Miércoles, 24 de enero de 2018

Año políticamente nefasto

Profesor de Derecho Penal de la Usal

2017, que está dando sus últimos estertores, ha sido un año políticamente nefasto. Comenzó con un nuevo gobierno de M. Rajoy apoyado por Ciudadanos, pero que se iba calentando en dos frentes completamente diferentes (investigación de la corrupción política y cuestión catalana), aunque protagonizados por los mismos agentes, gobierno y PP en la corrupción y gobierno, PP y partidos independentistas, en la cuestión catalana. El Parlamento ha sido testigo de asuntos que no deberían bloquear la principal agenda del poder legislativo (preparación, elaboración y aprobación de las leyes). Ha funcionado casi exclusivamente para intentar controlar la acción del  Gobierno; aún así, las interpelaciones y preguntas parlamentarias de los partidos de la oposición son contestadas sin la información precisa y concreta. Como ejemplo de este desaguisado son las veces que el presidente M. Rajoy ha respondido sobre cuestiones de corrupción en el PP sin aclarar absolutamente nada.

A esa inactividad legislativa ordinaria (la discusión de leyes propuestas por el Ejecutivo, es decir, los proyectos de ley) se une el bloqueo sistemático por parte del Gobierno de las proposiciones de ley, conforme a lo establecido en el artículo 134.6 de la CE, es decir, “toda proposición que suponga aumento de créditos o disminución de ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.

La no asunción de responsabilidades políticas por parte del PP en relación a los casos de corrupción que se están investigando por los tribunales de justicia y la inactividad legislativa en los dos frentes (ausencia de proyectos de ley y veto de proposiciones de ley de los grupos de la oposición) constituyen una espiral diabólica que está generando consecuencias muy negativas para el progreso social de nuestro país y para la mejora, bienestar y respeto de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Por no aprobarse ni siquiera se ha hecho con los Presupuestos Generales del Estado para 2018, teniendo que prorrogar los de 2017. Y aquí es donde gobierno y oposición se tiran los trastos a la cabeza, porque para los primeros, si no hay presupuesto es imputable a la oposición, responsabilizando a ésta de que no haya subida salarial a los funcionarios ni a los pensionistas y para los segundos, el responsable de que no haya presupuestos es del Ejecutivo, que no incrementa las partidas sociales como debería y, por tanto, no pueden contribuir a la aprobación de los mismos.

El segundo gran frente que está impidiendo de forma clara que la legislatura se encarrile por la senda adecuada es la cuestión catalana, es decir, la convocatoria ilegal de referéndum en Cataluña, la declaración unilateral de independencia, la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, las elecciones autonómicas del 21 D y los resultados de las mismas que han ratificado la mayoría absoluta de escaños (no así de votos) de los partidos secesionistas sobre los constitucionalistas y la marginal representación del PP en Cataluña, siendo éste quien sostiene al Gobierno de España. Además, sobre la cuestión catalana no sabemos aún la verdadera entidad de las nefastas consecuencias que traerá para el progreso de nuestro país y la convivencia de los ciudadanos.

El Ejecutivo de M. Rajoy conoce perfectamente que estos problemas pueden tener consecuencias negativas incalculables y para contrarrestar esto desde hace mucho tiempo ejerce un control escandaloso de los medios de comunicación. El Gobierno está obsesionado por buscar titulares de prensa que les sean favorables con el fin de remontar los malos augurios que les dan las encuestas electorales. Así, la firma con los agentes sociales y económicos de la pírrica subida del 20 % del Salario Mínimo Interprofesional en 3 años, condicionada siempre al incremento del PIB, ha sido recogida por los medios de comunicación como una noticia tremendamente positiva, cuando en realidad no es así, ya que la subida siempre estará condicionada a la evolución del PIB y para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores tendría que crecer mucho más.

Otro ejemplo significativo es que la prensa tradicionalmente menos conservadora también le está echando una mano al Gobierno de M. Rajoy. Como ejemplo han sido los titulares que algunos diarios han dedicado al compromiso del Gobierno con la OTAN de incrementar el 80% en el periodo de 7 años, el gasto militar, diciendo que, a pesar de ello, este incremento no alcanza el 2 % del PIB. No estaría mal que el presupuesto de Educación, Sanidad y Servicios Sociales se incrementara también en un 80 %. Otro gallo nos cantaría a los ciudadanos en España.

En cambio, noticias como las de que según el último Observatorio de Emancipación  del Consejo de la Juventud de España, sólo 2 de cada 10 jóvenes pueden emanciparse, que el 37,6 % de personas de entre 16 y 29 años se encuentran en riesgo de pobreza,  que la temporalidad afecta al 48,9 de los jóvenes empleados o que el 92,4 % de las nuevas contrataciones de jóvenes trabajadores de menos de 30 años son temporales y con unos salarios de auténtica miseria, no se suelen difundir en primeras páginas de periódicos o en los titulares de los telediarios.

Cada día estoy más convencido que el PP, que ha sido una pieza clave en la quiebra social y económica que sufre nuestro país, no puede ser quién arbitre las soluciones a los problemas de España. M. Rajoy debería dimitir y convocar elecciones a las que no debe concurrir como candidato. Es la única forma de mantener la esperanza en el cambio y de que 2018 sea mejor que el año que ahora termina.

¡FELIZ AÑO NUEVO!