Martes, 21 de noviembre de 2017
Béjar al día

La sentencia de anulación de las liquidaciones cuestiona el concurso de acreedores de Gecobesa

BÉJAR | Montero señala que la sentencia sobre la compensación del canon y las inversiones es favorable a la antigua gestora, al anularse las liquidaciones tendrán que tenerse en cuenta 66 documentos no revisados

De i. a d. Francisco Montero y Alberto Segade, miembros de Gecobesa y de la asociación Habeas Corpus

Desde Hábeas Corpus se da contestación al Ayuntamiento en relación a la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Salamanca en la que se anulan las liquidaciones por importe de 618.645,72 € de los cánones recogidos en el pliego de condiciones, que Gecobesa debía pagar al Ayuntamiento de Béjar durante su gestión al frente de La Covatilla, y que eran compensables con las inversiones, de cerca de 15 millones de euros, que según Montero, se realizaron por la antigua gestora en instalaciones de la estación de esquí.

A tenor de esta sentencia, por la que el Juzgado condena en costas al Ayuntamiento por valor de 2.000 €, según la asociación Hábeas Corpus, ahora el Consistorio se verá obligado a  revisar esa compensación, al ser estimada por el juzgado la documentación aportada y que no fue valorada en su momento por los técnicos del Ayuntamiento, quedando acreditado en la sentencia que se actuó sin tener en cuenta los informes técnicos y bajo la única responsabilidad de la firma del Alcalde.

Montero ha señalado que las inversiones en cañones de nieve artificial, un depósito de 1.000 m3 de agua, 30 km de pistas, nuevos edificios para centro asistencial, alquiler de esquís, hangares y escuela de esquí,  que Gecobesa realizó en La Covatilla se hicieron con la intención de crear una estación de esquí competitiva, con el nivel suficiente para que vinieran esquiadores que dejaran su dinero en la comarca, y se queja de que el Alcalde sólo se fije en destacar una estatua de bronce que costó 9.000 €, el plasma y el colchón de 1.000 €, señalando que los bienes muebles no tienen carácter de inversión y por tanto nunca se han reclamado, sin embargo esos elementos siguen siendo utilizados al haber sido adquiridos en los lotes que el Ayuntamiento ha comprado.

Gecobesa se vio obligada al concurso de acreedores por los cánones reclamados por el Ayuntamiento

Además, Montero ha añadido que una vez que sea firme la sentencia que declara su derecho a compensar, se solicitará la indemnización pertinente por los daños causados, ya que en marzo de 2.012 Gecobesa había llegado a un acuerdo con sus acreedores para refinanciar su deuda, que ascendía a 14 millones de euros, pero se vio obligada a solicitar el concurso de acreedores ante el peligro de incurrir en un delito penal, advertido por el Auditor de Cuentas Oficial.

Según sus declaraciones, toda la deuda vigente de Gecobesa, estaba pactada con los bancos y se había hecho una refinanciación avalándose con su propio patrimonio y con la concesión, por lo que estaba controlada. Sin embargo, cuando el Ayuntamiento  exige el pago de los cánones de 618.645,72 €, esta cantidad se convierte en deuda vencida y exigible que superan los 2/3 del patrimonio neto de la gestora, que era de 900.000 €, por lo que se entra en situación de concurso, si no se hace, el Consejo de Administración y el propio Francisco Montero habrían incurrido en responsabilidades penales.

Si al final se demuestra, revisando los 66 documentos aportados y no tenidos en cuenta anteriormente -porque el Arquitecto del Ayuntamiento declaró en sede judicial que no obraban en su poder-, que el pago de los cánones puede ser compensado, podría llevar a los responsables municipales a tener que responder por la decisión tomada de haber exigido su abono a los antiguos gestores de la estación de esquí, presumiblemente con graves consecuencias para las arcas municipales al tener que asumir cuantiosas indemnizaciones por los perjuicios causados.

