La justicia penal del Gobierno

JULIO FERNÁNDEZ GARCÍA / Profesor de la Usal

En materia de justicia penal, los Gobiernos del PP, ?aprovechándose de la alarma social que provocan algunos sucesos criminales horrendos?, siempre han intentado aprobar reformas que endurecen escandalosamente las penas de prisión y que supeditan la orientación constitucional (reeducación y reinserción social) de estas penas a una concepción clásica exclusivamente retributiva (castigo) y de intimidación y encierro del condenado; algo que es radicalmente contrario a los postulados del Derecho Penal Moderno con sus principios, garantías, límites y de prevención del delito y recuperación del reo para la vida social.

Además, en el proceso de criminalización primaria, el legislador conservador tipifica como delitos conductas que se cometen más fácilmente por las clases subalternas y, en cambio, otros tipos delictivos (los relacionados con la corrupción de los poderosos) mantienen una penalidad menos severa.

Desde este prisma, las leyes penales españolas participarán más de los postulados de un Derecho Penal Autoritario y cavernario que de los de un Estado Social y Democrático de Derecho. El Ejecutivo no pretende impulsar la individualización de las penas del condenado en función de la gravedad de los hechos delictivos cometidos. De lo contrario, resulta incomprensible que hayan promovido una 'reforma exprés' de la Justicia Universal para limitar la capacidad de los jueces españoles en la persecución de delitos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y todo, porque la justicia española había iniciado la persecución de algunas autoridades chinas que participaron en el genocidio tibetano.

Desde 1950, año en que las tropas chinas asedian el Tibet, y hasta hoy, han muerto más de un millón de ciudadanos tibetanos a manos del ejército chino y han sido destruidas sus instituciones religiosas y culturales. Con la reforma impulsada por el Gobierno español, debido a las presiones de las autoridades de China, la justicia española ya no puede enjuiciar aquéllos crímenes. Como tampoco podrá iniciar un procedimiento penal contra muchos extranjeros detenidos en Eapaña por delitos cometidos en aguas internacionales. Este ha sido el argumento para que ocho presuntos narcotraficantes egipcios detenidos en un barco pesquero cargado con casi 10 toneladas de hachís, hayan sido liberados por el juez Andreu.

Esta es la justicia penal de nuestro Gobierno. Mientras, por un lado, quiere buscar rédito electoral introduciendo penas crueles, inhumanas y degradantes como la prisión permanente revisable (claramente contraria al principio de resocialización), por otro, echa balones fuera en las investigaciones sobre el 'caso Bárcenas' y sigue mirando para otro lado, cuando se ha sabido que todos los indicios racionales de criminalidad concluyen que el PP tenía 'Caja B' en todas las provincias.

No sé que hubiera pasado en otros países (Alemania, Francia o Reino Unido, por ejemplo) si hubiera indicios sólidos de que el partido político que sustenta al Gobierno presuntamente se hubiera financiado ilegalmente durante más de 20 años. Desde luego, lo mínimo hubiera sido una dimisión en cadena de todos sus miembros (no sólo por los presuntos responsables de meter la mano en la caja y llevarlo a Suiza para tenerlo a buen recaudo, sino también por quienes han tenido y tienen la responsabilidad 'in vigilando', es decir, los responsables de la formación política).

Sé que algún asiduo lector cuando ojee estas líneas reflexionará sobre mi sectarismo a la hora de denunciar casos de corrupción y dirá que nada digo sobre los también presuntos responsables 'in vigilando' del lamentable fraude de los ERE de Andalucía. Que algunos ex ministros socialistas (Magdalena Álvarez, Griñán y Cháves) puedan ser imputados por su presunta participación en los hechos delictivos, es una buena noticia siempre.

Como dice el vulgo popular "quien la hace que la pague". Si se depuran responsabilidades políticas y penales en estos casos de corrupción, será un síntoma inequívoco de que funciona el Estado de Derecho. Si en lugar de ello, se buscan recovecos por parte de unos y de otros para eludir la acción de la justicia, seguiremos siendo un país de políticos chorizos que no merece seguir en ese selecto club de Estados avanzados.