Esto es una manifestación más de soberbia y prepotencia por parte de un Gobierno que sabe que no lo ha hecho bien, aunque lo predique, que sabe que se han disminuido drásticamente las partidas presupuestarias para políticas sociales en los últimos años, aunque ahora quiera enviar mensajes puramente electoralistas con bajadas de IRPF, incremento del 1 % en el salario de los funcionarios, -cuando ha estado varios años congelado- u obligar a los altos cargos de la administración a viajar en "clase turista" y no "preferente" a pocos meses de las elecciones, cuando la orden dimana de la reforma laboral de 2012, que así lo establecía.

No se puede decir, como manifiestan los miembros del Gobierno, que la crisis es historia cuando tenemos doce millones de pobres, cerca de cinco millones de parados, un millón setecientos mil hogares sin ningún ingreso, doscientos cincuenta mil dependientes sin atender, cerca del treinta por ciento de pobreza infantil o un billón de euros de deuda. Por otro lado, sí es cierto que el desempleo está descendiendo, pero como producto de una reforma laboral con la que se han incrementado los contratos laborales con salarios de miseria que no cubren las necesidades básicas de los trabajadores, además de no aportar cotización que garantice el cobro de las pensiones futuras. Como ejemplo, en la provincia de Salamanca los ingresos por cotización en la tesorería general son diez millones de euros menos que los gastos que suponen los pagos de las pensiones.