La polémica en torno a la renovación de sepulturas centra el debate del pleno municipal

La polémica renovación de sepulturas volvió a centrar el debate durante la sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento de Vitigudino celebrada este jueves. Un decreto sobre la retirada de competencias a la delegada de Hacienda para la aprobación de concesiones de sepulturas y liquidación de la tasa por este concepto, a favor de la Junta de Gobierno Local, y la desestimación de incluir en el orden del día de la sesión una moción avalada por los tres grupos en la oposición, relacionada también con este mismo asunto, fueron los ejes sobre los que giraron más tarde los turnos de ruegos y preguntas y que levantaron el murmullo entre el público que llenaba la sala, tanto que de forma precipitada el alcalde popular, Julio Santiago, dio por levantada la sesión cuando aún uno de los portavoces de los grupos en la oposición se disponía a realizar más preguntas.

La polémica en torno al decreto sobre la retirada parcial de las competencias a la concejala de Hacienda, Jennifer Bartolomé, comenzó ?en primer lugar? por no haberse dado cuenta al pleno de su dictamen en tanto que según el art.44.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROFRJEL) establece que: "De todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que este celebre con posterioridad a las mismas", y es que el decreto fue dictado el día 23 y la convocatoria del pleno se realizó el día 27 de octubre.

El asunto no tendría mayor trascendencia si no fuera porque desde la oposición se considera que el dictamen de este decreto trata de "desviar la atención" ?aunque parece haber resultado lo contrario? ante el hecho de que las decisiones adoptadas por la concejala de Hacienda, en materia de concesión y liquidación de sepulturas, no tuviesen validez jurídica en el supuesto caso de que las reclamaciones para la devolución de lo abonado por los vecinos por renovación de sepulturas llegasen al Juzgado.

En este sentido, desde la oposición se sostiene que la transferencia de las citadas competencias por parte de la Junta de Gobierno Local a la delegada de Hacienda, vulneraría el artículo 117 del (ROFRJEL) en tanto que establece que: "Ningún órgano podrá delegar en un tercero las atribuciones o potestades recibidas por delegación de otro órgano", y que en este caso se traduce en la delegación de la Alcaldía depositada en la Junta de Gobierno Local, órgano que hasta marzo de 2012 ?fecha en la que supuestamente traspasó estas competencias? se encargó de resolver cualquier asunto relacionado con la concesión o liquidación de sepulturas, lo que desde la oposición consideran actos de nulo derecho en tanto que el procedimiento estaría viciado, y ello supondría la devolución de lo abonado ?unos 105.000 euros? a los 150 vecinos, aproximadamente, que optaron por renovar sepulturas a indicaciones del Ayuntamiento, abonando 480 ó 600 euros, según los casos, por cada una de las concesiones.

Ante estos hechos, desde la oposición consideran que las renovaciones se realizaron de forma "ilegal", por lo que el equipo de Gobierno invitó a su portavoz a recurrir al Juzgado, una solución que si no será la misma, están decididos a emprender los vecinos afectados, aunque en principio será al Consejo Consultivo de Castilla y León si no se atienden sus demandas.

Moción de los grupos de la oposición

Y es que todas las decisiones del equipo de Gobierno en relación con este asunto apuntan a un supuesto intento de ocultación, por lo que las sospechas de la oposición sobre el procedimiento, en lugar de menguar con el paso del tiempo, se acrecientan cada día que transcurre como consecuencia de decisiones un tanto desacertadas.

La última en este ámbito ha sido la de no informar en las comisiones informativas correspondientes de las resoluciones adoptadas por la Junta de Gobierno Local respecto a las reclamaciones presentadas por algunos vecinos.

Ante este hecho, los grupos en la oposición, PSOE, UPS e Independiente, presentaban este jueves una moción ?fuera de plazo? para que de las citadas resoluciones se informase en la Comisión Informativa de Hacienda. Al ser presentada 25 minutos antes del inicio de la sesión, fue rechazada, y tampoco el alcalde accedió a su formulación verbal por considerarla que no era urgente y porque el asunto corresponde a la competencia de la Junta de Gobierno Local. En cualquier caso, sus palabras sonaron a excusa para no abordar el asunto en la sesión plenaria, aunque no es menos cierto que en su intervención dejó entrever su postura a favor sobre el fondo de la cuestión.

