Miércoles, 26 de abril de 2017

Sueño republicano en una España atrasada

Profesor de Derecho Penal de la Usal

“España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. La bandera de la República española es roja, amarilla y morada”. Así rezaba el artículo 1 de la Constitución de II República Española, de 9 de diciembre de 1931.

Haciendo un poco de historia, tan sólo dos años antes de la proclamación de la II República, España estaba sumida en una dictadura (como tantas que sufrimos los españoles en nuestra historia reciente), la de Primo de Rivera (vigente desde 1923 hasta 1930) y apoyada por el rey Alfonso XIII. Con esta decisión, la monarquía española, tan denostada a lo largo de su historia, se ahogaba en su progresivo anacronismo. Gobernar de espaldas al pueblo, de la mano de los caciques de turno y de una Iglesia Católica, cuya jerarquía siempre estuvo del lado de los más poderosos, convirtió a la sociedad española en una de las más ultramontanas y clientelares de occidente.  Ya lo decía Azaña, en 1911, calificando a España como una “sociedad atrasada, analfabeta, dormida, sentada a la vera de los caminos de la historia”. Los intelectuales, por el hecho de ser ateos o los profesores universitarios que seguían la corriente pedagógica más importante que ha existido en España, la Institución Libre de Enseñanza, eran perseguidos y estigmatizados, como le ocurrió al insigne penalista salmantino Dorado Montero, denunciado ante el Obispo Padre Cámara por enseñar “doctrinas materialistas y heréticas contrarias a la religión Católica”. Menos mal que el magnánimo rector de la Universidad de Salamanca, Mamés Esperabé, apelando a la libertad de cátedra, intercedió por él e impidió que Dorado fuera apartado de la docencia.

Es normal que ante esa España Machadiana “de charanga y pandereta, /cerrado y sacristía,/ devota de Frascuelo y de María”, surgiera la iniciativa del Pacto de San Sebastián en 1930 entre personajes políticos de distintas ideologías: liberales, progresistas y conservadores y  que promovieron la estrategia de poner fin a la Monarquía y la proclamación de la II República. A esta reunión asistieron líderes políticos de la derecha liberal republicana, como Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, conservadores del partido republicano radical, como Alejandro Lerroux, de acción republicana, como Azaña, líderes socialistas, como Indalecio Prieto o del partido radical socialista, como Álvaro de Albornoz. Y también se creó la Agrupación al Servicio de la República, un movimiento político dirigido por intelectuales de la talla de Ortega, Marañón o Pérez de Ayala, y que apoyaron personajes tan célebres como Unamuno, Valle Inclán o Sánchez Albornoz, poetas como Lorca, Machado, Miguel Hernández o Luis Cernuda, pensadores como Vicente Aleixandre, directores de cine como Luis Buñuel o pintores como Picasso.

Así las cosas, en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, aunque en número absoluto de votos, monárquicos y republicanos consiguieron un empate técnico, lo cierto es que los republicanos obtuvieron más representación de concejales en las capitales de provincia, consiguieron alcaldías en 42 capitales de provincia (uniendo 3 catalanas, de Esquerra Republicana), mientras que los monárquicos sólo consiguieron alcaldes en 8 capitales. Esto fue debido, fundamentalmente, a que el voto rural fue más fácilmente manipulable por el caciquismo imperante (más proclive a la tradición monárquica) y por el alto nivel  de analfabetismo existente (mayor que en las ciudades). Con estos antecedentes se aceleró la proclamación de la II República el 14 de abril, saliendo ese mismo día al exilio el rey Alfonso XIII.

Las Cortes Constituyentes elegidas el 28 de junio de 1931 dieron una amplia victoria a los partidos republicanos de izquierda y en tan sólo 6 meses se elaboró y aprobó la Constitución Republicana, que consagraba un Estado Democrático de Derecho, la igualdad de todos los españoles ante la ley, así como los ideales de libertad y justicia social. La II República emprendió reformas muy necesarias, como la educativa y la agraria, y avances sociales sin precedentes. La educación fue absolutamente prioritaria, se construyeron miles de escuelas, sobre todo en las zonas rurales, se crearon las Misiones Pedagógicas constituidas por voluntarios maestros, profesores y artistas que se desplazaron a 7.000 pueblos, crearon unas 6.000 bibliotecas y donaron cerca de 600.000 libros. Todo ello para sacar a España de la ignorancia en la que estaba sumida.

En las dos siguientes elecciones generales previas a la Guerra Civil y la dictadura franquista, volvieron a triunfar los partidos republicanos sobre los monárquicos. Bien es cierto que en las de 1933 vencieron las fuerzas políticas conservadoras de derechas y en las de 1936, el Frente Popular o unión de partidos de izquierdas. No se puede decir, por tanto, como intentan transmitir muchos historiadores revisionistas (y que no son más que un apéndice de los historiadores del régimen franquista y de la Causa General sobre el “terror rojo”), que la proclamación de la II República y los comicios posteriores fueron un pucherazo y que este régimen fue ilegal.

Es cierto que el régimen republicano tuvo virtudes y defectos y atesoró aciertos, pero también cometió demasiados errores. Hubo algaradas callejeras, acciones violentas graves, quemas de conventos y matanzas de religiosos. Hechos condenables que los gobiernos de turno no supieron prevenir en la mayoría de los casos ni reprimir de una forma proporcionada y justa. De ahí que algunos de los intelectuales criticaran duramente el radicalismo del Frente Popular, como Aleixandre, Ortega, Pérez de Ayala o Unamuno. Pero esto no impedía que siguieran siendo partidarios de un régimen, el republicano, que, por esencia, era claramente democrático y mediante sufragio universal, mientras que el monárquico nunca lo fue. Y mucho menos, -como avala un sector muy importante de la sociedad española de nuestros días-, justificar el golpe de Estado de Mola, Sanjurjo y Franco que provocó una sangrienta Guerra Civil y una dictadura demasiado larga; donde hubo hambre, represión y exilio.

Nunca está justificado que se impongan las botas sobre los votos ni que un Estado esté gobernado por la razón de la fuerza, sino por los principios y valores que informan el sistema democrático.