Lunes, 16 de julio de 2018

Dura lex, sed lex

En el momento de escribir estas líneas, acaba de producirse el fallo de la Sala de Recursos del Tribunal Supremo en relación con el presentado por el exvicepresidente Oriol Junqueras solicitando su puesta en libertad. Llama la atención la unanimidad de los magistrados, así como la contundencia de sus razonamientos. A la vista de lo demoledor del escrito, poco porvenir le espera a un posible recurso. Ahora bien, con independencia de este veredicto, hoy quiero poner de manifiesto la sensación que experimenta el ciudadano de a pie, ese que paga sus impuestos y procura cumplir con lo que dictan las leyes, cuando se le habla de la justicia.

Para un profano en la materia, el sentir general conduce a pensar que, cuando se trata de aplicar la justicia a un ciudadano, se debe distinguir claramente si el justiciable es alguien relacionado con la política. En este caso, al conocer la sentencia, podemos considerar que se ha aplicado una especie de moneda de cambio. Es decir, que al dictar sentencia se ha buscado más calibrar las consecuencias de la misma que sancionar la falta cometida.

Tampoco contribuyen a aclarar las ideas del ciudadano de a pie aquellas sentencias que, ante los mismos hechos y análogas responsabilidades, difieren en su rigidez o duración. No dudo que sean justas, tal vez carecen de la suficiente explicación para que sean comprendidas. Razón de más para valorar el significado de este fallo del Supremo que viene a certificar de la independencia de poderes.

Toda democracia que se precie, como sucede en España, se asienta sobre tres poderes básicos, claramente independientes. El legislativo, que dicta las leyes; el ejecutivo, que vela por su cumplimiento, y el judicial, que juzga y hace ejecutar lo juzgado para tutelar los derechos del individuo. Cuando en las decisiones de cualquiera de ellos se aprecian influencias de otro se está prostituyendo la esencia de la democracia. Estamos asistiendo a un momento muy delicado de nuestra historia, como consecuencia del monótono empeño de una parte de los ciudadanos de Cataluña por alcanzar la independencia de su Comunidad. Aquí no se está hablando de un pueblo sojuzgado, ni de ciudadanos perseguidos por sus ideas; tampoco se puede decir que el Estado español haya discriminado ni uno solo de sus derechos o establecido diferencias en relación a las competencias de cada Autonomía. Más bien Cataluña figura entre las Comunidades que han asumido competencias que no se han adjudicado a otras.

El problema es muy sencillo. Desde que España goza de un nuevo régimen democrático, los sucesivos gobernantes que han ocupado la Generalidad se han dedicado a propalar un rosario de falsedades que –algún día tenía que suceder- se han ido desmontando poco a poco. Hasta los más incautos se han dado cuenta que lo de España nos roba era una burda pantalla que buscaba tapar a quienes –esta vez sí- se lo llevaban a casa, y en muchos casos, lejos de casa. Que Cataluña fue en su día independiente de España es algo que se enseña en los colegios a quienes nunca han escuchado la versión real de la historia. El manejo hábil y constante de tantas posverdades ha alumbrado un amplio colectivo de ciudadanos convencidos de que España es un estado explotador cuya misión es hundir a Cataluña. Ahora está aflorando la cosecha de lo que se ha sembrado en los últimos cuarenta años. Esa siembra de falsedades, unida a la constante inacción de los gobiernos de turno, es la culpable de los millones de votos que apoyan el independentismo. Eso está ahí, y no querer verlo constituye un grave problema.

Todos los movimientos independentistas catalanes, que no dudan en aliarse cuando se trate de alimentar la secesión – ver foto de familia-, han estado siempre convencidos de que el Gobierno de Madrid nunca se atrevería a meter en la cárcel a quien osara desafiar la unidad de España. Sencillamente porque han estirado la cuerda en más de una ocasión y nunca se rompió; y otras veces porque se necesitó su apoyo para sacar adelante proyectos políticos. Todo ello les ha proporcionado una excusa para ir desobedeciendo todos los requerimientos que llegaban desde organismos centrales. Y, hasta ahora, nunca pasó nada.

Hoy, cuando se han despertado a la realidad de la Justicia, se pretende recurrir a pretendidos “hombres de paz” –que no han dudado en dar un Golpe de Estado—y cuyos seguidores siguen considerándolos presidentes de la nueva “república”, o, en el colmo del cinismo, hacer ostentación de su fe cristiana. Se les ha olvidado que fue Jesús quien dijo Dad al César lo que es del César..  No es que traten de engañar al Estado de manera infantil, que también, es que no se molestan en disimular su lenguaje cuando se dirigen a los suyos. Yo creo que esta vez han pinchado en hueso. Al menos eso es lo que esperan la mayoría de españoles, que, por dura que sea la ley, esta vez se aplique con todas sus consecuencias.