Lunes, 21 de mayo de 2018

Vergüenza patria

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Es evidente que España se encuentra en la encrucijada de una fractura política y social sin precedentes. La reválida del gobierno del PP, en 2016 (apoyado, no por la mayoría absoluta del pueblo español, sino por la conveniencia política de un partido político como Ciudadanos y la abstención de algunos parlamentarios del PSOE) nos está conduciendo hacia el precipicio. Y lo peor de todo es que no se ve aún la luz al final del túnel, sino todo lo contrario.

A las presuntas corruptelas de los gobiernos del PP (nacional y de varias comunidades autónomas) desde hace varios años, se unió la falta de cintura política al abordar el problema independentista catalán (gestionado de forma pésima por un nacionalismo integrista español encarnado por las huestes de M. Rajoy, quien pensó que el “proces” iba a ser pan comido) el drástico recorte de los derechos individuales y de las libertades fundamentales (con unas reformas penales y de seguridad ciudadana totalmente regresivas) y de derechos sociales (reducción de gasto público en sanidad, educación, servicios sociales y una normativa laboral de condiciones de trabajo precarias y salarios deficientes, que no garantizan pensiones dignas para el futuro).

En un Estado Social como el nuestro y en tiempos de paz, no parece muy razonable que el gobierno incremente más los presupuestos para defensa (en un 11 %), que para educación (3%), sanidad (3,9 %) o dependencia (3,4 %), como tampoco es muy decente que los colegios concertados reciban más apoyos que los públicos.

A estas pinceladas generales se une más carnaza cada semana. Las anteriores han sido presididas por la soberbia de una presidente de la Comunidad de Madrid que, apoyada y aplaudida “efusivamente” por los miembros de su partido decía, con arrogancia y chulería que “no me voy, me quedo, me voy a quedar”, a pesar de haber manipulado la información relativa a su Master y haber engañado a los ciudadanos.

Durante esta semana, el episodio “Cifuentes” ha alcanzado sus más altas cotas de desvergüenza al filtrarse un video de hace siete años (en plena precampaña de las elecciones autonómicas en las que su partido, el PP, ganó las elecciones y ella proclamada presidente de Madrid) en el que se ve cómo la política de la “coleta rubia” es registrada por un agente de seguridad de un centro comercial después de haber sustraído dos botes de cremas de cosmética para prevenir el envejecimiento. Parece mentira que a una mujer de su status económico y social la “pillen in fraganti” metiendo cosas para el bolso en un supermercado, como si de Tippi Hedren se tratara interpretando magistralmente “Marnie”, de Alfred Hitchcock.  Por cierto, en la publicación del video de las cremas se han puesto de manifiesto las técnicas de vendetta más típicas de las organizaciones mafiosas. Tantos años en el poder, y absoluto, generan, por desgracia, estas cosas. ¿Nos merecemos los ciudadanos estos gobernantes que priorizan su interés particular al general de la colectividad?

Todo esto en la cálida arena del Coliseum madrileño, pero en el albero nacional también han ocurrido sucesos esperpénticos y deplorables. Por un lado, en la final de la copa del Rey de fútbol, fueron requisadas por la policía por orden del ministerio del Interior (como si de armas blancas o de fuego se tratase) las camisetas amarillas con la inscripción de la palabra libertad, que cientos de aficionados blaugranas portaban. Desde luego, parece increíble que se cercene de esta forma una libertad fundamental tan constitucional como es la libertad de expresión, máxime cuando esta conducta en sí ni es agresiva ni tiene que generar violencia, sino la manifestación pacífica de una reivindicación (estemos o no de acuerdo con el contenido de la protesta). Recordemos la famosa frase atribuida a Voltaire, pero que en realidad es de la escritora británica Beatrice Hall “estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. No parece que el gobierno de M. Rajoy profese demasiado este lema.

Por otro lado, también durante esta semana, el PP en el Senado ha rechazado la iniciativa socialista para ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco, que, como todos sabemos, tiene como objetivo prioritario la difusión de la memoria y obra del dictador. Esta fundación ha recibido dinero público, no sólo con los gobiernos de M. Rajoy, sino también con los de Aznar, mientras desde 2012 el gobierno de M. Rajoy no ha destinado ni un euro a la Ley de Memoria Histórica, teniendo que hacerlo las Comunidades Autónomas. Un ejemplo de decencia, en este apartado, lo ha tenido la Junta de Castilla y León que sí ha destinado fondos de sus presupuestos para permitir la apertura de fosas comunes en nuestra región y que los familiares de las víctimas puedan dar sepultura digna a quienes aún están enterrados en la indignidad de las cunetas. ¿Se puede alguien imaginar que hubiera fundaciones en Alemania o Italia que tuvieran como objetivo dignificar las figuras del Führer o el Duce y que recibieran fondos públicos de los respectivos gobiernos?