Sábado, 21 de abril de 2018

Dime cómo te defiendes...

 

… y te diré quién eres, o quién fuiste. Los catorces de abril, aunque el cine español o determinados mitómanos del ala izquierda vivan instalados en un perpetuo catorce de abril, invitan a pensar en una época fugaz de la Historia de España. Más larga, eso sí, que la Primera, ¡a poco!, la Segunda República es presentada como ese oasis precedido por siglos de áspero desierto y seguido por décadas de oprobio hasta nuestros días, “régimen del 78” inclusive.

Tricolor al contrario que su antecesora, no menos republicana por haber sido bicolor, sus Cortes Constituyentes la dotaron de una Ley de Defensa antes de haber cumplido con el encargo de elaborar la carta magna, que no aprobó el pueblo español, del que emanaban todos los poderes (así rezaba el texto en su primer artículo), sino curiosamente los mismos redactores. Tampoco debió convencerles el resultado, pues añadieron con calzador y sin vergüenza la mencionada Ley de Defensa como disposición transitoria, y aún estuvo vigente veinte meses más.

Conocer la Ley de Defensa de la República que apareció en La Gaceta de Madrid el 22 de octubre de 1931 y empezó a regir al día siguiente, ponerla en su justo contexto y considerar lo que unos y otros dijeron entonces de ella sería un sano ejercicio para el día de hoy, por aquello de rebajar la inflamación de los discursos y combatir la ignorancia de los manifiestos.

Propio de cualquier régimen autoritario, el breve texto de seis artículos designó juez supremo al Ministro de la Gobernación: ¿para qué la separación de poderes?, ¿para qué los tribunales de justicia?, ¿para qué el Estado de Derecho? Los derechos de reunión, de asociación, de manifestación, la libertad de prensa, quedaron sometidos a esta disposición protegida por el manto constitucional. La apología del régimen monárquico, ya fuera por tararear en bajito la Marcha de Granaderos o por asomar una esquinita de la rojigualda, podía acarrearte confinamiento o destierro sine die, una multa de hasta diez mil pesetas (¡un capital!), o la degradación o despojamiento de un puesto de trabajo en la función pública.

Por esto, y por tantas cosas, que si hay Tercera sea porque los españoles queremos, por la vía de la reforma constitucional prevista, sin que nadie crea que haya que defenderla pisoteando los derechos civiles. ¡Larga vida al reino y, sobre todo, a la libertad!