Demasiadas tareas

Bueno, pues parece que no hay duda: El PP de Salamanca financió su campaña electoral de 1999 con dinero negro. Eso, al menos, dicen los papeles, sin que nadie haya dicho de momento lo contrario, sin que nadie se haya atrevido a pronunciar ese mentís rotundo, decidido e inmediato que exige acusación de esta enjundia.

En un país democrático que verdaderamente lo sea, estas cosas no pueden pasar o, al menos, no pueden pasar gratis; es decir, cuando un periódico, o periodista o político o paisano, difunden una información como ésta, alguien tiene que terminar en la cárcel: o el sinvergüenza del que se difunde la canallada, si la información es cierta, o el mensajero que miente al publicarla. Pero que ambos sigan en libertad impunemente resulta pernicioso para el sistema democrático.

Por eso es incomprensible ?pero más intolerable- que nadie desmienta ni dimita. Aunque, claro, cuando alguien se expresa así tomando un vino siempre hay otro que le espeta:

• "¿Por qué van a dimitir si todo lo mundo lo hace?"- y ese es el efecto más pernicioso del caso: la pérdida de credibilidad en el sistema democrático.

Por eso sostengo que cuando pasa algo así tiene que haber consecuencias, y que tienen que ser inmediatas.

No sé si es bueno que la oposición denuncie ante la Fiscalía Anticorrupción ?como ya hizo en su día con las construcciones ilegales de Ciudad Rodrigo-, porque judicializar la política puede traer consecuencias poco benéficas. No sé si es bueno, pero desde luego, no es suficiente.

Lo que personalmente echo más de menos es que el propio partido involucrado en la sinvergonzonería, como primer interesado y directamente damnificado, salga el primero a la palestra a apartar a los sinvergüenzas de sus siglas. Claro que predicar con el ejemplo no es actividad que los políticos realicen con agilidad ni soltura.

Pero también se echa en falta que, al tiempo que la depuración del corrupto, no haya otra, tan automática e inmediata como sería aquella deseable, del corruptor. Las empresas involucradas deberían ser apartadas ipso facto de cualquier concesión pública e impedidas legalmente de concursar para siempre.

¿Y La Gaceta? Silencio. Parece que es la única que no se ha enterado del escándalo. Probica! A lo mejor es que entre defender al PP y atacar a Mesonero no tiene tiempo de informar. Demasiadas tareas.