Miércoles, 22 de noviembre de 2017
Ciudad Rodrigo al día

La memoria de los “desterrados” republicanos en el SO de Salamanca: Ciudad Rodrigo (I)

La mayoría de las mencionadas víctimas mortales eran jóvenes, solteros, sin descendencia conocida, o casados con pocos hijos
Eugenio Cerezo (Foto: MEMORIA HISTÓRICA DE CIUDAD RODRIGO, COMARCA Y DIÓCESIS. https://facebook.com/groups/895764453834927)

La represión franquista en el SO de Salamanca se organizó y en parte se efectuó en Ciudad Rodrigo (Iglesias 2016: 452-454). Muchos afectados, varias centenas, eran forasteros, bien de los pueblos salmantinos de la comarca mirobrigense o bien de lugares más alejados, de Extremadura o de otra procedencia. Sobre los primeros y su entorno familiar se tiene una información desigual y con frecuencia fragmentaria, ya analizada; sobre los otros la información es muy deficitaria, prácticamente limitada a la documentación procesal. En lo que atañe al devenir de los represaliados de Ciudad Rodrigo y su entorno, además de esta fuente escrita, existe la posibilidad de la tradición oral, pero hasta ahora no ha dado los frutos esperados, por las razones tantas veces evocadas, secuelas de la teoría del olvido, culpabilización de las víctimas, miedo a represalias (principalmente económicas o laborales) y, a estas alturas, desaparición de casi todos los informantes que fueron testigos directos o vivieron en aquel contexto represivo, sea por fallecimiento o incapacidad, sea por los mismos exilios o la emigración. Lo que sigue es sólo una exposición de lo hasta ahora registrado, en espera de una más amplia información oral o escrita, que nunca hay que descartar. Dado el número de personas afectadas, la exposición, siguiendo el orden más o menos cronológico de las “croniquillas” publicadas el año pasado (2016) sobre la represión sangrienta en esta Ciudad, se expondrá en esta y las siguientes semanas.

Si, como parece lógico, se considera protovíctima mortal a Celedonio López Moreno (a) “el Barrendero”, muerto por un falangista en una manifestación callejera el 12 de mayo de 1936 (Iglesias 2016: IV.4.2, y en el anuario Carnaval del mismo año), esta circunstancia repercutió en otros miembros de su propia familia. Según se desprende del expediente de su hija Francisca en 1979, estaba casado y su esposa se apellidaba Andrés, pero no se menciona su nombre de pila (AMCR, exp.459). Otro tanto sucede con un hijo, que dicho expediente tampoco nombra, pero se apellidaría López Andrés, también asesinado, en las sacas de aquel verano, sin descendencia conocida. En consecuencia, en los años ochenta, al menos una hija de Celedonio, seguía viviendo en Ciudad Rodrigo, pero se ignora si había otros descendientes.

La falta de datos bien contrastados e incluso de una identidad nominal bien establecida convierte en casi “desterrados” de la memoria a algunos eliminados en el mes de agosto o en fechas indeterminadas de 1936: Tomás Fraile Fraile; “un hermano de Justo Pata”, “Manolo el Cojo” o “el Confitero”, etc..

