Castilla y León, la cuarta que más tributa por donaciones y la quinta por sucesiones

La falta de equidad en la tributación de las herencias ha convertido al Impuesto de Sucesiones en símbolo de desigualdad entre autonomías. Mientras Canarias o Madrid tienen bonificado casi el 100%, en otros lugares como Andalucía o Extremadura los contribuyentes tienen que abonar al fisco hasta mil veces más por una misma herencia.

Sin embargo, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han terciado en la polémica alertando de que la supresión de este impuesto «tendría un impacto limitado, pues los grandes beneficiados de la reducción o supresión de la tributación de este impuesto ?que recauda al año 2.736 millones, el 0,3% del PIB? serían solo el 0,7% de los contribuyentes, titulares de grandes fortunas; mientras que los principales perjudicados serían el 72,4% de los ciudadanos con ingresos anuales entre 6.000 y 60.000 euros que compensarían la pérdida de la recaudación». Castilla y León es la cuarta que más tributa por donaciones y la quinta por sucesiones.

Los 7.571 declarantes de Patrimonio en Castilla y León (los datos son de 2015, últimos disponibles), que suponen el 4,1%de los del país, manifestaron a la Agencia Tributaria una fortuna total neta, sin deudas, de 16.261 millones de euros, el 2,9% del global del país.

Su patrimonio empresarial exento ascendió a 4.838 millones y el importe medio del patrimonio se situó (excluido el valor exento de hasta 300.000 euros de la vivienda habitual) en 2.147.776 euros, la segunda cantidad más baja de España (excluidos el País Vasco y Navarra) tras la de los extremeños (2.004.895 euros por cabeza). La lista está encabezada por los madrileños, con 8.357.615 euros.

Según Gestha, «los futuros herederos de las 181.778 mayores fortunas del país serían los mayores beneficiados. Estos recibirán una herencia de 559.788 millones de euros netos, sin deudas, lo que supone un caudal hereditario medio de algo más de tres millones de euros, sin deudas (es la media de patrimonio del país). El perfil de estas mayores fortunas es el de ciudadanos que ingresan una renta media de 103.626 euros anuales, destacando en este grupo de potentados especialmente las 5.394 personas que obtienen ingresos superiores a 600.000 euros», señalan.

Los técnicos alertan de que una rebaja de los 2.736 millones que actualmente recauda el Impuesto de Sucesiones y Donaciones ?171,4 millones en Castilla y León, lo que supone el 6,2% del total nacional? «conllevaría un aumento de la escala autonómica del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio para compensar a las comunidades autónomas. Así como del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que pagan todos los propietarios de viviendas, cualquiera que sea su renta, para compensar a los ayuntamientos de la pérdida recaudatoria del impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, conocido popularmente como 'plusvalías' que se liquida en cada transmisión incluida la hereditaria».

Para Gestha, sustituir sucesiones y plusvalías por el IRPF y el IBI sería tanto como aceptar que buena parte de las ventajas fiscales de los herederos de las grandes fortunas «las paguen las personas de clase media que sean propietarias de uno o dos inmuebles, como el 77,7% de los españoles que poseen una vivienda o una vivienda y un garaje».

Un argumento erróneo

El argumento «erróneo» según Gestha que se utiliza para cuestionar Sucesiones es el aumento del número de renuncias a las herencias en los últimos años, que se atribuye a la incapacidad de muchos herederos de hacer frente a su pago, a pesar de la tendencia a la baja aprobada por las comunidades en este impuesto.

«No obstante ?concluye Gestha?, según señala el colectivo de notarios, las renuncias tienen como causa fundamental las deudas hipotecarias que, en el caso de las viviendas adquiridas en los años de la burbuja inmobiliaria, pueden superar el actual valor de mercado de las mismas».

Para que los ciudadanos no consideren injusto el impuesto de Sucesiones, los técnicos consideran indispensable, por razones de equidad horizontal, una cierta armonización entre las autonomías, mediante el establecimiento de unos mínimos que actuaran como límites de las bonificaciones autonómicas, lo que permitiría reducir las actuales diferencias