El FROB levanta las alfombras de Caja España y Caja Duero

Cuando se pensaba que el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) había optado por hacerse el orejas ante los chanchullos perpetrados en las antiguas Cajas, dicho organismo sorprendió ayer anunciando su decisión de enviar a la Fiscalía nueve operaciones irregulares detectadas en la gestión de Caja España y Caja Duero.

Se trata de operaciones anteriores a 2010, esto es, previas a la fusión de ambas entidades, primero en Caja España-Caja Duero y después en el banco CEISS. El FROB, que cifra los perjuicios ocasionados en unos 120 millones de euros, no precisa ningún detalle sobre los casos en cuestión. En un comunicado oficial se limita a señalar que se trata de "operaciones de financiación y refinanciación de inmuebles o participaciones en sociedades, renegociaciones de préstamos con reducción de garantías y, en general, operaciones que han dado lugar a importantes pérdidas para las entidades y presentan indicios de irregularidad o no responden a una finalidad económica lógica".

Se desconoce si entre estas 9 operaciones se incluye el llamado "caso Santos Llamas", que investiga el Juzgado de Instrucción nº 5 de León, ante el que precisamente vuelven a comparecer en el día de hoy los peritos del Banco de España citados para analizar las condiciones en que se aprobó la refinanciación de los cerca de 70 millones de prestados al que fuera presidente de Caja España.

En 2012, a instancias del FROB, el banco CEISS encargó una serie de informes jurídicos externos en los que se detectaron un total de 38 operaciones sospechosas en las dos antiguas Cajas, aunque solamente una de ellas fue denunciada ante los tribunales, el "caso Nozar" (Caja Duero), que finalmente fue archivado.

Por su parte, el abogado de la antigua UPyD, Andrés Herzog, denunciante del caso Bankia, trasladó a la Audiencia Nacional otras cuatro operaciones realizadas por Caja Duero durante la etapa en que Julio Fermoso ocupó su presidencia ejecutiva. Tres de ellas estaban relacionadas con la adquisición de otros tantos inmuebles (el edificio de la calle Villamagna, los locales de la nueva sede en Valencia y la casa de María la Brava, en Salamanca) por los que se habría pagado un sobrecoste de 23 millones de euros. La otra operación bajo sospecha fue la adquisición del 60 por ciento de la inmobiliaria Alqlunia, que habría supuesto un quebranto de otros 25 millones de euros.