Continúa la deriva social

En los últimos años y a raíz de la brutal crisis económica que está sufriendo la sociedad europea (principalmente España, Portugal, Italia y Grecia) provocada por los grandes poderes financieros, se está generando más desigualdad, más diferencias económicas entre ricos pobres, una devaluación sin precedentes de los derechos sociales, económicos y culturales de los ciudadanos europeos y, con ello, aunque tenga una justificación más etérea, el deterioro de las libertades individuales (expresión, reunión y asociación, al aprobarse leyes muy regresivas, como la de Seguridad Ciudadana). Lo más grave es que muchas de las conductas de los agentes económicos y políticos que han provocado esta deriva social, han sido presuntamente delictivas, y no por imprudencia al omitir el deber objetivo de cuidado, sino claramente dolosas, con pleno conocimiento de la antijuridicidad del hecho y queriendo realizar esas conductas corruptas, sabiendo que provocarían crisis y desigualdad.

Afortunadamente, el Estado de Derecho funciona (confiemos en que los políticos de turno no terminen con él) y los tribunales de justicia tienen en sus manos cientos de casos de corrupción política, económica y financiera que están sustanciando. Esperemos que los diferentes procesos penales se agilicen y sean condenados sus responsables. En esa línea está el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al adoptar una decisión histórica: imputar a 78 directivos de Caja Madrid y Bankia, por usar para su beneficio personal las tarjetas de crédito opacas entre 2003 y 2012 y gastar más de 15 millones de euros en viajes de placer, hoteles y coches de lujo; bacanales y lujurias al más puro estilo del antiguo Imperio Romano. Y en la misma línea de Andreu están otros jueces que investigan sonados y complicados casos (ERE,s de Andalucía, Pokémon, Operación Púnica, Urdangarín y la Infanta, Gürtel, Bárcenas y la presunta financiación ilegal del PP, etcétera).

Pero mientras estas corruptelas se sustancian judicialmente y algunos de sus presuntos responsables están disfrutando de libertad (aunque sea provisional, como Bárcenas) otros ciudadanos están sufriendo las consecuencias de estas viles conductas. Esta semana ha explotado en los medios de comunicación la noticia de que el Ayuntamiento de Madrid, por medio de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), ha vendido a empresas que utilizan los denominados fondos buitres (utilizados para comprar, entre otros bienes, inmuebles, en este caso viviendas sociales a ayuntamientos asfixiados por la quiebra, como el de Madrid), 1800 pisos de protección oficial que disfrutaban en arrendamiento muchos vecinos del barrio de Carabanchel, algunos de ellos con derecho a compra. Con el paso del tiempo los alquileres se están incrementando de forma escandalosa (hasta un 40 %), se les está empezando a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y no se les respeta la opción de compra a los que se les había prometido.

En esa venta se pueden haber cometido presuntamente delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por parte de los responsables municipales y de la EMVS, cuyos perjudicados más directos son los inquilinos de las viviendas.

Otra noticia que se está comentando esta semana y que afecta negativamente a los derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales de los ciudadanos es la relativa a la aprobación, por el Gobierno, del Decreto que modificará la duración de los Grados y Másteres Universitarios. Se pretende reducir la duración de los grados (de 4 cursos a 3) y ampliar los Máster (de un año a dos), por lo que, con lo elevadas que están las tasas universitarias en España, provocará que sólo puedan acceder a los Máster los alumnos procedentes de familias acomodadas y los Grados perderán calidad y duración. Se deteriorará la Universidad pública en beneficio de la privada. Tiene el informe negativo del Consejo de Estado y las reticencias de la Conferencia de Rectores, además de los sindicatos de enseñanza y representantes de alumnos.

¿Qué delito hemos cometido los ciudadanos para tener una sanción tan vejatoria y humillante de unos gobernantes que quieren terminar con el Estado del Bienestar?