Domingo, 19 de noviembre de 2017

El agua y el cauce

El espejismo de estos días va sobre legalidad y ahí, como en todos los espejismos, hay un error. Sé que es materia compleja que no se puede resolver en unos cuantos párrafos, especialmente si se quiere profundizar en el asunto y no repetir solo ideas manidas e infructuosas. Además, la mayoría de los que tienen la gentileza de leerme discutirán que hable de “espejismo” en relación con el tema catalán, cuando es evidente que la situación es grave, burda y real. En eso también tendrán mi acuerdo, aunque insista en lo de la ilusión óptica.

Los que van peinando calva, como uno mismo, no podrán negar que la dictadura franquista era un sistema de legalidad. La ley también puede formular de manera general y abstracta preceptos que tengan poco que ver con la democracia, porque la ley en realidad es un instrumento, importante sin duda, pero un mero instrumento jurídico. De hecho, el cambio de régimen se hizo mediante una hábil maniobra de cambio legal, que podríamos singularizar en la Ley de Reforma Política, la última de las “Leyes Fundamentales” del franquismo, que dio paso, sin decirlo, al período constituyente de 1978.

Por otra parte, también eran leyes la del “referéndum de autodeterminación” o la de "transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana”, cuya vigencia acaba de suspender cautelarmente el Tribunal Constitucional. Porque no es tanto un problema de legalidad, sino de legitimidad.  Ni la mayoría, ni la minoría pueden saltarse las reglas básicas que nos hemos dado en un sistema democrático, sin romper el sistema político; lo cual tampoco sería novedad en nuestra atribulada historia, aunque tampoco desconocemos que las revoluciones y las dictaduras siempre nos han supuesto un carísimo precio, que no deberíamos estar dispuestos a pagar.

Para medir si hay o no rotura está esta delicada institución jurídico-política a la que llamamos “Tribunal Constitucional”, que ya no sólo sopesa cuestiones jurídicas, sino que también tiene implicaciones inevitablemente políticas. Sin pretender faltar al respeto a nadie, también este Alto Tribunal es un instrumento, que la propia Constitución crea como órgano de garantía y de cierre. Podemos discutir en cada caso si sus decisiones son más o menos acertadas, pero es obvio que ocupa un lugar preeminente en la formalización de nuestra convivencia cívica.

No quisiera que se me entienda mal: no discuto que la legalidad y la constitucionalidad sean elementos básicos, y tanto como ciudadano como procesalista no voy a poner en duda la importancia de los Juzgados y los Tribunales para hacer cumplir las normas en los casos de desavenencias. Lo que me gustaría subrayar es que en el caso catalán el problema es en realidad político y como tal tendrá que resolverse, antes o después. En la enconada situación actual, no es difícil prever que eso va a tener que ser más “después” que “antes”…

Me parece que el error o, mejor dicho, los errores, están en tratar de resolver un problema de fondo como si fuera una cuestión de formalidades, y es aquí donde veo el espejismo. Llevamos años tratando de aplazar el problema ampliando conductas punibles en el Código penal, activando a la Fiscalía para que haga su trabajo, etc. … con la pretensión a corto plazo -poco original por otra parte- de que sean los tribunales los que resuelvan la papeleta.  Y por este camino tendremos pronto a varios cientos de alcaldes en prisión preventiva, a no sé cuántos dirigentes de instituciones catalanas enjuiciados y a una sociedad catalana más enfrentada con sus propios demonios.

Insisto en que no quisiera que se me malinterprete: ante una situación como la actual donde la discusión política se salió de madre, no es admisible la infracción de la legalidad y de la constitucionalidad de las normas y, por tanto, los órganos competentes deberán ser consecuentes. Lo que digo es que el problema principal no es la infracción de las normas, por muy elevada que sea su posición en la jerarquía normativa. Si nos quedamos ahí, nos detendremos en el espejismo que contribuyeron a crear quienes no se quisieron enfrentar al problema de frente y sin pereza.

Así, el 2 de octubre próximo, o el 6 de diciembre, seguiremos teniendo una grave cuestión pendiente que deberemos afrontar, de la manera por la que se tenía que haber empezado. Las leyes pueden modificarse por las vías establecidas, la Constitución se puede reformar hasta con nocturnidad como llevamos ya vivido, porque son instrumentos para dar cauce a las necesidades sociales, económicas y políticas. No son parapetos que a la larga puedan evitar enfrentarnos con las exigencias de la realidad.

Y en el terreno político las cuestiones ya son otras,  bastante más complicadas, pero eso no evita que haya que tratarlas, y a poder ser tempestivamente. Pero de eso ya hablaremos otro día.