Jueves, 26 de abril de 2018

Intolerancia

Profesor de Derecho Penal de la Usal
La Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia ha condenado con rotundidad la carta del alcalde de Pajares de la Laguna

Hace unos días e instantes previos a la intervención de la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, Mercedes García Arán, en el Aula Unamuno de nuestra Universidad,  en relación a los procesos penales en el “Proces”, me comentó en privado que con todo lo que estaba sucediendo en Cataluña no tenía ganas de nada, tan sólo de llorar. Realmente estamos viviendo una época poco propicia para la convivencia en España y, más que nunca, se reavivan los cainitas enfrentamientos entre los que Unamuno denominaba “los hunos y los hotros”. Parece que a ciertos sectores sociales y políticos les interesa esta situación, porque de una manera u otra sacan rédito político (los independentistas catalanes y el gobierno de España) entre sus adeptos más fanáticos, para desesperación de los millones de ciudadanos que aún creemos en la sensatez, en el sentido común y en el diálogo y el consenso como primeros instrumentos a los que hay que acudir, necesariamente, para resolver los conflictos sociales y políticos, porque vivimos en una sociedad avanzada y porque esos ideales se encuentran en el centro de gravedad de un Estado Social y Democrático de Derecho. Si renunciamos a ellos nos introduciríamos en una espiral diabólica que podría terminar con los principios y valores que identifican a ese Estado de Derecho, regresando a los tiempos más oscuros de las dictaduras que hemos vivido en España en los últimos siglos.

En esas épocas, concretamente en los tenebrosos años de la dictadura franquista, es donde sería más feliz el alcalde de Pajares de la Laguna (Salamanca) (PP) a juzgar por las expresiones que ha plasmado en una carta dirigida al presidente del Senado, Pío García Escudero, en la que manifiesta que el presidente de Senado es un “mamporrero” de Compromís, por aceptar la tramitación del cambio de algunas calles de Pajares de la Laguna dedicadas a líderes y jefes militares del franquismo, conforme a lo establecido en la conocida ley de Memoria Histórica. El señor Juan Antonio Benito se ha despachado a gusto con la Ley de Memoria Histórica, el presidente que gobernaba cuando se aprobó (Zapatero) y los políticos de “Podemos”. A la Ley de Memoria Histórica la ha calificado de “aberrante, abyecta, infame, un despilfarro público, manipuladora y depuesta por un tal José Luis Rodríguez el Rojo, un individuo indigente mental que nos dejó una herencia de ruina absoluta y hambre generalizada”. A los políticos de “Podemos” los ha calificado de vagos, maleantes, violentos, antisistema, delincuentes, matones, proterroristas y anti demócratas.

Estos calificativos, además de ser presuntamente injuriosos, destilan odio y resentimiento hacia los políticos que no son de su “cuerda ideológica”, además de suponer un grave atentado contra la dignidad de todas esas víctimas del franquismo. Esa conducta hostil, vejatoria y humillante es más grave aún, cuando aún hay más de 100.000 cadáveres de republicanos que fueron condenados a muerte y ejecutados por ser leales al Estado Democrático y a la legalidad amparada en la Constitución de la Segunda República y que sus familiares nunca han podido llorar ni han podido homenajearlos con los ritos fúnebres a los que tiene derecho todo ser humano fallecido. 

Cierto es, y es de bien nacidos reconocerlo, que en la Guerra Civil se cometieron barbaridades por parte los dos bandos; igualmente condenables son los asesinatos de Badajoz, como los de Paracuellos del Jarama o los muertos por el bombardeo de Guernica (por poner sólo algunos ejemplos), como también lo fueron las ejecuciones en las retaguardias del Madrid Republicano, en 1936 o en las retaguardias del bando sublevado, en Salamanca, por ejemplo. Ahora bien, justo es reconocer también que los vencedores, a partir del 1 de abril del 39 y hasta muchos años después, ejecutaron, sin piedad, a miles de presos republicanos en las cárceles franquistas y en tiempo de paz, además de las penurias que sufrieron otros muchos, que se libraron de la ejecución pero no del indigno encierro, las torturas y la humillación, amén de los miles de españoles que tuvieron que exiliarse y que muchos de ellos jamás volvieron. Tampoco es menos cierto que las víctimas del bando nacional fueron dignificadas y honradas como merece todo ser humano, algo que no sucedió con las víctimas republicanas, incluso después de 80 años de finalizado el conflicto aún siguen miles de ellas dispersas por las cunetas de España, una auténtica vergüenza para cualquier estado democrático. Además, los crímenes cometidos por el bando franquista, a diferencia de los otros, nunca fueron juzgados.

Este señor, con sus declaraciones, se sitúa claramente al lado de los rebeldes, de los que terminaron por la fuerza con el régimen democrático republicano y de los que, paradójicamente, juzgaron y ejecutaron  a miles de republicanos por delitos de “adhesión y auxilio a la rebelión”.  Aún recuerdo cuando mi buen amigo Luis Calvo Rengel (ya casi nonagenario) me contaba la anécdota que protagonizó en una oficina de la vieja cárcel salmantina de la Aldehuela cuando consultó por primera vez (ya en democracia, por supuesto) el expediente personal de su padre (Juan Calvo Moronta), juzgado,  condenado a muerte por “adhesión a la rebelión” y ejecutado la mañana del 4 de octubre de 1937. En el silencio de la oficina y al leer que fue condenado por “adhesión a la rebelión” no pudo contenerse y dando un puñetazo en la mesa con gesto de rabia y dolor gritó: “¿pero quién coños se rebeló?”.

Para finalizar, la pregunta que muchos nos hacemos después de leer las lindezas, patadas a la realidad histórica y desprecio absoluto por los vencidos en la Guerra Civil que se vierten en la carta que este señor dirigió al presidente del Senado (se puede leer íntegra la carta en cualquier plataforma digital de noticias o en las redes sociales, invito a los lectores a hacerlo), es la siguiente: ¿una persona que actúa así puede dirigir con responsabilidad y sentido común los destinos de un municipio y, lo que es más grave aún, puede dirigir un colegio público y educar a los niños en valores de libertad, igualdad, tolerancia, justicia, pluralismo, solidaridad y ética? Qué pena que sigamos así 8 décadas después de finalizada la guerra y 4 de la restauración del Estado Social y Democrático de Derecho.