Jueves, 23 de marzo de 2017

El limbo presupuestario y otras añagazas del PP

Entretenidos con la trapisonda interna de los partidos y distraídos por esa envolvente espuma de la actualidad que impide ver el bosque, nos hemos plantado en el mes de marzo sin tener ni Presupuestos Generales del Estado ni Presupuestos de Castilla y León. Ignoro si esta coincidencia tiene precedentes. Pero lo que llama la atención es la complacencia de ambos gobiernos, el de Mariano Rajoy y el de Juan Vicente Herrera, con esta situación.
 
 Siempre se ha dicho que los Presupuestos constituyen la principal herramienta de un gobierno. Es el instrumento que establece como va a emplear la Administración sus recursos financieros, con qué criterios y prioridades, esto es, la concreción contante y sonante de sus objetivos económicos y sociales. Se supone que su prórroga constituye un gran handicap, ya que impide adaptar la herramienta a una realidad social y económica cambiante, programar las necesarias inversiones e implementar las nuevas políticas que requiere la situación.
 
Cristóbal Montoro
 La urgente necesidad de poder disponer de unos nuevos Presupuestos del Estado fue uno de los argumentos machaconamente utilizados por Rajoy para clamar contra el bloqueo político que se produjo tras las elecciones generales de junio. Estaba en riesgo, decía el PP, la incipiente recuperación económica. Pues bien, la situación se desbloqueó el 29 de octubre, fecha de la investidura de Rajoy, quien a primeros de noviembre nombró un nuevo gobierno en el que Cristóbal Montoro repetía como ministro de Hacienda.
 
 Y esta es la fecha, cuatro meses después, sin que se tenga noticia alguna de los nuevos Presupuestos del Estado, que, una vez trampeados con la aprobación del techo de gasto bendecido por la gestora del PSOE, ya no constituyen ninguna urgencia para el PP. Todo lo contrario, los está retrasando deliberadamente para acercar al máximo su aprobación al mes de mayo, fecha en la que Rajoy dispondrá ya del arma letal de poder disolver las Cámaras y convocar unas nuevas elecciones que pillarían al PSOE como pollo sin cabeza y a Ciudadanos aturullado ante la destreza del trilero para cambiar de sitio la bolita. Por la cuenta que les trae, ya pueden ocuparse Susana Díaz y Albert Rivera de que los Presupuestos se aprueben a costa de lo que sea
 
Susana Díaz arrastra una doble responsabilidad. Primero por haber promovido la investidura de Rajoy, y después por haber dilatado, pensando en el exclusivo interés de su candidatura, la convocatoria de las primarias y el congreso federal del PSOE que cubran el vacío de poder que ella misma provocó.
Mariano Rajoy y Albert Rivera
 El papelón de Albert Rivera es de aurora boreal. Después de incumplir su solemne promesa electoral de que jamás investiría presidente a Rajoy, lo hizo a cambio de un pacto que el PP jamás ha tenido la intención de cumplir. Y por si no estaba suficientemente claro, va Fernando Martínez Maillo y suelta lo de las lentejas. Desde que Tierno Galvánadvirtió que los “programas electorales están para no cumplirse” nadie había expresado con tanto descaro que una cosa es prometer, incluso firmar, y otra cumplir. Hasta ahí podía llegar la broma.
 
Lo de los Presupuestos de la Junta es igual de descarado, si es que no más. Con la peregrina excusa de que el ministerio de Hacienda no había adelantado la cuantía de sus ingresos a cuenta, es la única comunidad autónoma que a fecha de hoy ni ha aprobado ni ha presentado su Proyecto de Presupuestos para 2017. Una vez solventado -gracias, como no, a Ciudadanos- un techo de gasto en el que ha inflado por su cuenta y riesgo en 180 millones de euros esos ingresos a cuenta, no tiene ya ninguna prisa. Como pronto, los presentará a finales de marzo, con lo cual no estarán aprobados hasta finales de mayo y no entrarán en vigor hasta el mes de junio.
 
  El gobierno Herrera ha provocado artificialmente la vigente prórroga presupuestaria, sin importarle sus nocivos efectos para el interés general. En 2011 la entonces consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, hoy también de Economía, descubrió que el limbo presupuestario constituye la situación ideal para trampear todavía a su antojo unas cuentas de la comunidad que tienen más agujeros que un queso de Gruyère. Una nueva tomadura de pelo a la oposición que, pese a su continuo ninguneo, encima se presta a maniobras como la de participar en un denominado “grupo de apoyo” al experto designado para asesorar a la Juntaen la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica.
 
 
Jaime Rabanal y Pilar del Olmo
 El apoyo que tiene que recibir el experto, Jaime Rabanal, cuya capacidad nadie cuestiona, es el de los servicios técnicos de la propia Consejería. Y como firmantes de un consenso político en esa materia, lo que tendrían que exigir los grupos de oposición es una comisión de seguimiento ante la que responda la consejera Del Olmo. Una comisión a la que la consejera informe sobre la marcha de la negociación y a la que consulte antes de adoptar decisiones políticas. Ese sería el verdadero mecanismo de consenso, no el de convertir a los firmantes en un absurdo “grupo de apoyo” a un ningún experto. Otra añagaza típica de trilero en la que ha picado la inoperante oposición a la Junta.
 
 Entretanto, el limbo presupuestario causa estragos como el de aplazar la oferta de empleo de la AdministraciónAutonómica y paralizar las nuevas inversiones públicas, justo cuando ambas cosas son mas necesarias que nunca para revertir los recortes sociales de los años de plomo de la crisis e incentivar una verdadera recuperación económica. De momento, las 800 plazas de profesores de Secundaría tendrán que esperar hasta 2018 y veremos qué ocurre las vacantes del Sacyl y del resto de la Administración Autonómica.
 
 Otro que lleva camino de quedar inédito hasta 2018 es el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias (2016-2020), cuantificado por la Junta en 728 millones de euros. Del mismo modo que sigue incumpliéndose el mandato legal de recuperar el Plan de Convergencia Interior una vez que el PIB creciera por encima del 2 por ciento, algo que ya ha ocurrido en 2015 y 2016. Un mandato incluido sin ningún otro condicionante en la Ley de Ordenación del Territorio aprobada en septiembre de 2013 (disposición adicional decimotercera) y que, en otras de sus habituales marrullerías, la Junta vincula ahora a la aprobación de esos mapas rurales que tanto obsesionan al vicepresidente y consejero de la Presidencia.