Lunes, 21 de mayo de 2018

A vueltas con la prisión permanente revisable

Resulta curioso comprobar la facilidad que tienen todos los partidos políticos para olvidarse de lo prometido durante las campañas electorales y,  a la vez, el empeño que ponen para  no distinguirse demasiado y dejar clara cuál es su posición a la hora de aplicar el peso de la ley con la severidad que reclame la gravedad de los delitos. A pesar de que la inmensa mayoría de la población vería con buenos ojos la acción de un gobierno insobornable, recto y escrupuloso, se ve que nadie quiere ser el malo de la película.

Sea cual sea el foro en que se debate el tema, siempre asoman dos bandos claramente definidos. De un lado, los juristas siempre se mostrarán partidarios de no legislar en caliente, cosa que merece tenerse muy en cuenta para no sobrepasar los límites de lo moral y convertir lo que debería ser justicia en mera venganza. En el lado contrario se mueven los que piensan que el actual código penal, en muchos casos, o no recoge hechos análogos a los que se enjuician o, cuando los recoge, las penas no van en consonancia con la gravedad del delito. Yo me incluyo en este segundo grupo y, sin pretender tener más razones que los demás, sí opino que en el término medio está la virtud.

Cuando el PP aprobó en el Congreso la Ley de Seguridad Ciudadana en Marzo de 2015, se introdujo en el Código Penal la nueva figura de la Prisión Permanente Revisable (PPR) aplicable en casos graves perfectamente definidos y con unas garantías análogas a las que existen en multitud de naciones de nuestro entorno que la vienen aplicando desde hace años, sin que nadie se rasgue las vestiduras. Ahora, cuando comienzan a impacientarse los adalides de la justicia, el PP cree que ha llegado la hora de cambiar de camisa y, aunque no haya cambiado ninguna de las razones que le llevaron a aprobarla, cree que ganará algunos votos si consigue “suavizarla”. Como en tantos otros asuntos, en éste también vuelven a equivocarse. La mayor parte –por no decir todos- los votantes que han perdido su confianza en el partido de la gaviota, lo han hecho al comprobar la indecisión, en unos casos, y la cobardía en otros, para sintonizar con las necesidades y aspiraciones de los que se han visto ninguneados. Gobernar mirando más a los votos que a los más perjudicados, es una forma más de prostituir la acción de gobierno. Con esta forma de mantenerse en política, es muy posible que los populares pasen una larga temporada en el banquillo.

Estamos comprobando cómo ocho de cada diez españoles se declaran partidarios de no derogar la vigencia de la PPR. Los partidos populistas antisistema es lógico que lo pidan porque llevan en las venas su oposición a todo. Por razones análogas, algunos de los partidos constitucionalistas también apoyarán la derogación, aunque la mayoría de sus simpatizantes opinen lo contrario. Todo lo que sea debilitar la acción del gobierno es bueno para su causa. De esta forma queda tristemente demostrado que aún debemos perfeccionar nuestra cultura democrática. El día que exista plena concordancia entre lo que refleja el recuento de las urnas y lo que piensan los electores, podremos decir con toda propiedad que el verdadero poder reside en el pueblo.

Yo también estoy de acuerdo en que no se debe legislar en caliente, porque se cae en conducta cainita. Hay que hacerlo con sangre fría, teniendo en cuenta todos los actores de la escena: los autores y también las víctimas. ¿O es que sólo se demuestra la magnanimidad pensando en el acusado, sin acordarse de las víctimas? Entre los motivos que se aducen para oponerse a la PPR, se dice que constituye una forma de cadena perpetua encubierta. Los que así opinan saben que no dicen la verdad porque la decisión de suspender esa condena permanente recae en otro tribunal imparcial y debidamente capacitado. La verdadera cadena perpetua la sufren los familiares de esas víctimas tan salvajemente eliminadas cuando ven que los culpables, sin haber demostrado su rehabilitación ni haber pedido perdón, se ríen descaradamente de jueces y policías aumentando el dolor de los familiares o disfrutan libremente de la libertad necesaria para poder repetir sus crímenes. En ese triste caso habrá muchos responsables de lo que pueda suceder.

En todo caso, y sin legislar en caliente, no es lo mismo sumarse a las campañas que se promueven desde plataformas con algún color político –algo que todos tenemos- y otra cosa muy distinta es hacerlo bajo el dolor directo de algún allegado. Entre los familiares de las víctimas que están en la mente de todos, no hay uno solo que se mueva por la venganza y sí para evitar que nadie pase por el mismo trago. Obremos todos en consecuencia.