Aberraciones en democracia

La vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, declaró que la ley de transitoriedad jurídica de Cataluña (como otras leyes que quiere aprobar el parlamento de Cataluña relacionadas con la desconexión con España si triunfa el sí en el referéndum ilegal convocado en Cataluña para el 1 e octubre), es un "producto aberrante en democracia" y son "medidas contrarias a la Constitución y a las más elementales reglas de la democracia".

Indudablemente, no le falta razón a esta señora, porque estas decisiones que puedan adoptar el parlamento catalán y la Generalitat violan lo dispuesto en la Carta Magna y en el resto del ordenamiento jurídico español vigente.

No obstante, estas declaraciones colisionan frontalmente con el comportamiento del gobierno, su presidente y el partido que lo sustenta, el PP, en relación a la comparecencia de Rajoy en el Congreso de los Diputados por la presunta financiación ilegal del PP, que, por otro lado, se está sustanciando penalmente en los tribunales de justicia. Los indicios racionales, las evidencias de haberse cometido los hechos punibles han motivado a la oposición política (mayoritaria en la Cámara Baja) a pedir la comparecencia de Rajoy -que tuvo lugar el 30 de agosto- y exigirle responsabilidades políticas por esas presuntas "aberraciones democráticas" cometidas por el PP bajo la dirección de su líder Mariano Rajoy.

No es sólo una "aberración democrática", es también un insulto a los ciudadanos y sus representantes en el Congreso de los Diputados que el presidente del gobierno no haya dicho nada (una vez más), ni siquiera haya pronunciado las palabras "caso Gürtel", ni haya dicho ni una palabra de la caja B del PP ni mencionado a Bárcenas ni respondido a ninguna de las preguntas que le realizaron los líderes de la oposición en la comparecencia. Si esto ocurre en cualquiera de los países de la UE el presidente del gobierno hubiera tenido que dimitir por haber dirigido un partido político investigado por corrupción y por engañar a los ciudadanos.

Pero de esto nada dice la señora Sáenz de Santamaría, demostrando claramente la hipocresía, tanto de ella como del resto de los miembros del gobierno. ¿Con qué legitimidad se puede exigir a los mandatarios catalanes que respeten la ley si el presidente del gobierno no cumple con la obligación de rendir cuentas de su gestión política ante el Parlamento? No olvidemos que el presidente del gobierno es, a su vez, responsable del PP y, como tal, tiene que rendir cuentas de las actuaciones del mismo, máxime cuando es el partido que sustenta al gobierno de la nación y cuando, además, existen indicios racionales de que varios miembros de esta organización pueden haber cometido infracciones penales.

Por otro lado, considero que es también una "aberración democrática" que los partidos de la oposición no encuentren estrategias para entenderse, ponerse de acuerdo y ofrecer a los ciudadanos una alternativa sólida de gobierno que sustituya al presidido por Rajoy. Los diferentes grupos políticos de la oposición deberían sacrificar sus intereses partidistas para salvar el interés general y la dignidad de la política; de lo contrario, ésta se convertirá en un juego de trileros donde triunfará la soberbia, la prepotencia y las malas prácticas.

El presidente del gobierno también se mofa de esta situación sabiendo que los diferentes grupos de la oposición no se van a poner de acuerdo para tramitar una moción de censura contra él y proponer un candidato alternativo, lo que le faculta para reírse a carcajadas de la ciudadanía.

Resulta lamentable y vergonzoso que Rajoy no haya utilizado el tiempo que tenía en la comparecencia para informar de la presunta financiación ilegal del PP, del apoyo dado a Bárcenas con el famoso mensaje de que aguantara y fuera fuerte, del motivo por el que Rajoy manifestó, en su día, que el PP estaba siendo perseguido y de que había una conspiración para ello entre jueces y adversarios políticos. Resulta indignante que el PP haya puesto palos en las ruedas para que la investigación del "caso Gürtel" fracasara y el ejemplo más claro fue promover las actuaciones para apartar de la instrucción del caso al juez Baltasar Garzón.