Domingo, 19 de noviembre de 2017

Transparencia municipal

Profesor de Derecho Penal de la Usal
Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid

Hace unos días la ONG Transparencia Internacional publicaba un informe sobre el nivel de transparencia de los grandes ayuntamientos españoles. Para obtener estos datos se han tenido en cuenta criterios objetivos concretos de los grandes municipios españoles como la información financiera, los contratos, los costes de servicios, el urbanismo, las obras públicas y el medio ambiente.  El titular de la noticia decía textualmente que “25 de los 110 grandes municipios son 100 % transparentes”. Por orden alfabético, los municipios van desde Alcobendas (gobernado por el PP)  hasta Vitoria (PNV).

Las poblaciones más importantes, según el número de habitantes, que alcanzan el título de ser totalmente transparentes son Madrid (Ahora Madrid), Barcelona (Barcelona en Comú), Las Palmas (PSOE), Bilbao (PNV) o Alicante (PSOE). Por partidos políticos, la lista está encabezada por el PSOE (que gobierna en 9 municipios), PP (en 6), PNV (en 4), CIU (en 2), Ahora Madrid (en 1), Barcelona en Comú (en 1), Foro Asturias (en 1) y Nueva Canarias (en 1). Como se puede comprobar, los datos son poco generosos con los gobiernos municipales del PP, puesto que es el partido que más poder municipal ostenta (gobierna en 3.059 ayuntamientos, frente a los 2.617 del PSOE) y muy generosos con los gobernados por el PNV, que de 120 alcaldías con las que cuenta, 4 están en la lista de las 25 más transparentes.

Hay que reconocer que el primer consistorio de España (Madrid), no sólo lidera los ayuntamientos en transparencia, sino que desde que gobierna Manuela Carmena el municipio ha logrado reducir la deuda municipal en 2.000 millones de euros (datos de un informe del Banco de España, de 15 de junio pasado) y reconocido por el propio ministro Montoro que ha declarado que Madrid ha comenzado a tener “equilibrio económico”. Además, esta reducción en la deuda es compatible con el incremento de un 33 % del gasto social del ayuntamiento, a diferencia de la Comunidad de Madrid, que en el mismo periodo ha incrementado la deuda en 2.500 millones de euros, ha congelado el gasto social y ha reducido el de sanidad.

Por todo esto, no tiene sentido que se haya vilipendiado con saña a la alcaldesa de Madrid por los miembros del PP y abucheada por poner objeciones a la colocación de una pancarta de Miguel Ángel Blanco (vilmente secuestrado y asesinado por ETA hace 20 años) en el palacio de Cibeles, cuando siempre ha condenado enérgicamente cualquier acto de violencia (terrorista o no, de ETA o de cualquier otra organización o grupo criminal o elementos individuales). Esa es la diferente vara de medir de los políticos del PP y de su electorado; mientras consideran que abuchear al rey es un acto contra la democracia y contra los intereses del Estado, hacerlo a la alcaldesa de Madrid es una manifestación de la libertad de expresión.

Podemos compartir o no esa decisión de Manuela Carmena (personalmente creo que cometió un error, que magnificaron y utilizaron políticamente los miembros del PP), pero tampoco es menos cierto que si execrable fue el crimen de Miguel Ángel Blanco (12-07-1997) e importantísima y crucial la reacción de la ciudadanía en el ‘espíritu de Ermua’, también fueron abominables  los crímenes de Enrique Casas (23-02-1984), Gregorio Ordoñez (23-01-1995), Tomás y Valiente (14-02-1996), Jiménez Becerril y esposa (30-01-1998), Ernest Lluch (21-11-2000), Joseba Pagazaurtundúa (08-02-2003), el secuestro y asesinato del ingeniero José María Ryan (06-02-1981), los secuestros de Ortega Lara y Revilla, los asesinatos de guardias civiles, policías y miembros del ejército y todos los muertos y víctimas de ETA, absolutamente todos, sin excepción. Y todas esas víctimas merecen ser homenajeadas, sin que esos actos estén impregnados de intereses partidistas con intención de derribar al adversario político, porque en este lado del escenario social (los que condenamos sin fisuras y odiamos las prácticas terroristas) se sitúan todas las fuerzas políticas democráticas y prácticamente todos los ciudadanos.

¡Ya está bien de buscar rédito político a cuenta del terrorismo! Esto lo ha hecho mucho el PP y, por desgracia, lo sigue haciendo; quizá para contrarrestar esa epidemia de corrupción en la que están inmersos, que se está sustanciando en los tribunales de justicia, pero que son incapaces de reconocer. No dudan en calificar de “amigos de los terroristas” a miembros de formaciones políticas como Bildu y de otros partidos que llegan a acuerdos puntuales con ella en ayuntamientos vascos. Con estas fuerzas políticas podremos estar ideológicamente en las antípodas, pero, queramos o no, son formaciones legales que también condenan la violencia terrorista, de lo contrario hubieran sido ilegalizados conforme al artículo 9.2 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos.

En esta cantinela de meter en el mismo saco a los que han cometido actos de terrorismo (siempre condenables) y a esas fuerzas políticas (nacionalistas o no), están inmersos algunos dirigentes del PP y defienden esta tesis en foros y tertulias porque con ello consiguen derribar al adversario. Además, comprueban, con satisfacción, que les resulta rentable. Pero no todo vale.

Decía Machado en su providencial “Juan de Mairena”, que lo que caracteriza al político en su actuación es la “fidelidad a la propia máscara” y a los que iban para políticos el maestro Mairena les recomendaba que esa máscara, en la medida de lo posible, fuera hecha por el propio político,  que nunca fuera puesta –impuesta- por sus enemigos o por sus correligionarios y que no la hicieran tan rígida, tan imporosa e impermeable que les sofoque el rostro, porque, más tarde o más temprano “hay que dar la cara”.