Lunes, 20 de noviembre de 2017

Órdago de los independentistas catalanes con la ley del referéndum

Con los votos de Junts pel Sí y la CUP, que tienen la mayoría absoluta, el Parlamento catalán aprobó la norma para la consulta del 1-O

El presidente catalán, Puigdemont, firmando la ley del referendum

La Cámara catalana dio este miércoles su paso más trascendental desde la recuperación de la democracia y la creación del Estado de las Autonomías. Con los votos de Junts pel Sí y la CUP, que tienen la mayoría absoluta, el Parlamento catalán aprobó la norma que debe servir de base legal para la celebración de la consulta del 1-O y que contempla la declaración de la secesión el 4 de octubre siempre que gane el 'sí'.

El independentismo consumó el desafío y puso la directa hacia la ruptura con el resto de España, en un debate y una votación, que escenificaron la división en la política catalana como consecuencia del proceso soberanista. Y es que, poco antes del momento de la votación, Ciudadanos, PSC y PP se ausentaron del hemiciclo, mientras que Catalunya Sí que es Pot (rota internamente) se abstuvo. Los diputados del PP dejaron banderas catalanas y españolas sobre sus escaños aunque una diputada de Podemos quiso retirarlas. Fue el último capítulo de una sesión, histórica para los independentistas y lamentable, dantesca y vergonzosa para la oposición, en la que la crispación fue la nota característica de una larga jornada parlamentaria, que arrancó a las nueve de la mañana y acabó sobre las nueve y media de la noche.

La Mesa del Parlamento autonómico se reunió hasta en cinco ocasiones, con las respectivas interrupciones del pleno, propiciadas por la oposición que llevaba la consigna clara de obstaculizar el pleno al máximo. Con dos objetivos: ganar tiempo para tratar de impedir la tramitación, lo que hubiera supuesto un duro golpe para los secesionistas en su día 'D', en el día en que anunciaron que ya serían soberanos; y por otro, para responder al secesionismo con su misma medicina.

Si el referéndum es una cuestión de democracia, según afirman los soberanistas para defender la consulta, desde el frente no secesionista les recordaron que también tienen que cumplir los procedimientos y los reglamentos parlamentarios. Y ahí, los grupos de la oposición encontraron un filón para atacar a la mayoría que da apoyo al Gobierno de Puigdemont. A menos de un mes para el referéndum, Junts pel Sí y la CUP demostraron que tienen prisa, que tienen mucho trabajo aún por hacer antes del 1-O y la oposición denunció «atropellos democráticos», «cacicadas», «prácticas antidemocráticas», «vulneración de los derechos de los parlamentarios» por la forma elegida por Junts pel Sí y la CUP para tramitar la ley.

La premura del tiempo obligó a los secesionistas a optar por una tramitación de urgencia, tras cambiar el orden del día una vez empezó el pleno, en la que los grupos opositores no pudieron presentar enmiendas a la totalidad ni pedir informes al Consejo de Garantías Estatutarias (el órgano autonómico encargado de dictaminar si una ley se ajusta al Estatuto y a la Constitución) y omitiendo un informe de este propio organismo, que avisó a la mayoría soberanista que los grupos deben tener la potestad de pedir dictámenes al Constitucional catalán.

Soberanía

En cualquier caso, a día de hoy, a los secesionistas les importa bien poco lo que pueda decir este organismo, teniendo en cuenta que la ley del referéndum desafía toda la normativa vigente y hace borrón y cuenta nueva con la Constitución y el Estatuto. «Hemos aprobado una ley para poder votar», afirmó Lluís Corominas, de Junts pel Sí. «Queremos conseguir la independencia, hoy empieza todo», añadió. Para Anna Gabriel, de la CUP, Cataluña abandonó el autonomismo y entró de pleno en la «soberanía».

Esta es la idea de fondo que proclama la ley del referéndum, que declara a Cataluña como sujeto «político soberano», que como tal «ejerce el derecho a decidir libremente democráticamente su condición política». La norma crea un régimen jurídico excepcional que prevalece jerárquicamente sobre la Constitución y sobre «todas aquellas leyes con las que pudiera entrar en conflicto, en tanto que regula el ejercicio de un derecho fundamental e inalienable del pueblo de Cataluña».

Cinco años después del inicio del proceso soberanista catalán, que arrancó con la manifestación de la Diada de 2012 y con la convocatoria electoral de Mas, el secesionismo dio el salto definitivo hacia la desconexión, a pesar de que no cuenta con la mayoría de los votos (sí de escaños), ya que Junts pel Sí y la CUP sumaron en las elecciones de 2015 el 47% de los sufragios.

El objeto de la ley es regular la celebración del referéndum, sus consecuencias en función del resultado y la creación de la sindicatura electoral. Según destacó Corominas, el referéndum tendrá carácter «vinculante», no tendrá un mínimo de participación para consumar la secesión y la ley fija la pregunta que se someterá a votación: «¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?». Los secesionistas celebraron la jornada como una conquista democrática y expresaron su intención de llegar hasta el final en la celebración de la consulta. La ley del referéndum prevé que se declare de manera inmediata la república catalana en caso de que el 'sí' gane el 1 de octubre, establece que se abra el proceso constituyente en los dos días siguientes y crea una sindicatura electoral de cinco miembros.

Ciudadanos habló de golpe a la democracia y anunció la presentación de una moción de censura para convocar elecciones. Desde el PP, mientras, aseguraron que Cataluña no será nunca una república independiente. «Esto es un engaño y una estafa democrática», dijo Xavier García Albiol. «Sufrirán las consecuencias», advirtió. Miquel Iceta (PSC) recordó el informe que los letrados de la Cámara catalana elaboraron antes del inicio del pleno, en el que se avisaba a los grupos independentistas que la tramitación de la ley del referéndum está afectada por el deber de cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional. Avisaban además que esta ley tiene una «relación directa» con las resoluciones suspendidas y por tanto entienden que los miembros de la mesa están obligados a impedir o paralizar cualquier iniciativa que omita la nulidad de las resoluciones parlamentarias afectadas por las sentencias del constitucional. Los juristas de la Cámara catalana avisaron además a los miembros de la mesa que el incumplimiento de este deber puede dar lugar a la exigencia de responsabilidades en los términos que advierten las resoluciones del Tribunal Constitucional.