Martes, 21 de noviembre de 2017

El Gobierno contra el pueblo

Profesor de Derecho Penal de la Usal

El ejecutivo de Rajoy sigue empeñado en gobernar contra el pueblo, puesto que muchas de sus actuaciones son contrarias a lo que establecen los representantes de los ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Lo viene demostrando desde la constitución del nuevo gabinete después de la investidura de Rajoy en la presente legislatura; y para ello pondré dos ejemplos que lo demuestran y que se han producido esta misma semana.

El primero de ellos ha sido la no convalidación en el Congreso de los Diputados del Decreto Ley (175 votos en contra frente a 142 a favor) que pretende reformar la relación laboral del sector de los estibadores (trabajadores que se dedican a colocar minuciosamente los contendores de carga en los barcos para garantizar una buena navegación). Es verdad que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que se obliga a los estados a liberalizar el sector de los estibadores; pero tampoco es menos cierto que la UE alertó a España en 2011 de que tenía que acometer la reforma; algo que han descuidado los distintos gobiernos desde entonces.

Los trabajadores portuarios se han negado rotundamente a esta reforma porque se ha hecho sin llegar a acuerdos laborales entre patronal y sindicatos y sin ese respaldo no debe convalidarse un Decreto Ley de estas características. Además, el planteamiento del gobierno es más duro que las condiciones que exige la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, porque supondrá el despido de los más de 6.000 trabajadores de la estiba, al introducir empresas de servicio con régimen similar a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Los representantes de los trabajadores alegan que con la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, habían llegado a un acuerdo que era bueno para todas las partes y respetaba lo establecido en la sentencia europea. Este acuerdo fue retirado unilateralmente por el actual ministro Íñigo de la Serna.  

Por otro lado, no se puede trasladar a la opinión pública (como está haciendo el gobierno por medio del titular de fomento y sus aduladores mediáticos, entre los que se encuentran los públicos, pagados con el dinero de todos los españoles) que si España es sancionada por no cumplir con la sentencia europea, es por culpa de los partidos políticos de la oposición que votaron en contra de la convalidación del Decreto Ley.  El fin no justifica los medios; es cierto que se tiene que reformar el sector, pero no de cualquier forma, perjudicando gravemente los intereses de los trabajadores.

El segundo de los ejemplos se refiere al informe de los letrados del Congreso de los Diputados en relación con los vetos del gobierno a las iniciativas legislativas adoptadas por los grupos de la oposición en el Congreso de los Diputados, con el argumento de que esas proposiciones de ley “afectan a los presupuestos” y, por tanto, si es así, el gobierno interpreta de forma extensiva lo establecido en el artículo 134.6 de la CE y los veta. El gabinete de Rajoy ya ha vetado 23 iniciativas de ley de estas características. Esto ha provocado un conflicto entre el Gobierno y las Cortes, que ha sido remitido al Tribunal Constitucional. Pues bien, en el informe de los letrados del Congreso que se enviará al TC (de más de 40 folios) se establece que la capacidad de veto del gobierno “deberá configurarse en términos excepcionales y restrictivos porque se impide que las Cámaras ejerzan la potestad legislativa.

El Gobierno del PP está demostrando ser reacio al consenso y sólo sabe gestionar con mayorías absolutas en el Parlamento; es decir, cuando lo hace a su antojo, despreciando las opiniones e iniciativas de las fuerzas políticas de la oposición, lo que pone de manifiesto su limitada sensibilidad democrática y una cintura política demasiado rígida.

Esto no ocurre, por suerte, en otros países de nuestro entorno, donde el consenso político es la nota dominante de sus gobiernos. Países donde se alternan mayorías de coaliciones liberales o socialdemócratas e incluso entre ellas, sin imposiciones, llegando a acuerdos, que es la esencia de la democracia. Dinamarca, por ejemplo, lleva más de cien años (desde 1909) sin que ningún partido obtenga mayoría absoluta, se han alternado coaliciones de liberales y socialdemócratas y es uno de los países prototipos del denominado Estado del Bienestar, lo mismo que Holanda, Noruega, Suecia o Finlandia, por citar sólo algunos ejemplos. Claro está, en estos países tampoco existen formaciones políticas que, además de otros fondos lícitos, se financien con el 3 % de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras, cuando gobiernan, ni que cuenten con “cajas B”.