Lunes, 23 de octubre de 2017

Principios marxistas

Profesor de Derecho Penal de la Usal

No dejan de sorprenderme las declaraciones de nuestros políticos, que  utilizan argumentos contradictorios para hechos semejantes, cuando esos políticos son actores de situaciones políticas diferentes.  Suele ser habitual, por desgracia, que no vean la realidad igual cuando están gobernando que cuando están en la oposición. La esquizofrenia política es brutal en estos casos, algo a lo que nos tienen acostumbrados a los ciudadanos.

Consultando las hemerotecas podemos encontrarnos miles de ejemplos. Por lo reciente del caso y por ser actualidad, me voy a referir a uno de estos episodios. Mientras en 2009 la señora De Cospedal cargaba contra el gobierno Zapatero acusándole de instigar a la Fiscalía Anticorrupción y a los jueces en la investigación de la Gürtel, manifestando que era una persecución política del gobierno hacia la oposición y que el PP nunca se había financiado ilegalmente (…), esta semana la misma señora (ahora ministra de Defensa y secretaria general del PP), aprovechando una conferencia en el club Siglo XXI de Madrid, apoya el derecho a la defensa y la presunción de inocencia del presidente de Murcia, -que está imputado por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad por presunta corrupción urbanística durante la construcción del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad-, alegando que los hechos imputados “no significan corrupción” porque “no ha habido dinero distraído” y que, en todo caso, los hechos pueden ser constitutivos de una “prevaricación administrativa”. Cambian de argumento como de ropa interior. Ya lo dijo Groucho Marx: “Estos son mis principios, pero si no les gustan tengo otros”.

Estas declaraciones resultan sorprendentes en una persona que profesionalmente es abogada del Estado (no las hace el alcalde de Mataburreña de Abajo) y, por tanto, se presume que tiene la solvencia técnica adecuada y conoce a la perfección la legislación vigente, también la penal. No hace falta recordar a esta señora que la prevaricación administrativa consiste en que el sujeto activo del delito (en este caso el actual presidente de Murcia), dicta una resolución arbitraria, a sabiendas de su injusticia, en un asunto administrativo de su competencia (artículo 404 del Código Penal). Toda conducta prevaricadora supone la aplicación torcida del derecho, realizada, además, dolosamente (a sabiendas). Esta desviación del deber de actuar correctamente en un asunto administrativo se realiza en muchas ocasiones para beneficiar a un tercero. Y ese “beneficio” puede ser evaluable económicamente; no importando, por tanto, que el sujeto activo haya “distraído dinero” para que la conducta se considere corrupción política. Cuando se ha hecho un mal uso del poder público (como es el caso si hay prevaricación) con el fin de conseguir ventajas ilegítimas para quién sea, es claramente un acto de corrupción política.

Es normal que ante esta situación el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se sienta engañado por el PP, que está incumpliendo flagrantemente uno de los acuerdos que firmaron ambos partidos para la investidura de Rajoy como presidente del gobierno; es decir, el compromiso que asumieron ambos partidos de que los cargos públicos imputados por corrupción política debían renunciar al cargo público que ostenten.  Y el PP lo ha incumplido en el caso del presidente de Murcia. Es comprensible que ante esta situación Rivera haya declarado que Rajoy no ha cumplido con la palabra dada y que haya hecho el gesto de acusar de “cara dura” al presidente, en el Congreso de los Diputados.

Es igualmente razonable que los tres grupos políticos de la oposición en el Congreso: PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, hayan unido sus votos (que son mayoría en la Cámara Baja) para solicitar una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. Si Rajoy y el PP se atreven a mentir descaradamente diciendo que no han incumplido ese acuerdo del Pacto con Ciudadanos, cuando éste es público y notorio y realizado con luz y taquígrafos, es normal presumir que no digan la verdad y que no reconozcan, en ningún caso, que el PP se ha podido financiar ilegalmente. Eso, a pesar de que ya hay sentencias condenatorias en el caso Gürtel que así lo verifican e indicios racionales más que consistentes de que así ha podido ser en el PP de Madrid por la investigación que está realizando el juez Velasco en el seno de la Operación Púnica y de la que se quiere desvincular la que fuera presidente del partido en ese momento, Esperanza Aguirre, porque, como ha manifestado ella, aunque era la presidente, no sabía nada de la financiación del partido porque de eso se encargaban otras personas.  Se ha puesto de moda la estrategia de la doctrina “infanta Cristina”, es decir, no saber, ignorar o desconocer. Lo cual, resulta tremendamente paradójico; alegan que ese desconocimiento les impide comprender la ilicitud del hecho, pero, en cambio, sí tienen la capacidad necesaria para ejercer cargos públicos y de representación política.