Los datos que se tienen sobre el entorno familiar de otros asesinados por entonces son algo más precisos, pero insuficientes. Es el caso de dos “industriales”, que, según el informe policial de 1979, después de su detención en los calabozos del ayuntamiento, “en la madrugada del día 11 de agosto de 1936 fueron ejecutados en el terraplén de la carretera de La Caridad, en el paraje de la finca de La Giera y posteriormente fueron trasladados al Cementerio, donde reposan sus restos” (AMCR, Exp. Viudas /Desaparecidos 1936). Eran José López Rodríguez (a) “Garabayo”, tabernero,  y Eugenio Cerezo Hernández, dueño de un establecimiento de bebidas y bodega. José López  estaba casado con Vicenta García Corral, que residía en Ciudad Rodrigo cuando solicitó la pensión de viuda en 1979; sin noticias de su eventual descendencia. De su compañero de infortunio, Eugenio Cerezo, apenas se tiene algún otro dato, aunque era  una figura de cierto relieve local en la Ciudad, de cuyo ayuntamiento era concejal y en donde presidía la agrupación política de Izquierda Republicana. Había estado en Oissel (Francia), donde nació su hija Felipa en 1927 (Exp. Huérfanos / Desaparecidos 1936). En julio de 1936 era propietario de un coche, que admitió haber utilizado, por orden del alcalde Manuel Martín, para el traslado de carabineros a Salamanca el día 19 de dicho mes (J.sum. 265/36: f.17), pero con anterioridad ya se habría servido de él para trasmitir a los  jornaleros sindicalistas de El Bodón la consigna de participación en el entierro del “Barrendero” el día 13 de mayo de aquel año (C.1510/37: f.30). Era hermano de otro asesinado por las mismas fechas, Ángel Cerezo Hernández en el término de Castillejo de Martín Viejo (infra) y estaba casado con Amparo Cuadrado García. Esta viuda en 1941 seguía regentando un establecimiento de bebidas, que abastecía de vino la prisión de Sancti Spíritus (P.prev.85/41). Y al filo de los años ochenta la mencionada hija Felipa Cerezo Cuadrado, “imposibilitada”, residía en Ciudad Rodrigo (“Croniquillas”, 10/08/16 y 30/08/16).

Los padres o las viudas de los vecinos mirobrigenses ejecutados extrajudicialmente la noche del 10 de agosto en el paraje del Puente del Águeda, término de Castillejo de Martín Viejo, fueron citados tardíamente para la identificación nominal de las víctimas (C.545/37, Iglesias 2016: III.6.2,  “Croniquillas”, 10/08/16). Luciano García Martín, de 73 años, casado, empleado municipal, vecino de dicha Ciudad, confirmó la identidad de su hijo, Antonio García Herrero. De su testimonio (07/01/37) se deduce la intervención del alférez Ernesto Bravo en la detención y la saca carcelaria con el pretexto de un traslado a Salamanca, pero no aporta datos sobre el perfil social y estado civil de su hijo, aunque el hecho de que sea solicitado el padre apunta a que Antonio García fuera soltero, sin descendencia. Un testimonio análogo (08/01/37) aporta Eulogio Díaz Martín, de 64 años, casado, jornalero, vecino de dicha Ciudad, sobre su hijo Vicente Díaz Sáez (a) “el Jabonero”, que también sería soltero. De un modo confuso, fue identificado Ángel Cerezo Hernández (a) “el Cerezo”, pues el juez citó para su identificación a Amparo Cuadrado García, de 38 años, de profesión sus labores, vecina de dicha Ciudad, que por entonces (07/01/37) era ya viuda de Eugenio Cerezo (supra). Indirectamente, esto probaría que Ángel no tenía otros parientes más cercanos; también estaría soltero, aunque, dada la confusión, nada se puede dar por seguro. El cuarto asesinado, Silvestre López López (a) “el Mora”, fue identificado por su madre, Manuela López Antón, de 64 años, viuda, de profesión sus labores, vecina de dicha Ciudad (08/01/37), según la cual antes de la saca su hijo había estado detenido en la Comisaría de Vigilancia seis días. El sobrenombre de “el Mora” estaba motivado por su naturaleza, Morasverdes, donde debió de nacer entre 1906 y 1908. Era hijo de Celestino y Manuela, el primero ya fallecido en 1937, pues la madre se declara entonces  viuda. Silvestre era el menor de una fratría de cuatro varones y una mujer: Pedro, Felicidad, Celso, Ildefonso y Silvestre (“Secuelas”, 04/05/2017). Estaría también soltero y no se le conoce descendencia directa.

