Lunes, 18 de junio de 2018

Esclavos de las palabras

Profesor de Derecho Penal de la Usal

En el argot coloquial y desde pequeños, todos hemos escuchado esa advertencia que nos hacían nuestros padres o esa pequeña maldición, dígase como se prefiera, que advierte “nunca digas de este agua no beberé, porque el camino es largo y puede darte sed”, o lo que es lo mismo en términos más técnicos “todos somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios”.

Esto viene a colación debido a la polémica generada en los últimos días con el espléndido chalet que han adquirido Pablo Iglesias (líder de Podemos) y su pareja Irene Montero, diputada y miembro también de esa formación política. Un inmueble cuyo precio ronda los 600 mil euros. Es cierto que Pablo Iglesias en su mensaje político ha criticado hasta la saciedad que los gobernantes y miembros de otras formaciones políticas (del PP o del PSOE) vivan en lujosas mansiones mientras se ha incrementado considerablemente la población que vive en España por debajo del umbral de la pobreza. Es cierto que vivir en un lugar u otro de las ciudades y pueblos de nuestra rica geografía ni es delito ni es infracción administrativa e incluso tampoco tiene por qué ser contrario a la ética personal. Ahora bien, cuando en la crítica política un líder incluye estos argumentos, como hizo Pablo Iglesias, no puede traicionarlos después; de lo contrario, es lógico y coherente que desde otras formaciones políticas se le recrimine.

Desde ese punto de vista luego no se puede contra-argumentar que si Cospedal vive en una lujosa casa de 2 millones de euros o que si Teófila Martínez vivió durante toda su etapa al frente del ayuntamiento de Cádiz en un chalet, etcétera. Lo que sí es, desde luego criticable y contrario a cualquier referente ético es que varios diputados de diferentes partidos y elegidos por circunscripciones provinciales diferentes a la de Madrid estén recibiendo elevadas dietas cuando disponen de viviendas de su titularidad en Madrid.

Ahora bien, de igual forma que Pablo Iglesias no ha cumplido la palabra dada y debería dimitir, también lo debería haber hecho –y hace mucho tiempo- el presidente M. Rajoy por la responsabilidad “in vigilando” que tiene sobre los miembros de su partido (ya que es su presidente) que han participado en casos de corrupción ya probados y sentenciados y de presuntos casos que actualmente se están sustanciando en los tribunales de justicia. Es una vergüenza que en el gobierno de Aznar (del que, no olvidemos, era miembro destacado el ahora presidente, por cierto elegido dedocráticamente por él) haya 12 de sus 14 ministros que, bien han sido condenados ya o bien están siendo investigados por corrupción. Y eso que Aznar decía que el PP era incompatible con la corrupción. Está visto que por la boca muere el pez.

El último de los miembros del PP investigados por corrupción, Eduardo Zaplana, formó parte activa del PP de M. Rajoy en la oposición durante la legislatura 2004-2008 y hay indicios racionales de criminalidad más que suficientes para considerar que Zaplana pudo sacar con destino a paraísos fiscales cerca de 11 millones de euros procedentes de comisiones ilegales percibidas durante su etapa de presidente de la Generalidad Valenciana.

Zaplana también acudía a las manifestaciones patrióticas por la unidad de España y contra ETA que promovía el PP en la oposición durante las dos legislaturas del gobierno Zapatero, enarbolando banderas de España, mientras, por detrás, evadía presuntamente capitales. ¿Es eso ser patriota y solidario o simplemente es una estrategia para conseguir el poder político y económico sin importar el interés general de los ciudadanos? Ya son demasiados los intercambios de disfraces entre el doctor Jekyll y mister Hyde de los miembros del PP sin que hayan provocado responsabilidades políticas a sus máximos dirigentes, que tienen el deber de garante y, por tanto,  tienen que ser responsables de las actuaciones de sus subordinados. La omisión del deber objetivo de cuidado también genera, además de la política, responsabilidad civil, administrativa o penal, según los casos.

Y las últimas noticias confirman todas las tesis anteriores, porque el PP ha sido condenado como partícipe a título lucrativo y ha quedado acreditada la caja B y la financiación irregular en el periodo estudiado por la investigación de la trama Gürtel, es decir, desde 1989 hasta 2008, por lo que M. Rajoy no puede decir que esta trama forma parte del pasado, ya que él era el máximo responsable de la formación en parte de ese periodo. Caja B que, en otro orden de cosas, prueba definitivamente que este partido iba dopado a las confrontaciones electorales (tenía dinero suplementario e ilegal con el que poder manipular, persuadir, engañar a los ciudadanos y, en consecuencia, conseguir más votos). El dopaje, al menos en el deporte, es una causa para suspender del ejercicio del mismo a sus responsables por un periodo determinado e incluso de separar del mismo. Así lo puede ser ahora también con los partidos políticos después de la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas después de la reforma del Código Penal aprobada por Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.

Y, claro que sí, Pablo Iglesias no ha sido consecuente con sus palabras y, por consiguiente, debería dimitir, pero el PP no puede convertir este asunto en una cortina de humo y justificar la trama corrupta que ha amparado durante muchos años M. Rajoy, máximo responsable del PP y del gobierno, quién debería renunciar a su cargo inmediatamente, por dignidad y por vergüenza. Todos sabemos que no lo hará y que habrá ciudadanos que le sigan apoyando y aplaudiendo; ciudadanos que parecen conformes con la existencia de la corrupción política; bueno, sólo cuando ésta es cometida por los hunos, los conservadores, porque para esos ciudadanos los hotros (los rojos y extremistas), sean honrados o corruptos, nunca deberían tener derecho a gobernar. Ya se sabe, son -como los define la derecha política y sociológica y sus aduladores mediáticos- los perroflautas, los antipatriotas y la mejor esencia de la anti España.  ¡Qué pena de país!