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Colombia: medio siglo de crisis humanitaria
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Colombia: medio siglo de crisis humanitaria

Actualizado 26/02/2015
Marcelino García

Es increíble pensar que después de 50 años de conflicto un país aún no haya podido salir de la grave crisis de derechos humanos en la que está inmerso

Autora: Rebeca Zambrano. Activista de Amnistía Internacional.

Siendo realistas, Colombia no es un país fácil y tiene una historia moderna muy agresiva. Si le añadimos el control de unas tierras por razones económicas, militares y políticas, junto con un nivel de pobreza extrema y la concentración de esas mismas tierras en manos de unos pocos, tendremos el caldo de cultivo perfecto. Pero, ¿cómo deberíamos comenzar a contar este terrible relato?

Los orígenes: ¿quién es quién?:

El conflicto armado interno de Colombia comenzó allá por los años 60 con enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares contra los grupos guerrilleros. Como suele suceder cuando hablamos de abusos y violaciones de derechos humanos, los más perjudicados son los civiles, las víctimas de la inmensa mayoría de los conflictos.

En Colombia las fuerzas del orden han sido culpables de gravísimas violaciones de derechos humanos y son también responsables de la creación de los grupos paramilitares de "guerra sucia" durante las operaciones de contrainsurgencia. En 1989 fueron proscritos aunque nunca llegaron a desaparecer, y en el 2005 se intentó desmovilizarlos, si bien siguieron actuando o con el permiso de las fuerzas de seguridad o en connivencia con ellos.

En cuanto a los grupos guerrilleros, nacieron en los años 50 con una ideología próxima al marxismo-leninismo. Los más importantes son las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejército de Liberación Nacional), activos hoy en día.

La restitución de tierras:

El control de territorios por parte de los diferentes actores es una de las causas del conflicto, forzando el desplazamiento de millones de personas. Pero para entender mejor la dimensión de la problemática colombiana es necesario conocer ciertas cifras.

El número de desplazados forzados es de 6 millones ? la mayoría de ellos campesinos o miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes ? , uno de los índices más altos del mundo; de esos 6 millones, 220.000 son del pasado 2013; un 45 % tienen como cabeza de familia a una mujer, lo que implica la necesidad de adoptar una perspectiva de género debido sobre todo a que históricamente no han tenido derecho a la propiedad de la tierra; y, además, el 93 % de las personas desplazadas vienen de áreas rurales o semirrurales.

El último intento de restitución de tierras, formalización de la propiedad y reparación de "ciertas víctimas", puesto que existe una jerarquía que las diferencia, viene de la mano de Juan Manuel Santos con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448) y que entró en vigor en enero de 2012.

Pero, además de los crímenes de los poderosos usurpadores de las tierras de las comunidades campesinas, entre los que figuran empresas multinacionales, también españolas, las instituciones responsables del proceso de restitución de tierras a menudo no cuentan con los instrumentos necesarios o se han visto involucradas en casos de corrupción vinculados a este tema; y, finalmente, por citar uno de entre tantos puntos débiles, destacamos que a día de hoy sólo se ha devuelto un pequeño porcentaje de los millones de hectáreas de tierras robadas. Queda mucho por hacer?

¿Qué pedimos desde Amnistía?

Ahora que las FARC y el Gobierno colombiano se encuentran en conversaciones de paz en la Habana, es cuando debemos exigir que se ponga punto y final a los abusos y violaciones de derechos humanos por parte de todos los actores. La restitución de las tierras y el conflicto llegarán a su fin cuando existan medidas eficaces y órganos judiciales que no avalen la corrupción ni permitan la impunidad.

Las comunidades de campesinos, los defensores y defensoras de derechos humanos, y los funcionarios deben tener la certeza de que su vida no corre peligro. El estado debe desarticular los grupos paramilitares que actúan en connivencia con las fuerzas de seguridad y romper cualquier vínculo con ellos.

No son pocas las recomendaciones que plantea Amnistía ni fácil el camino que queda por recorrer. La comunidad internacional también debe insistir en todos estos aspectos e intentar lo imposible para que nunca más se vuelva a repetir la misma situación.

Por ello, y para los que quieran ahondar en el tema, les invitamos a leer el informe de Amnistía Internacional al respecto: "Un título de propiedad no basta: por una restitución sostenible de tierras en Colombia"

http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/031/2014/es/51227ae0-ada8-4131-a7f8-779ab38db42c/amr230312014es.pdf

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