Esa presunta ocultación de información a la que hace referencia la oposición, se vio aún más argumentada en este pleno cuando el portavoz del PSOE, Francisco Javier Zudaire, recordó cómo desde la Alcaldía se ha procedido a dar órdenes para que los portavoces de otros grupos no tengan acceso al programa informático en el que se recogen todos los acuerdos y resoluciones de los distintos órganos municipales.

A este respecto, la concejala de Hacienda argumentó la decisión adoptada en el riesgo que supone que parte de esta información se hiciera pública, circunstancia que pudiera derivar en una presunta violación del derecho a la protección de datos y a la intimidad de las personas.

Turno de preguntas

Otro de los puntos calientes de este pleno llegó en el turno de preguntas y que acabaría con el famoso decreto sobre el que el portavoz de UPS, Antolín Alonso, sembró aún más sospechas sobre su presunta legalidad al preguntar sobre ello al alcalde y que este concluyó en que "no tiene ninguna objeción legal", mientas que Bartolomé invitó a Alonso a acudir a los tribunales.

Alonso preguntó sobre la concesión del servicio de abastecimiento de agua y pidió aclaraciones sobre el reconocimiento a Isolux Corsán de 600.000 euros de deuda por este concepto antes de la adjudicación del servicio en el año 2010, cuantía de la que el 20% era responsabilidad directa de la Corporación presidida por Julio Santiago desde 2007.

Sobre este asunto, el alcalde matizó que el reconocimiento del total de la deuda se debe a su responsabilidad como regidor en ese momento de acuerdo a las facturas reconocidas por la Intervención municipal, y sobre el futuro del contrato señaló que en el momento de detectar su incumplimiento este será rescindido, aunque señaló que "comprobar el impago" y requerir a la empresa que atendiera sus obligaciones económicas con Cabeza de Horno, "la empresa se ha puesto al día", para concluir que la preocupación del Ayuntamiento es que "el convenio se cumpla".

También preguntó Alonso sobre el futuro de la recogida de basura. A este respecto Santiago señaló que "estamos gestionando el tema de los contenedores, que hay alternativas, y para que la concesión se ejecute cuanto antes". Asimismo, añadió que si hay un municipio que no tendrá problemas con la recogida "ese es Vitigudino por tener 180 contendores en el entorno urbano", situación que en para otros municipios, en opinión del regidor, se vuelve más compleja "por tener los contendores en un radio de 40 kilómetros".

Otros puntos del orden del día

Se aprobó por unanimidad designar fiestas locales para 2015 los días 4 y 5 de junio, jueves y viernes de Corpus. También, aunque con la abstención de los dos concejales del PSOE que asistieron a la sesión, se aprobó el nombramiento de Mariví Filgueíra como delegada municipal en el IES Ramos del Manzano, cargo al que suma el de primer teniente de alcalde.

Más polémica fue la aprobación de la modificación puntual de las normas urbanísticas para una parcela del polígono industrial a solicitud de Asprodes, solicitud que tiene su origen en dar carácter legal a la construcción del invernadero tras un error de construcción y por el que fueron ocupados parte de zona verde, "un error atribuible al promotor pero que es responsabilidad del Ayuntamiento", según señaló el alcalde.

La modificación cuenta con los informes favorables de los técnicos municipales, no modifica la superficie construida ni el espacio de zona verde, lo que en opinión de Santiago "avalan que no caiga esa granizada ?como le apuntó Alonso en referencia los casos de corrupción en otros puntos? en Vitigudino". La modificación se aprobó con la abstención del PSOE y UPS, los primeros porque sostienen que ningún gasto derivado de este expediente debe correr a cargo del Ayuntamiento, una afirmación que matizó Bartolomé al señalar que "hasta hoy no ha habido ningún gasto para el Ayuntamiento".

El siguiente punto del orden del día fue la renovación de la operación de tesorería, crédito contraído en 1999 y que debe renovarse cada año, en esta ocasión por un montante de 250.000 euros. El crédito será renovado con Caja España-Duero bajo un interés de Euribor más 1,75%, no llevará comisión de apertura ni penalización por cancelación, lo que en opinión del alcalde ofrece mayores ventajas que los anteriores. Se aprobó con la abstención de PSOE y UPS.

En cuanto a la información ofrecida del cumplimiento del Plan de Ajuste, todo queda supeditado al balance final de año, aunque Bartolomé reconoció problemas en los ingresos derivado de la no aplicación de tasas por el uso de dominio público, un desajuste que según informó se ha nivelado con un "exhaustivo control del gasto".