En esta saca también estaba prevista la ejecución de Ángel López Delgado, en la cual fue herido en una mano, pero  resultó fallida (“croniquillas”, 30/08/16). De esto se seguiría una fuga efímera de Ángel en Las Hurdes, su captura y procesamiento, en cuyo consejo de guerra fue condenado a muerte, siendo ejecutado (P.sum.84/37). Su caso resulta ejemplar para los “exilios y emigración” que aquí se describen, pues en su familia se prolongó la persecución, de tal modo que se vio forzada a la exiliarse en Cuba. Por ello conviene detenerse un poco en la información, tanto procesal como testimonial. Ángel López era de  origen gallego, como su esposa, Rosario Carracedo López; estaba avecindado en Ciudad Rodrigo como vendedor ambulante; era concejal del ayuntamiento mirobrigense. El matrimonio tenía un hijo (Nicolás), de un año cuando fue ejecutado su padre (16/06/37). En la instrucción del sumario, Ángel López tuvo ocasión de expresarse largo y tendido sobre  la ejecución fallida, la emboscadura, la captura y los trasiegos carcelarios entre Cáceres y Salamanca. Sin duda vale pena citar su escueta descripción de los primeros episodios, muy representativa del modus operandi de aquellos victimarios, que no eran (o no siempre) descerebrados falangistas, sino oficiales, suboficiales del Ejército y agentes de los Institutos armados:

“(…) Que ha vivido ocupado en sus quehaceres normales hasta el 9 de agosto, sin ocultarse, y en dicha fecha fue detenido por unos individuos de Falange Española hasta el día 11 del mismo mes, a media noche con otros dos detenidos, uno de los cuales le era únicamente conocido y llamado Mora, trasladándolos en un automóvil por la carretera que va a Sahelices el Chico; y a unos tres kilómetros de recorrido se detuvieron, ordenando bajar al Mora, quien fue muerto a tiros de fusil por uno de los que les conducían, de quien recuerda llevaba al pecho insignias de sargento o brigada; inmediatamente después hicieron bajar del coche al declarante y, ya en la carretera, huyó velozmente a campo través, mientras sufría el fuego de más conductores, uno de cuyos disparos le alcanzó en el brazo izquierdo, sufriendo una herida que él mismo se ha curado. Que se internó en la Sierra de las Hurdes, donde ha vivido hasta el día 7 del actual [octubre de 1936] en que fue detenido por los vecinos de Ladrillar, habiéndose sostenido en un principio de la caridad de los carboneros y después con el dinero que pudo pedir a su casa mediante el vecino de Ladrillar llamado Amador. Que no ha vivido unido a otros huidos, ni ha asaltado majadas o transeúntes para suministrarse alimentos, ni como tampoco ha poseído otra arma que una pistola con licencia, que por cierto entregó al brigada de la Guardia Civil de Ciudad Rodrigo el 27 de febrero último, bajo recibo que tiene en su domicilio” (Declaración de Ángel López, en Hervás, 10/10/36, P.sum. 84/37: 12, ya citada en Iglesias 2016: 117, nota 33).

Tampoco tiene pérdida la declaración del alcalde de Ladrillar (Cáceres) sobre las circunstancias de la captura de Ángel (07/10/36) por los vecinos de la alquería de Riomalo de Arriba, incitados por el alcalde pedáneo, un maestro que también era el jefe local de los falangistas que participaron en la multitudinaria batida:

“(...) Que en el día de hoy y sobre las ocho de la mañana recibió aviso del señor alcalde pedáneo de la alquería de Riomalo de Arriba, anejo a este ayuntamiento, don Galo Álvarez Cruda, maestro nacional, en el que indicaba que se habían visto personas sospechosas por los montes de citado pueblo de Riomalo de Arriba, siendo necesario el que por las autoridades de este pueblo se procediera a dar una batida si así lo estimaba pertinente. El Sr. Alcalde, acto seguido y sin pérdida de tiempo organizó, como Jefe Provisional que es de Falange de esta localidad, a todos sus afiliados, cooperando a la misma todo el vecindario e incluso las mujeres de Riomalo de Arriba y Ladrillar, cercando todas las sierras correspondientes a este término por su parte Norte viéndose por los vecinos de Riomalo de Arriba, Santiago Crespo Roncero, Lucas Iglesia, Agustín Iglesia y Manuel Iglesia cómo un hombre desconocido, a la presencia de los mismos y el vecindario, huía sin detenerse a las voces de alto que le dieron hasta que al fin acorralado por el vecindario se entregó a los citados vecinos, y dada la orden de concentración por el Sr. Alcalde, vista la prisión del susodicho sujeto, que dijo llamarse Ángel López Delgado, natural y vecino de Carrejanes, provincia de Orense”  (Manifestación de Juan Grajera Rodríguez, alcalde de Ladrillar, 7 de octubre de 1936, Proc.Sum.84/37: f. 1).

