Sábado, 22 de julio de 2017

‘Ecocidio’ en la dehesa salmantina

Artículo de José Ramón Barrueco Sánchez. Portavoz de Stop Uranio

“Se entiende por ecocidio la destrucción extensa o la pérdida de ecosistema(s) de un territorio concreto, normalmente deliberada y masiva, bien por medios humanos u otras causas. Como consecuencia, la existencia de los habitantes de ese territorio se ve severamente amenazada”.

En el Campo Charro se está produciendo un ecocidio por parte de una filial española de una multinacional australiana (Berkeley resources limited) con la connivencia o pasividad de las distintas administraciones implicadas, pero especialmente sonrojante en el caso de la Junta de Castilla y León. Las autoridades regionales se escudan en que se está cumpliendo escrupulosamente la legalidad en este caso, que no se puede hacer otra cosa que permitir la instalación de la única mina de uranio a cielo abierto de toda Europa occidental en nuestro territorio.

Eso sencillamente es una falacia. Cualquier experto que haya leído la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Junta de Castilla y León es consciente de las limitaciones, cuando no falsedades que contiene ese documento. Así, dos científicas de la Universidad de Castilla La Mancha acaban de publicar un estudio que ha puesto de "manifiesto contradicciones y errores realizados en la evaluación de impactos y declaración de impacto ambiental".

La situación se está volviendo dramática con la tala indiscriminada de encinas centenarias que se viene produciendo en la actualidad, creemos que con la autorización del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca (hemos pedido ver el permiso para las actuaciones que se vienen desarrollando pero no se nos ha dado). Causa perplejidad comprobar como la Administración Regional, por un lado, Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, dice que se necesita autorización para la realización de las obras que viene acometiendo Berkeley en la zona, y, por otro, a sabiendas que no tiene esos permisos, el Servicio Territorial de Medio Ambiente autorice nuevas talas cuando no se pueden proseguir los trabajos de construcción de la mina proyectada.

Cualquier vecino de la comarca sabe lo difícil que es conseguir un permiso para arrancar encinas, y sin embargo a una empresa australiana se le permite un destrozo ambiental de enormes proporciones sin que pueda tener continuidad en el tiempo su intención de abrir la mina en estos momentos.

Si causa estupor la actitud de la Administración Regional, en el caso de la Administración Local (Ayuntamiento de Retortillo) raya lo delictivo. Cabe recordar que el equipo de gobierno de la anterior legislatura (2011-2015) está siendo investigado en el Juzgado de Ciudad Rodrigo por beneficiarse supuestamente de la instalación de la mina. El anterior alcalde por vender la finca familiar a la empresa minera por un precio superior al de mercado, según informaciones periodísticas, y los concejales por trabajar, ellos o sus familiares, directamente o indirectamente para Berkeley a la vez que tenían que tomar decisiones respecto a la apertura de la mina de uranio.

Además, la Plataforma Stop Uranio también ha denunciado ante la Fiscalía de Salamanca la actitud de los actuales regidores de ese ayuntamiento, ya que no procedieron a paralizar las obras del desvío de la carretera que se venía acometiendo sin licencia urbanística, y que hubiese podido impedir o prevenir el daño al medio ambiente que Berkeley estaba efectuando en su propio término municipal.

La Administración Estatal tampoco se libra de las dudas y sombras de su actuación en este proyecto. Así la Audiencia Nacional tiene que revisar la Autorización previa para la planta de concentrado de mineral otorgada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuyo titular era el controvertido José Manuel Soria.

Y qué decir de la Confederación Hidrográfica del Duero, que también le ha concedido el uso del agua para la mina, a la vez que ha autorizado los vertidos al río Yeltes a pesar de las dudas que genera una instalación como la proyectada en las inmediaciones de un río tan estacional como el Yeltes. Por eso la autorización de vertidos ha sido recurrida por el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, pues tiene la toma de aguas para el pueblo pocos kilómetros más abajo de donde está previsto realizar los vertidos.

Tampoco ha tenido una actuación intachable la Comisión Europea en este proyecto. Por eso la mina de uranio saltó a los medios de comunicación en diciembre de 2015 cuando una información recogió la noticia de que el Sr. Manuel Lamela (antiguo Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid) medió como lobbista ante la Comisión Europea para conseguir una opinión favorable de Europa a la mina de uranio. Lo llamativo del caso fue que el señor Lamela nunca ha tenido nada que ver con la actividad minera, siendo el único mérito conocido ser amigo del Comisario Arias Cañete que firmó el parecer favorable de la Comisión Europea.

La Universidad de Salamanca también se ha plegado a los intereses de la empresa minera, así Berkeley siempre saca a colación los informes positivos emitidos por esa institución en la Evaluación de Impacto Ambiental realizada. Sorprende que sea la Universidad de Castilla La Mancha la que haya cuestionado esa inocuidad del proyecto minero. El proceder de la Universidad de Salamanca puede haber estado condicionado por la vinculación de Berkeley con Iberdrola (los distintos proyectos de la mina presentados están firmados por estas dos empresas), y que José Ignacio Sánchez Galán sea el Presidente del Consejo Social de la Universidad.

El resultado de la actuación de las distintas administraciones es que Berkeley Minera España S.L. campa por sus respetos sin que nadie ponga remedio a tanto desatino. Ya sabemos que la Justicia es lenta, pero es la única posibilidad que nos queda para intentar impedir que una empresa de origen australiano acabe con un espacio preservado por generaciones durante miles de años. El inconveniente es que si no se actúa a tiempo nuestros hijos y nietos van a perder la oportunidad de gozar de un espacio único protegido por la normativa europea, pues, aunque se planten nuevas encinas, tardarán cientos de años en adquirir el porte de las arrancadas.

Nuestra lucha para salvar las encinas no es una cuestión de ecologismo amable, es más que nada la defensa de un territorio y de una manera de vivir de las personas que habitamos en la comarca salmantina del Campo Charro. Nuestro caso puede considerarse como un ‘ecocidio’ al que nos somete Berkeley Minera España S.L. con la aquiescencia de la distintas administraciones, pero especialmente de la Junta de Castilla y León, administración que tiene encomendadas las funciones de protección del medio ambiente según la Constitución española de 1978 y las leyes de traspaso de competencias posteriores firmadas por las distintas administraciones.