Lunes, 11 de diciembre de 2017

La doctrina Zapatero

El azar ha querido que coincidan en el tiempo dos noticias relacionadas con la justicia: la excarcelación de la terrorista Idoia López Riaño,“La Tigresa”, y la detención de Pedro Luis Gallego, el violador del ascensor y de La Paz. Además de ser dos noticias relacionadas con delincuentes tristemente famosos, ambos acontecimientos tienen sus raices en el quehacer de un político de infausta memoria y de cuyo desbarajuste aún nos toca pagar una muy cara factura. Todo lo anterior no es fruto de mi cosecha, acabo de oírselo a un socialista inteligente, leal a sus principios, sincero y sin temor a no salir en la foto.

En el capítulo de nuestra economía –que no es cosa baladí- la labor de Zapatero nos ha traído de cabeza muchos años, tantos como para que los números rojos puedan peolongarse hasta la próxima generación. Si, por la lógica alternancia de los partidos hegemónicos, el PSOE vuelve a gobernar con la misma fórmula empleada por el presidente vallisoletano, más que en la Alianza de Civilizaciones, ingresaremos de cabeza en la Alianza de los Subdesarrollados. Con esto no quiero decir que los socialistas sean incapaces de promover bienestar. En peores circunstancias y con menores medios, Felipe González supo dejar en la cuneta las rémoras del viejo pensamiento socialista y se aferró a cuanto le permitía avanzar, ajustándose a las realidades de su tiempo. Y la realidad de sus primeros e inmediatos logros ahí está.

Pero, con ser la economía de capital importancia, ZP no se conformó con enmascarar la verdadera gravedad de la crisis económica: “Estamos en la Champions League de la economía”, “La crisis es una falacia, puro catastrofismo”. El daño también apareció en la extravagancia de su política diaria: “La nación española es un concepto discutido y discutible; “La tierra no es de nadie, es del viento”; “Lo que pasa es que nos conviene que haya tensión”. Todas estas patochadas sirvieron para calificar la personalidad y la escasa estatura política de un presidente al que le venía muy grande el cargo, y el mayor perjuicio que podía ocasionarnos era el bochorno de soportar las sonrojantes críticas que suscitó en el exterior. Lo peor vino después.

En relación al tema que hoy nos ocupa, el ex Presidente Zapatero tiene en su debe el haber contribuido activamente a la supresión de la “doctrina Parot”. Ya sé que para alguien sin conocimientos del derecho resulta peligroso adentrarse en el campo de las opiniones sobre la aplicación de los códigos penales, valiéndose de un medio como este que está al alcance de especialistas en la materia. Como en otras ocasiones, estoy dejando hablar al hombre de la calle, al que cree en la ley moral, el sentido común y el derecho natural, sin entrar en tecnicismos jurídicos.

En los “años de plomo” de ETA, aplicando el código penal vigente, la triste realidad, lo que percibía ese ciudadano inexperto, era lo barato que salía a los terroristas acabar con la vida de personas inocentes. Quienes se declaran perfeccionistas y amigos de la legalidad - y los que nunca quieren que cambie la situación-, abogan por no acometer reformas con la sangre caliente. Y es cierto. Pero tampoco es bueno, aprovechándose de esa filosofía, dejar que se enfríen los ánimos y olvidarse del tema. Alguna vez hay que agarrar al toro por los cuernos, y lo casos verdaderamente sangrantes constituyen una ocasión tan propicia como otras para dar el primer paso. Así sucedió con la famosa “doctrina Parot”. La sangre de la barbarie ya había rebosado el vaso de la paciencia, por lo que el Tribunal Supremo aprobó una sentencia que modificaba el criterio aplicado al cómputo de penas. Hablando de Henri Parot, autor de más de 80 asesinatos, se trataba de evitar su salida de prisión transcurridos 20 años. Al mismo tiempo, con el más absoluto secretismo –y negándolo repetidamente- el gobierno de Zapatero mantenía negociaciones con la banda ETA; negociaciones en las que ocupaba uno de los lugares preferentes la pretendida aspiración de suavizar la política penitenciaria aplicada a la población reclusa etarra. La jurisprudencia que sentaba el dictamen del Tribunal Supremo, fue recurrida ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. El fallo de este alto tribunal europeo fue desfavorable para los intereses de España, a pesar del peligro intrínseco que suponía favorecer a peligrosos asesinos y violadores. En este fallo, uno de los votos desfavorables provenía del magistrado nombrado al efecto por el presidente Zapatero. Como siempre, las sentencias, aunque no se compartan, siempre deben acatarse. Pero si el fallo hubiera sido distinto, el violador de La Paz no hubiera cometido los cuatro últimos delitos.

Personas capacitadas son las encargadas de graduar el alcance de las penas de privación de libertad pero, al mismo tiempo, alguien deberá valorar las consecuencias que puedan derivarse de los delitos cometidos por personas que han recobrado la libertad, cumplidos los requisitos legales, pero a sabiendas de que su no rehabilitación y la ausencia de arrepentimiento les llevará, irremisiblemente, a cometer nuevos delitos. ¿Descargaremos esa responsabilidad, como siempre, en el Estado, o la Justicia tomará medidas antes de que vuelva a suceder? Apuesto a que, una vez más, caeremos en el “buenismo” y la teoría de no acometer reformas con la sangre todavía caliente. Y así nos va.