En sus primeras manifestaciones, en Ladrillar, Ángel López había tratado de despistar a los represores, mezclando verdades que no podía ocultar por llevar documentos encima y falsedades que no conseguiría mantener en declaraciones posteriores. Inicialmente, quiso hacerse pasar por un segador, salido a mediados de julio  de su Galicia natal, que no había vuelto a su casa por recomendación epistolar de su esposa, que le señalaba que allí mataban a los izquierdistas. Esto, para los represores, equivalía a una autoinculpación. Con anterioridad, había estado tres veces en Ciudad Rodrigo, en la segunda de las cuales se había afiliado a la Casa del Pueblo, cuando hacía operaciones de compraventa en la Sierra de Gata, y la última vez que había ido a dicha localidad databa de 15 días para cortarse el pelo, en casa de unos tíos de su mujer que tenían residencia en la Ciudad. Iba solo cuando lo detuvieron, alejado del camino porque “carecía de salvoconducto para poder circular”, y había emprendido la huida al ver a tanta gente (f.2). No había sido detenido desde que estalló el Movimiento, y al producirse éste se encontraba en Peñaranda. Hacía dos meses que no tenía carta de su esposa, que le llegaba al domicilio de los mencionados tíos en la Ciudad. En la segunda declaración, ya tuvo que retocar su versión, diciendo que, además de los documentos que le habían hallado, las más de 260 pts que llevaba las había sacado de su casa en Galicia, para ir a la siega, con intención de invertirlas en pimentón. Los captores de Riomalo dieron su lacónica versión, revelando que el fugitivo les había ofrecido 50 pts para que lo dejaran escapar, porque “si lo llevaban a la cárcel era hombre muerto” (f. 5vº).  El juez municipal de Ladrillar envió al detenido a Hervás, bajo la custodia de falangistas, para que estuviera a disposición del juez del partido, en cuya prisión ingresó (09/10/36). Así entró Ángel en el laberinto de la jurisdicción militar, de donde saldría con los pies por delante, pues sería condenado a muerte y ejecutado. No satisfechos con este crimen legalizado, los represores, a través del Tribunal de Responsabilidades Políticas, le impusieron una sanción económica, que sería parte del legado que recibió su hijo, aunque no debía de figurar en el testamento redactado en su favor por Ángel, estando ya en capilla.

Según el testimonio de Rosario Carracedo (ASMJ) y de su hijo Nicolás (2014), Ángel López tenía un pasado de emigrante en Cuba, donde ella había nacido. Allí se habían casado. En 1933 cruzaron el Atlántico en el otro sentido. Vivieron algún tiempo en Correjanes (Orense), de donde eran originarios ambos cónyuges, que a mayores eran primos. Allí falleció de enfermedad una niña que tenían. Se instalaron poco después en Ciudad Rodrigo, donde les nacería el mencionado hijo en 1936. Un año más tarde, Rosario ya era viuda y Nicolás huérfano, por lo que se fueron a Galicia, al arrimo de la familia. Pero allí también  alcanzaban los tentáculos del terror. Su nacimiento y educación en Cuba era una circunstancia agravante contra Rosario, que fue detenida y pasó por varias cárceles y campos de concentración: Figueras (Gerona), Castropol (Asturias), Viana del Bollo (Orense) y Villa Martín (Villamartín de Valdeorras, Orense). Finalmente, gracias a la gestión de sus padres en Cuba y la mediación del consulado de Bolivia, en diciembre de 1940 Rosario pudo regresar a su país de nacimiento con su hijo, que no hace mucho ha visitado la tierra en que él mismo nació y su padre fue ejecutado. Rosario Carracedo, después de una vida muy sacrificada y al servicio de las ideas que ella y su marido compartían, falleció en 2003.

