Viejas demandas, nuevos retrasos.

El colectivo de autónomos de España hemos sido vilipendiado durante años. Moneda de cambio desde que existían los sestercios y granero de votos desde que existe democracia moderna. Somos el hematocrito del torrente de la economía española y los leucocitos del sistema sanitario y del de Seguridad Social. Es decir, sin prosa, que aportamos mucho a la economía nacional y obtenemos muy poco porque rara vez nos ponemos enfermos y más raro aún que pidamos prestaciones.

Después de muchas demandas y de años de insistencia, ha tenido que ser un parlamento plural el que atienda las demandas de un colectivo tan dañado.

Lejos está el Partido Popular de ser valedor de este colectivo, muchas veces vinculado a él. Frías son las relaciones con este partido cuando en la anterior legislatura, con mayoría absoluta, incrementó en dos ocasiones las cuotas y no permitió acceso a prestaciones o no dio su brazo a torcer en las demandas más arcaicas. Demandas lógicas en estos tiempos como la suspensión de cotizaciones cuando no se tiene actividad, gastos de suministros cuando se trabaja desde el hogar, dietas y manutención fuera del hogar, devolución de oficio de excesos de cotización por pluriactividad, el accidente in itenere, entre un largo etc de medidas, muchas de ellas importantes en el capítulo de integración social.

Aunque lejanos están ahora mismo los parlamentarios del Partido Popular de los autónomos, emprendedores y pequeños empresarios y se presupone que en las antípodas los miembros de Podemos, la masa que ha preparado Ciudadanos con su propuesta de Ley del Trabajo Autónomo, ha hecho un buen cemento. Ha unido intereses en el Parlamento, veremos si el PP en el Senado, con su mayoría absoluta, no pone palos en las ruedas. Aquí se retratarán sus intereses, aunque ya han empezado declarando malas intenciones. Si ya llevamos 8 meses de trámite en el Congreso, ahora se han tomado sus señorías 3 meses de plazo para admitir a trámite la ley... Les urge si... Si los autónomos pudiéramos haber hecho huelga y pedir una tramitación urgente de la ley a cambio de no pagar cuotas durante el período de tramitación... En 3 meses se habría tramitado la ley, desde la propuesta a la publicación y entrada en vigor, no cabe duda.

Y este es, de nuevo, un claro ejemplo de que "sus Señorías" deberían haber pasado un período por la empresa privada, o haber ostentado la titularidad de un negocio y fijar un tope en la estancia en lo público, a fin de que la diligencia con la que se resuelven las cosas en lo privado, se traslade a lo público.

Esperemos que las cuentas públicas permitan la aprobación de esta nueva ley cuanto antes y que, lo más tardar, el año 2018 sea la puerta de entrada a una nueva era para el autónomo.