Sábado, 23 de septiembre de 2017

Arde la Región Leonesa

Agosto ha llegado a su fin con el hacha entre los dientes, con incendios que han arrasado más de 10.000 hectáreas en La Cabrera (León), 2.000 en Fermoselle (Zamora), y más de 1.000 en El Tejado (Salamanca).

A ellos se suman otros incendios que aunque menores en hectáreas arrasadas, han mantenido en jaque a otras poblaciones de esta maltrecha tierra, como Aldeadávila de la Ribera, que sufrió en julio un incendio de más de 400 hectáreas que se logró parar a las puertas mismas del casco urbano.

La situación, indignante de por sí, lo es más aún si tomamos en cuenta que en abril, tras el grave incendio que arrasó 2.000 hectáreas en El Bierzo, a la Junta se le había solicitado en Cortes por parte del procurador de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, más medios antiincendios en las provincias leonesas, petición que fue rechazada por el gobierno autonómico.

El procurador leonesista hacía esta petición a la Junta a la par que pedía explicaciones por el hecho de que la Región Leonesa esté concentrando cada año casi el 90% de las hectáreas quemadas en toda la autonomía, pese a que Salamanca, Zamora y León, solo suponen el 42% del territorio de la misma, indicando además que cuando se trata de puestos y cámaras de vigilancia, la Junta sólo tiene asignadas a estas provincias el 29%, lo que supone bastante menos de lo que le correspondería por población y territorio.

La Junta, sin embargo, no entró en el fondo del asunto planteado por el procurador de UPL, y se limitó a despacharlo señalando que “cuando se declara un incendio forestal se responde con todos los medios de extinción necesarios […] constituyendo la principal problemática el elevado grado de intencionalidad como causa de los incendios”.

Y de aquellos polvos, estos lodos. Este verano, con el agravante de ser especialmente seco, ha resultado catastrófico para las tres provincias leonesas, y a las amplias zonas quemadas hay que añadir como consecuencia, en una veintena de municipios de León y Zamora, el haberse quedado sin suministro de agua potable al haberse teñido de chapapote negro algunos ríos como consecuencia de las cenizas y sedimentos procedentes del incendio de La Cabrera.

Las consecuencias en este caso van más allá de la gravedad de dejar desamparados a los ganaderos y agricultores que han visto arruinado su medio de vida, y saltan también al sector servicios. Así, en Puebla de Sanabria la falta de agua potable ha derivado en la cancelación de múltiples reservas en establecimientos hoteleros rurales y la marcha anticipada de quienes estaban pasando unos días vacacionales en ellos, mientras que Fermoselle se ha llevado la ‘cornada’ de haberse tenido que quedar sin el día grande de sus fiestas, con lo que ello supone para el comercio local.

Ciertamente, a la torpeza de contar con medios insuficientes, o de por ejemplo la tardanza en la respuesta en el caso de La Cabrera (donde los primeros medios antiincendios llegaron 12 horas después de los primeros avisos al servicio de emergencias de la Junta por parte de los vecinos), hay que unir que el gobierno autonómico no lleva a cabo acciones de prevención durante la mayor parte del año, lo que acaba derivando cuando hay incendios en unas consecuencias más graves, pues los montes se convierten en todo un polvorín.

 

Y es que la Junta no contrata para todo el año a los brigadistas forestales, como hacen otras autonomías (como Extremadura), con lo cual impide que se hagan las labores de mantenimiento y prevención pertinentes en los bosques (que ayudarían a aminorar la gravedad de los incendios y sus efectos).

Asimismo, hay que señalar que la Junta ofrece peores condiciones laborales a los brigadistas en comparación con las autonomías vecinas, con un salario mucho menor que se añade a la temporalidad del puesto (limitada a la temporada de incendios, en octubre serán despedidos), lo que acaba desembocando en que muchos de estos profesionales se acaban yendo por las mejores condiciones laborales a otras autonomías, perdiéndose con ello profesionales experimentados en la lucha contra el fuego.

En todo caso, llama la atención que pese a que las condiciones malas sean generales en toda la autonomía, las consecuencias más graves se las estén llevando año sí y año también las tres provincias leonesas, que este año representarán más del 90% del terreno arrasado en la autonomía por los incendios, y que en la parte castellana de la autonomía apenas encuentra datos algo similares en el caso de Ávila.

Es más, pese a que la Región Leonesa apenas supone el 2% de la población española, llama la atención que hasta el final de agosto las hectáreas arrasadas por los incendios en León, Zamora y Salamanca suponen el 25% del total quemado en España.

En todo caso, cabe preguntarse si hay algún interés detrás de la inacción de la Junta en estas provincias en la materia. Y es que si en 1991 el 90% de lo quemado en la autonomía fue en León, Salamanca y Zamora, en 2017, casi tres décadas después, la situación poco o nada ha cambiado y, de hecho, en este periodo, nunca ha bajado del 60% dicho porcentaje, estando en la mayoría de años por encima del 80%, con varios picos de más del 90%.

Desde luego, los datos no son ni medio normales, aunque tampoco lo son numerosas repoblaciones forestales que ha llevado a cabo la Junta en zonas quemadas de estas provincias, realizadas con especies no autóctonas del medio arrasado, como el pino piñonero (más propio de la comarca de Tierra de Pinares, en Valladolid y Segovia), y que suponen a medio y largo plazo un mayor perjuicio para el entorno, pues acidifican el terreno y acaban amenazando la propia existencia de las plantas autóctonas que se sitúen en sus alrededores. ¿Habrá algún pez gordo juntero que tenga intereses en algún vivero de pinos? A saber, pero visto lo visto en este país, nada así me acabaría sorprendiendo.