Otros dos vecinos de la Ciudad fueron eliminados en las mismas fechas que los seis arriba  mencionados: Luis Hernández Rodríguez, de 24 años,  soltero, y Andrés González Gorjón, que quizá erróneamente en el registro civil aparece con el orden de apellidos invertido (Andrés Gorjón González, RCCR, 12/08/36; Andrés González Gordón, en López y Delgado 2007: 170).  Este último sería hermano de Ángel González Gorjón, cuyo cadáver apareció el día dos del mes siguiente en Zamarra (“Croniquillas”, 06/09/16). De Luis Hernández no se tienen más datos. Andrés González, de 39 años, estaba casado con Purificación Hernández. Se tiene constancia de que el matrimonio tenía un hijo, por una denuncia de 1938 contra ella y otra vecina, Julia García Blanco, viuda de Isidro Sánchez Mateos, otro asesinado, también madre de familia  (P.proc.CR/38).

No se tienen noticias de ellas con posterioridad, pero su caso es sin duda representativo de la situación de otras mujeres viudas o esposas de presos. Purificación, de 28 años, y Julia (nat. El Bodón), de 26 años, vivían o sobrevivían en el Cuartel Viejo de la Guardia Civil. Allí tenían por vecina a Teodora Pérez Collado, natural de Navasfrías, quien las denunció porque, según ella, aquéllas proferían frases hostiles contra el Movimiento, deseando su derrota, calificando de “bandidos” a los  Falangistas, manifestando nulo entusiasmo por las hazañas bélicas del “Ejército Nacional”, esperando impacientes la hora de la venganza contra los asesinos de sus maridos. Purificación incluso educaba a un hijo pequeño en ese deseo de venganza, y daba como prueba que éste había intentado pinchar con una aguja a una niña de la denunciante, de once años, según declara en su comparecencia ante el agente jefe de Investigación y Vigilancia, José Boada Marcos, instructor del atestado (f.2).

En la comparecencia de las dos viudas, éstas quedaron detenidas, a disposición del Comandante Militar (27/04/38). No hacen falta alardes de imaginación para suponer que las denunciadas no sentirían gran entusiasmo por el triunfo del Movimiento y podían haber proferido frases hostiles contra los mentores y actores del mismo, pues ambas se reconocieron viudas de personas “fusiladas”. Sin embargo, negaron ser autoras de tales frases, y ello sin demasiado riesgo de que se probara lo contrario. La denunciante primero manifestó que no había testigos, después mencionó a dos o tres, a sabiendas de que no iban a colaborar mucho con ella, “por ser amigos de la Purificación y de la Julia”. En efecto, Candelas (sic) Herrero (natural de Fuenteguinaldo, y quizá pariente de alguna víctima mortal de este pueblo, habida cuenta de su apellido), Agustina Díez y Emilio Herrero, hijo de la primera, declararon no haber oído nunca frases de semejante contenido a las denunciadas y además no conocían a nadie que pudiera habérselas oído (f.5-9). Como reconocerá el Auditor: “no se justifica la denuncia”, “entre denunciante y denunciadas existen resentimientos” y “la declaración es el único testimonio acusatorio” (f. 10).

Ahora bien, estas pobres viudas, como sucede con otras mujeres en situaciones similares, antes de llegar a la resolución definitiva, y con independencia del resultado final del proceso, se encuentran sometidas a una represió moral indignante. Las preguntas de los jueces militares las ponen ante el dilema de reconocer su hostilidad hacia el Movimiento o declararse adictas. Y ellas, por necesidad, tienen que renegar del izquierdismo por el que han sido asesinados sus maridos y, “para buscar su modo de vivir”,  manifestar el deseo de que triunfen las derechas, “el Ejército y el Invicto Caudillo”,  e incluso reconocer que están agradecidas al Auxilio Social, donde se procuran el mínimo sustento de sus hijos. El mencionado Auditor no necesitaba ser perito en leyes para proponer la terminación de las diligencias “sin responsabilidad” y la puesta en libertad de las detenidas (18/05/38), propuesta aprobada por la Autoridad Militar de la VII Región Militar (22/05/38), aunque la notificación se efectuaría a finales de mayo (30/05/38), en que presumiblemente Purificación y Julia saldrían de prisión.

La mayoría de las mencionadas víctimas mortales eran jóvenes, solteros, sin descendencia conocida,  o casados, con pocos hijos. Su memoria se habrá perdido con el fallecimiento de los padres.