El Ayuntamiento impone una multa urbanística de 20.000€

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha procedido a imponer a dos particulares una multa de 20.000? por vender unas parcelas proindiviso, es decir, que no se podían vender al formar parte de un terreno más grande y estar prohibida por la Ley de Urbanismo de Castilla y León la parcelación urbanística de terrenos en suelo rústico.

La situación se ha producido en Las Picadas, una zona en el oeste de Ciudad Rodrigo que ha dado bastantes problemas en materia urbanística en los últimos años, por ejemplo con el levantamiento de construcciones ilegales, varias de las cuales ya han prescrito.

El caso que ha motivado la multa de 20.000? -totalmente distinto a esas construcciones irregulares- se remonta al verano del 2014, cuando los propietarios de un terreno situado en la citada zona de Las Picadas procedieron a la venta de dos partes del mismo a sendos particulares.

La venta se realizó ante notario, pero el problema es que, como decíamos al principio, la Ley de Urbanismo prohíbe realizar ese tipo de ventas en suelo rústico cuando "conlleven derecho de utilización exclusiva, con el fin manifiesto o implícito de urbanizarlos o edificarlos total o parcialmente", o dicho de otra manera: están prohibidas las divisiones de terrenos con el objetivo de realizar en ellos edificaciones como si fueran terrenos independientes.

El Ayuntamiento tuvo constancia de la venta de esas parcelas en octubre de 2016, momento en que inició el pertinente proceso administrativo, dándole la palabra a las personas que habían realizado la venta, que presentaron una serie de alegaciones, que fueron desestimadas por el Consistorio.

Siguiendo lo que marca la Ley de Urbanismo de Castilla y León, el Consistorio mirobrigense calificó la infracción urbanística cometida como 'grave', lo que puede acarrear una sanción económica de entre 10.000 y 300.000?, dependiendo la cuantía exacta de la gravedad y otros atenuantes, como la restauración de la legalidad urbanística.

Finalmente, atendiendo a la casuística del caso, el Ayuntamiento ha determinado imponer la sanción mínima, 10.000?, por cada una de las ventas. Al ser dos las parcelas que se vendieron, la sanción final a las personas que realizaron la venta asciende a 20.000?. Esta sanción ya es firme y así se ha notificado a los interesados, que únicamente tienen como última vía recurrir a la justicia ordinaria.

Según se apunta desde el Ayuntamiento mirobrigense, se va a continuar ejerciendo como 'policía urbanística', actuando en todos los casos de irregularidades urbanísticas que se detecten siguiendo los procedimientos legales establecidos e imponiendo las sanciones económicas oportunas. En este sentido, el Ayuntamiento tiene abiertos varios expedientes sancionadores más en materia urbanística, que previsiblemente depararán más sanciones.