Domingo, 17 de diciembre de 2017

Cambio de jueces en la Gürtel

Profesor de Derecho Penal de la Usal

En dos ocasiones concretas (años 2005 y 2006), varios policías -y mediante una operación coordinada por el ministro de la gobernación Carlos Vielmann-, se encargaron de ejecutar a un total de 10 presos que cumplían condena en cárceles de Guatemala, dentro de una operación política denominada “limpieza social”, que pretendía acabar con líderes de la delincuencia en ese país, uno de los más desiguales económicamente (está en manos de muy pocos, mientras la gran mayoría de la población vive en la más absoluta pobreza y marginalidad) y más inseguros y violentos del mundo, a pesar de las durísimas leyes penales y las condiciones infrahumanas, de tortura y malos tratos que existen en las cárceles de aquél país.

Pocos meses antes de iniciarse el proceso penal en Guatemala (en 2009) y con otro gobierno, de color político diferente, presidido por Álvaro Colom (de centro izquierda, diferente al gobierno ultra conservador de Óscar Berger, al que pertenecía Vielmann), el responsable de gobernación cuando se produjeron los hechos (Vielmann) viajó a España para quedarse, dado que al ser descendiente de españoles tenía la doble nacionalidad. El director general de la policía, Erwin Sperisen, también presente el día de autos, coordinando la operación, viajó a Suiza para quedarse en ese país, huyendo de la justicia guatemalteca.

En Guatemala se inició el proceso penal en el que fueron condenados a penas elevadas por delitos de asesinato el jefe del operativo policial y varios policías, dado que, según las investigaciones, la operación policial fue un montaje, no hubo enfrentamiento ni oposición de los reos, por lo que fueron ejecutados y se demostró que hubo un plan preconcebido y sistemático dirigido por el ministro de la gobernación (que estuvo presente y dirigiendo todo el operativo en la cárcel de Pavón desde las 6 de la mañana del día de los hechos) para acabar con la vida de internos concretos (cabecillas y que controlaban ese penal). Entre las pruebas que demostraron los hechos se encuentran las que acreditaron que los ejecutados tenían ropas diferentes a las que supuestamente tenían en el momento de los crímenes, porque ninguna de esas vestimentas tenía los impactos de bala que les causaron la muerte.

El director general de la policía, Erwin Sperisen, huido a Suiza, fue juzgado y condenado en ese país, en 2014, a cadena perpetua. Pues bien, llega el momento de que Vielmann sea juzgado (en los primeros meses de 2017), por la Audiencia Nacional de España, donde fue absuelto, porque, según el tribunal, los hechos probados “no evidencian un plan diseñado desde el gobierno para la ejecución extrajudicial de los integrantes”. No se ha probado, por tanto, que el acusado participase en “la ejecución de los reclusos, ni admitiéndolo, ni autorizándolo, ni manifestando respaldo o aquiescencia”.

La sala de la Audiencia Nacional encargada del enjuiciamiento estuvo presidida, curiosamente, por la magistrada Concepción Espejel, “Concha para los amigos”, como dijo públicamente Dolores de Cospedal en una comparecencia hace tiempo, y propuesta por el PP, al igual que el otro magistrado de esa misma sala, Juan Pablo González. En cambio, el tercer magistrado (del sector progresista), José Ricardo de Prada, emitió un voto particular. Para este magistrado, Vielmann sí es responsable, en comisión por omisión, de los asesinatos de los reos, ya que como director de la operación, tenía el deber de impedir las actuaciones criminales realizadas por los policías ejecutores y no lo hizo. Como manifestó el abogado de las víctimas “se puso en situación de ceguera para no ver nada”. Para el magistrado José Ricardo de Prada, no se tuvieron en cuenta algunas pruebas que practicó en Guatemala la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada precisamente por Naciones Unidas para apoyar a la fiscalía de aquél país en la investigación de delitos cometidos por los poderosos y los políticos (también los relacionados con temas de corrupción) y que aportaban indicios más que suficientes para incriminar al  ex ministro Vielmann.

Desde luego merece la pena reflexionar sobre algunas cuestiones relevantes. En primer lugar, que el presidente de la república en el momento de los hechos enjuiciados (Óscar Berger) formaba parte del partido Gran Alianza Nacional (GANA), que se había coaligado con el líder del Partido Patriota (PP), Otto Pérez Molina, y que posteriormente (en 2015) sería presidente de la república, amigo personal de Aznar y que recibió la llave de oro del Ayuntamiento de Madrid, de manos de la alcaldesa Ana Botella. Otto Pérez Molina actualmente está encarcelado por la presunta comisión de delitos relacionados con la corrupción política. En esa visita que hizo a España Otto Pérez Molina y que recibió la condecoración de Madrid, también fue recibido por el presidente Rajoy y por el rey Felipe VI. En segundo lugar, el abogado de Vielmann es Alberto Molina, representante legal del dueño de la cadena de comida rápida “pollo campero”, Dionisio Rodíguez, uno de los personajes más poderosos de Guatemala, amigo personal de Aznar y a quién le proporcionó un avión privado para asistir al famoso Congreso del PP en Valencia, en 2008. Este empresario ha tenido varias demandas en Estados Unidos por presuntos delitos de evasión fiscal. También pertenece al grupo de ideólogos de la fundación FAES, que preside Aznar.

Pues bien, el lector dirá que a que viene este largo preámbulo. Simplemente para constatar que esa misma sección de la Audiencia Nacional que absolvió a Vielmann, será la competente para juzgar la causa de la presunta “caja b” del PP en el caso Gürtel, con la excepción de la magistrada Concepción Espejel, que fue recusada en su momento por su estrecha proximidad al PP. Aunque ahora es la presidente de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que ha resuelto, en sala de gobierno, admitir la propuesta de la nueva presidente de esta sala que juzgará la presunta financiación ilegal del PP, María José Rodríguez Duplá, también perteneciente al sector “conservador” de los magistrados de la Audiencia Nacional.

De momento, el PP está saliendo airoso de las decisiones que está tomando esta sección de la Audiencia Nacional, puesto que la primera actuación ha sido no facilitar a la comisión de investigación “ad hoc”, constituida en Congreso de los Diputados, los informes policiales relativos a la presunta financiación ilegal del partido. La primera, en la frente. ¿Cómo serán el resto de actuaciones?. Confiemos en la independencia de la justicia, que es uno de los principios básicos del Estado de Derecho. Así lo expresa nuestra Carta Magna, que en unos días cumplirá 39 años.