Además Montero señala que excepto los primero años, siempre se han obtenido beneficios de la gestión de la estación de esquí, llegando incluso algunas temporadas a conseguir ingresos de hasta tres millones y medio de euros, que siempre se han reinvertido en las instalaciones, por eso había falta de liquidez, añade que eso el Alcalde lo sabía porque las cuentas e inversiones eran firmadas conjuntamente por ambos en calidad de presidente y vicepresidente de Gecobesa.

Montero cerrará el solar que posee en la calle Colón, cercano al nº 2 en el que no se ha exigido retranqueo

En cuanto a la obra de la calle Colón nº 2 por la que Alejo Riñones, el Concejal de Obras y la Concejala de Urbanismo fueron objeto de una querella por presunta prevaricación y malversación de fondos, Montero señala que el juzgado ha procedido al archivo provisional de las diligencias de la querella, pero que se ha solicitado la nulidad de las actuaciones, al objeto de reabrirla porque no se han practicado todas las pruebas que fueron admitidas en su día, por lo que habrá que esperar a su resolución definitiva.

Ha añadido que aunque el Alcalde declaró en el Juzgado que los responsables de la declaración del expediente de ruina fueron la Secretaria y el Arquitecto municipales, afirmando que ni los concejales ni el Alcalde realizan esos trámites, sin embargo quedó probado que tras tres años de demora en aprobar dicho expediente, no se exigió a los propietarios la demolición y el cerramiento obligatorios por ley, ni el retranqueo para adecuarse al Plan General de Ordenación Urbana y se les eximió del pago de las obras bajo la apariencia de un contrato de cesión.

Ante esto Francisco Montero ha pedido una licencia de obras para cerrar el solar que posee muy cerca del anterior, que le ha sido concedida por el Ayuntamiento, y procederá a hacerlo sin retanqueo, atendiendo a la estructura original, “tal como el Alcalde dice que se debe hacer en esa calle”, aunque el PGOU y las ordenanzas municipales dicen otra cosa. No obstante, ha manifestado que estará encantado de que no se lo permitan y le expropien una parte del terreno para incorporarlo a la calle, porque entiende que es una necesidad de interés público, y debe cumplirse el Plan General de Ordenación Urbana, pero siempre y cuando obligue por igual a todos los ciudadanos.

Montero amenaza con nuevos pleitos

Además en este sentido la asociación Hábeas Corpus ha emprendido una acción pública de la Ley del Suelo para que Béjar recupere 3.000 m2 de zona verde que “el Alcalde ha regalado a su amigo y abogado”.

Otro de los pleitos que prepara es una querella criminal por presunto delito de falso testimonio debido a unas declaraciones del Alcalde en el juzgado, en las que acusó a Montero de haber avalado un préstamo de Gecobesa que no era para la antigua gestora, sino para sus empresas particulares.

Conflicto de El Tremedal

En cuanto al conflicto por la delimitación de las lindes de la estación de esquí en la zona de El Tremedal,  Francisco Montero ha señalado que un juez ya ha determinado que se tienen que atender los límites marcados por el Catastro, con independencia de que estén en uno u otro término municipal, y por tanto, sigue manteniendo que la pilona del telesillas y la cámara web deben ser retiradas. Además manifiesta que se acordó en el Juzgado que debía permitírsele subir materiales para proceder a la delimitación. Añade que ha presentado pruebas obtenidas por medios técnicos de la retirada del cercado por parte de tres empelados municipales que están citados a declarar como “investigados” por daños, el día 15 de junio en el Juzgado.

También dice que él compró esas fincas precisamente para evitar que a Gecobesa le pasara lo que ahora le está sucediendo al Ayuntamiento, que los dueños pudieran reclamar su derecho de que no fueran utilizadas sus tierras por los esquiadores.

Francisco Montero, critica que las declaraciones del Alcalde de la semana pasada “están  plagadas de inexactitudes y mentiras”, añadiendo: “Béjar está inmersa en cierta forma de corrupción con actuaciones de su Alcalde no sujetas a derecho y en las que se pone de manifiesto un abuso de autoridad y falta de transparencia, con parte de la oposición contagiada con prebendas que vinculan a familiares con puestos de trabajo municipales”.